Zarzuela, Moncloa y PP negocian ya en secreto el futuro de la Monarquía


El rey Felipe VI conversa en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la mirada de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el 23 de febrero.POOL
Jaime Alfonsín, Carmen Calvo y un enviado de Casado han mantenido reuniones para avanzar en medidas de transparencia y descartar la ley de la Corona

La Zarzuela, La Moncloa y el PP empezaron a negociar hace algo más de un mes, con discreción, el futuro de la Monarquía de Felipe VI, para dotarla de un “perfil menos opaco”, según fuentes conocedoras de este proceso. Las primeras reuniones ya se han producido, tanto bilaterales entre el Gobierno y la Casa del Rey, como a tres bandas con una persona vinculada al PP, aunque no en la política activa y designada por Pablo Casado. PSOE y PP rechazan regular las actividades de la Casa del Rey con una Ley de la Corona, y se centran en medidas de transparencia y fiscalización. El pacto se cerrará solo entre los socialistas y los populares.

Pedro Sánchez ya avanzó en su última comparecencia de 2020 que se estaba trabajando “paso a paso” con la Casa del Rey para introducir algunas medidas de transparencia y modernización en su funcionamiento y, sobre todo, en su rendición de cuentas. Y es lo que se está haciendo, con los baches y frenazos que provocan en ocasiones distintas polémicas relacionadas con el rey emérito, como la reciente regularización fiscal de Juan Carlos I y la vacunación en los Emiratos Árabes de las infantas Elena y Cristina, hermanas del actual monarca, durante una visita a su padre.

La primera reunión entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, encargada en exclusiva por Pedro Sánchez para esas conversaciones, con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, se produjo a primeros de febrero, para diseñar el marco de actuación. Fue días más tarde, a mediados del mes, cuando el presidente realizó una llamada al líder de la oposición, Pablo Casado, para un nuevo intento frustrado de desbloquear la renovación pendiente hace más de dos años del Consejo General del Poder Judicial.

Ese punto para resolver la actualización del órgano de gobierno de los jueces apenas avanzó nada. Pero el presidente aprovechó la ocasión para comentar con el líder del PP la situación ante esta nueva crisis en la Monarquía y proponerle una negociación discreta sobre la forma de promover algunos avances en la institución. Sánchez pidió a Casado que designase a una persona de su máxima confianza para entablar esos contactos. La decisión de convocar al PP a esos acuerdos partió de La Moncloa con “la aquiescencia” de Felipe VI, según fuentes implicadas en el proceso.

Pablo Casado estudió la propuesta y nominó a un dirigente veterano del PP, que ya no está en la política activa y que recibió el visto bueno de la Casa del Rey y de La Moncloa “por sus posiciones razonables”, según distintas fuentes consultadas. La primera cita a tres bandas entre Alfonsín, la vicepresidenta Calvo y el enviado de Casado se produjo hace apenas un mes. Y con buenos resultados. El análisis que hicieron del momento fue muy parecido. Los interlocutores están intentando preservar al máximo la identidad del negociador del PP para evitar presiones, incluso internas en ese partido, y para que el resultado de los contactos no se frustre antes de llegar a buen puerto.

La Moncloa, el PSOE y el PP coinciden en que es necesario “reforzar” ahora el perfil actual de la Monarquía parlamentaria española, una institución que consideran clave en el entramado democrático del Estado, pero de la que preocupan algunos aspectos relacionados con su opacidad y escaso control. El presidente Sánchez ha acudido en las últimas semanas a varios actos y hasta a viajes institucionales a Cataluña con el jefe del Estado, que ha ejercido también un papel protagonista en homenajes recientes por ejemplo a las víctimas del terrorismo. Al último acto de este tipo, el viernes en los jardines del Palacio Real de Madrid, acudió el presidente, la mayoría del Gobierno, los representantes de los principales poderes del Estado y Pablo Casado, al que el monarca trató como líder de la oposición.

