Felipe VI, un año después de romper amarras con su padre


Juan Carlos I permanece desde agosto en Abu Dabi sin que su marcha haya aliviado presión sobre la Corona, en el punto de mira por su fortuna opaca.

Con el país recién confinado en sus casas y pendientes del coronavirus, el estado de alarma saltaba en los intramuros del Palacio de la Zarzuela, donde llevaban semanas combatiendo una crisis paralela a la covid-19.

Las sombras de sospecha sobre los negocios opacos de Juan Carlos de Borbón llevaron al Rey a cortar amarras con su padre. Según desveló la prensa internacional, Felipe VI aparecía como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir presuntamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

En un comunicado inédito, el 15 de marzo de 2020 el monarca renunciaba a su herencia y le retiraba a don Juan Carlos su asignación oficial. Dos medidas extremas con las que el monarca levantaba un cortafuegos para intentar proteger a la Corona del que durante décadas fue su principal valedor. Un año después de esa ruptura, la sucesión de escándalos del padre continúa acorralando al hijo mientras el deterioro de la imagen de la Corona crece imparable.

La salida de España

El aumento de las informaciones sobre las finanzas del emérito y las declaraciones críticas de ministros del Gobierno elevaron tanto la presión sobre Felipe VI que, finalmente, negoció con su progenitor su salida de España. El 3 de agosto, la Zarzuela hizo pública la carta en la que se escenificaba ese paso. Don Juan Carlos comunicaba por escrito a su hijo su decisión de irse fuera para facilitarle el «ejercicio» de sus funciones como jefe de Estado. Aquel día, no se informó de adonde se había trasladado el monarca. Tuvieron que pasar dos semanas para conocer que había sido acogido por Emiratos Árabes, donde permanece desde entonces.

Bajo el radar de la justicia

Aunque la marcha de don Juan Carlos parecía la cima de la escalada del escándalo, aún quedaban mazazos por llegar. En noviembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba dos nuevas investigaciones sobre él. La primera de ellas relativa al uso de tarjetas black con dinero de su amigo mexicano Allen Sanginés-Krause con las que el emérito y parte de su familia costeó presuntamente comidas en restaurantes, viajes o compras en El Corte Inglés. La segunda investigación está relacionada con la sospecha de que el monarca mantenía cargos de responsabilidad en un trust abierto en Jersey y que niegan desde su entorno.

Dos regularizaciones fiscales

Cuatro meses después de abandonar el país acuciado por los escándalos, Juan Carlos I pagó a Hacienda 678.000 euros a cuenta de lo gastado con las tarjetas opacas. Una regularización «voluntaria» con las que sus abogados intentaban frenar la investigación del Supremo y evitar que pudiese ser imputado.

En febrero, el emérito repetía la jugada y abonaba a la Agencia Tributaria 4,4 millones por supuestos pagos en especie de ocho millones en vuelos privados sufragados por Zagatka. El monarca admitía de nuevo un incremento patrimonial no justificado y volvía a convertir a la institución en el blanco de las críticas obligando al presidente del Gobierno a salir en defensa de Felipe VI para destacar su «ejemplaridad» frente a la conducta «incívica» de su predecesor.

Ofensiva en el Congreso

El goteo incesante de informaciones sobre las irregularidades y presuntos delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I han cargado de munición a Unidas Podemos y a los partidos independentistas para intensificar su ofensiva parlamentaria contra la Corona. Una estrategia de hostilidad que tensiona la relación del PSOE con sus aliados en el Gobierno y en el Congreso porque los socialistas se mantienen firmes en su defensa de la monarquía parlamentaria.

En lo que va de legislatura, la formación de Pablo Iglesias junto con nacionalistas, soberanistas y Más País han llegado a registrar diez peticiones de comisiones de investigación que implicaban al rey emérito o al actual monarca. Pero todas han sido rechazadas siempre por la Mesa de la Cámara con los votos del PSOE, PP y Vox. Este órgano incluso tumbó el pasado martes el intento de los socios minoritarios de Pedro Sánchez para que Felipe VI explicase las regularizaciones fiscales del emérito o la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi, que ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza para el monarca.

Reformas legales sobre la Corona

Mientras colean los escándalos en torno a Juan Carlos I, la Casa del Rey y el Gobierno estudian un paquete de reformas para regular la Corona sin que haya trascendido hasta ahora el contenido de unas negociaciones que se llevan en el más absoluto de los secretos. La vicepresidenta primera Carmen Calvo deslizó hace poco que se está trabajando para adecuar la monarquía a los «estándares éticos» del siglo XXI. Máxime con el goteo de informaciones sobre la conducta «incívica» del rey emérito amenaza con llevarse por delante la reputación de la Corona.

El Correo