Ha habido momentos en los que este porcentaje ha sido mayor. De 2012 a 2017, las horas extra impagadas superaron a las compensadas de acuerdo con la ley. Y aunque en el último año y medio esta tendencia se ha revertido, la cantidad de trabajo fuera de horario que no se paga sigue siendo estable. «No son horas regaladas al empresario, son trabajos forzados», denuncia Luis Zarapuz, economista del gabinete técnico de Comisiones Obreras. «No son casos aislados; es una evidencia estadística de que las empresas prolongan la jornada de manera irregular».

«Es un robo a manos llenas a los trabajadores», denuncia Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, añadiendo que no son solo los asalariados los que salen perdiendo, sino a toda la sociedad, dado que estas horas tampoco se cotizan a la Seguridad Social, ni tributan a la Hacienda pública. «La crisis ha creado un ambiente de miedo que hace aceptar a los trabajadores condiciones casi esclavistas».

Pero para Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE, hay que tomar cierta distancia de los datos del INE. «No dejan de ser una encuesta», explica, «por lo que no tienen una fiabilidad total». Para la patronal las horas extras impagadas no suponen un problema ni tan grave ni tan generalizado como denuncian los sindicatos. «Según la memoria de la Inspección de Trabajo tampoco son tantas», explica García. Según el representante de los empresarios no habría horas impagadas «más allá de pequeñas bolsas», debido a su carácter ilegal y a que están convencidos de que éstas «no se pueden imponer y los trabajadores suelen aceptar hacer más horas porque van a cobrar más».

Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), cree que la patronal hace «un ejercicio de cinismo» al usar los datos de la Inspección. Porque, aunque el Estatuto de los Trabajadores regule y limite las horas extraordinarias en su artículo 35, el artículo 34 —que legisla la jornada laboral— no establece la obligación legal de registrar la duración de las horas de trabajo. Por tanto, los inspectores de Trabajo no pueden demostrar que se trabaje fuera de horario de manera generalizada, más allá de lo que puedan observar haciendo visitas puntuales. Yébenes afirma que todos los inspectores de trabajo creen en la conveniencia de que la ley establezca «un registro obligatorio, fiable, indubitado y común a todas las empresas», como lectores de huellas dactilares, que permitan registrar de manera efectiva las horas trabajadas.

Para el portavoz de los inspectores, la legislación actual no permite perseguir esta práctica y obliga al trabajador a realizar reiteradas denuncias, que a su vez le exponen a represalias y al despido. «Hay empresas que usan tarjetas magnéticas o lectores de huellas para todo, hasta para ir al servicio», explica Yébenes; «y sin embargo estas mismas empresas te dicen que no registran las horas trabajadas porque la ley no las obliga».

Desde el punto de vista económico, ¿qué suponen estos millones de horas extras impagadas? En principio, según el economista José Moisés Martín, pueden falsificar los índices de productividad de la economía o datos macroeconómicos, como el Producto Nacional Bruto (PNB), que se calcula solo teniendo en cuenta las horas declaradas. Además, explica Martín, este trabajo gratis incrementa la desigualdad, dado que el empresario aumenta sus beneficios a costa de renta que el trabajador no percibe. Esto, unido a la moderación salarial de los últimos años, puede ralentizar la demanda y ésta hacer disminuir el consumo, lo que lastra al conjunto de la economía.

Para Luis Zarapuz, de CC OO, si estas horas de más se cubriesen de acuerdo a la ley, no sólo los trabajadores percibirían más dinero, sino que se podrían crear 156.000 empleos a tiempo completo. Martín es más escéptico. «Son horas muy poco productivas, que el empresario impone por mala organización del trabajo, por abaratar proyectos o para ahorrar inversiones; los márgenes no dan para crear tantos puestos de trabajo».

Todos los expertos consultados, salvo la CEOE, coinciden en que estos millones de horas ilegales son específicos de la cultura empresarial española. Para Pino, de UGT, se debe a la baja preparación de los empresarios españoles y a la impunidad. Y Martín añade: «aparte de que no esté tan mal visto cómo en países del norte de Europa, también ejemplifica los síntomas de economías poco productivas como la nuestra: presencialismo, falta de inversión en capital que haga más eficiente el trabajo, abaratamiento del trabajo y mala organización interna».

Martín no cree que el registro obligatorio vaya a solucionar este problema. «Es regular una economía de servicios del siglo XXI con normas de una economía industrial del siglo XX». Jordi García Viña, de la CEOE, está parcialmente de acuerdo con la ineficiencia de «fichar» y añade que «no fichar beneficia más al trabajador que al empresario, porque éste no puede controlar sus horas de trabajo, ni si llega puntual»:

Sin embargo, sindicatos e inspectores de trabajo creen que el registro obligatorio es imprescindible para acabar con la impunidad, que, según ellos, ha convertido el impago de horas extra en un problema estructural. «Si un empresario puede probar que paga enseñando la nómina firmada», plantea Yébenes, «¿por qué un trabajador no puede demostrar el número de horas que trabaja?»

El País