En La Zarzuela sostienen que desde que llegó Felipe VI a la jefatura del Estado, tras la abdicación de su padre, ha puesto en marcha ya varias medidas y firmado acuerdos con la Abogacía del Estado y la Intervención General, para realizar anualmente auditorías internas y externas, que luego se publican en la web de la Casa Real. Pero en el Gobierno y el PP coinciden en que, en este momento, esos pasos no son ya suficientes.

Más controles

Las reformas que se han empezado a estudiar tienen que ver precisamente con dar más transparencia al rendimiento de cuentas de toda la Casa del Rey y con acotar mejor su ámbito de actuación. La idea es “tener una institución mejor controlada y conocida” y “trazarle un perfil verdaderamente más parlamentario”, según las mismas fuentes.

Otras fuentes conocedoras de La Zarzuela señalan que se podría aprobar la fiscalización previa de determinadas actividades del Monarca a través de Patrimonio Nacional, que es el administrador de los bienes del Estado que usa la Casa del Rey. Y así se cumpliría con el objetivo de controlar los gastos de la institución sin una actuación muy agresiva, pero con los mismos filtros que tiene ahora cualquier dirección general de la Administración.

Las conversaciones se han limitado por ahora a los dos partidos que han gobernado España en esta etapa democrática y el plan es continuar por esa misma senda hasta que las reformas hayan alcanzado un alto grado de consenso entre el PSOE y el PP, “los dos partidos del pacto constitucional”, remarcan las fuentes al tanto de la operación. Cuando La Zarzuela, La Moncloa y el PP cierren el acuerdo se presentará el pacto hecho a otras formaciones, pero para que se sumen si lo consideran. Entre el PP y el PSOE disponen de 200 diputados de los 350 del Congreso. Los negociadores creen que al acuerdo final podrían agregarse otros grupos hasta casi llegar a 300 parlamentarios de la Cámara no republicanos.

Ni PSOE ni PP están de acuerdo en impulsar ahora una Ley de la Corona, como la que pretenden partidos como Unidas Podemos y Más País, por temor a que estas formaciones quisieran aprovechar la coyuntura para fomentar un debate más de fondo sobre el sentido de la Monarquía y limitar incluso el tipo de actividades y discursos que podría hacer en el futuro Felipe VI. Los dos partidos que representan el bipartidismo español pretenden con estas mejoras que están pactando no dejar al actual monarca “en caída libre por culpa de los errores cometidos por su padre”, según fuentes cercanas a esas conversaciones.

LA DIFICULTAD JURÍDICA DE IMPULSAR UNA LEY DE LA CORONA

Las palabras del presidente Pedro Sánchez hace tres meses sobre la necesidad de incorporar cambios normativos en la institución monárquica hizo pensar en la posibilidad de que el Gobierno estuviera pensando en impulsar una ley de la Corona. El líder del PP, Pablo Casado, se sumó entonces a ese escenario, anunciando que el Ejecutivo podía contar con él para negociar una ley de ese tipo, siempre que fuera con el objetivo de reforzar la institución, no de debilitarla o restarle funciones. Pero con el paso de los meses se confirmó que el sector socialista del Gobierno no tenía en mente específicamente una Ley de la Corona —algo que sí reclama Podemos—, y acabó descartándola. Esa iniciativa, aun en el caso de que fuera defendida políticamente por los partidos, tendría, además, un complicado encaje constitucional, según algunos juristas.
La Constitución, en sus nueve artículos referidos a la Monarquía, no prevé expresamente desarrollar a través de leyes ningún aspecto de su funcionamiento salvo para el caso de las abdicaciones o renuncias o para regular “cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de la sucesión”, aspectos que sí se resolverán, dice, “por una ley orgánica”. Es lo que ocurrió cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI en 2014: el Congreso de los Diputados hubo de aprobar una ley de abdicación, y además no genérica sino específicamente aplicable al caso de don Juan Carlos.
El artículo 65.1 de la Constitución recoge también de forma expresa que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.

El País