Con el régimen monárquico una crisis permanente


Tras dos años de pandemia, el estallido de la guerra en Ucrania ha puesto aún más de relieve la incapacidad del Estado monárquico, heredero del franquismo, para dar respuesta a los gravísimos problemas que sufrimos las clases trabajadoras.

Pero los problemas ya eran visibles antes de la guerra: a pesar del

breve espejismo de “recuperación”, a finales de 2021 la inflación ya había reducido notoriamente la capacidad de compra de los salarios; nuestra juventud no ha dejado de verse castigada por el paro y sin expectativas de futuro; ha ido creciendo la amenaza sobre las pensiones; se ha agudizado la ruina de los trabajadores autónomos, mientras se multiplicaban los beneficios de distribuidores y empresas energéticas; la vivienda sigue siendo inaccesible a millones de jóvenes y han proseguido los desahucios. Toda una generación lleva quince años pasando de una crisis a otra, despojada de perspectivas y de esperanza. En amargo contraste con ello, un puñado de especuladores se enriquecen a costa del empobrecimiento general, aprovechando la escalada de los precios con la excusa de la guerra. Las empresas del Ibex 35 obtuvieron en 2021 un beneficio neto de 58.543 millones de euros: más del doble que en 2019. Sus intereses siguen prevaleciendo sobre los de la mayoría trabajadora.

Algo parecido sucede con los derechos democráticos de expresión, manifestación e información, que se ven sometidos a una degradación constante y premeditada, al amparo de unas leyes mordaza diseñadas para reprimir y debilitar el movimiento popular. El régimen del 78 responde a su propia crisis escorándose cada vez más claramente hacia posiciones autoritarias y atacando las libertades individuales y colectivas, especialmente en lo que se refiere a los derechos de la mujer, a sus organizaciones y movilizaciones, así como a la clase obrera. Los trabajadores recibimos palos, pero la policía se hace selfies con los fascistas. Los militantes de la izquierda son perseguidos, mientras neonazis dan entrevistas en televisión. La guerra no ha hecho más que acentuar este proceso, incrementando la censura y la manipulación informativa.

En este contexto, y dado el origen del régimen monárquico -cuya Jefatura debe su puesto nada menos que a un criminal como Franco-, no es de extrañar el evidente avance del fascismo y, en general, de las posiciones de ultraderecha: tanto en el debate político, en el que impone su propia agenda ultrarreaccionaria, como en diferentes sectores de la sociedad y en las instituciones del Estado, incluyendo Ejército, policía y judicatura. Y todo ello con la escandalosa complicidad, e incluso el apoyo activo, de los grandes grupos empresariales de prensa, radio y televisión. Ayudado por las torpezas del Gobierno, el fascismo tiene ya la desfachatez de presentarse como defensor de los trabajadores, a pesar de que vota sistemáticamente contra cualquier avance de nuestras condiciones de vida y ataca a diario nuestros derechos políticos y laborales, así como a los sindicatos que los defienden. Por supuesto, nunca critican los beneficios del gran capital y de la patronal.  

En línea con esta orientación antidemocrática, los partidos del régimen nos involucran ahora en una guerra que es totalmente contraria a los intereses populares. Enviando armas a Ucrania, entramos en un conflicto sobre el que nadie nos ha preguntado, pero cuyas consecuencias sufriremos los trabajadores y trabajadoras: inflación, escasez, endeudamiento, bloqueo de exportaciones y quién sabe si otro tipo de consecuencias, al formar parte del entramado militar a través de las bases de la OTAN que hay en nuestro territorio; un producto de la subordinación económica, militar y política del régimen del 78 hacia las oligarquías y el imperialismo, que es contraria a nuestra plena soberanía y a la voluntad popular. Además, todo lo que dejamos de adquirir a Rusia se lo compramos a EEUU, que es el gran beneficiado de esta guerra, vendiendo armas, gas y petróleo a precios altísimos mientras el continente europeo, lejos de las fronteras yanquis, se desangra de nuevo. Por si esto fuera poco, buena parte del armamento enviado a Ucrania va a parar a manos de auténticos neonazis, que después del conflicto volverán a sus países respectivos (España incluida) bien entrenados para cometer sus crímenes en nuestro suelo. Por todo ello, es necesario mantener la solidaridad con los pueblos de Ucrania y los refugiados (sea cual sea su origen), pero urge salir del conflicto cuanto antes y, por supuesto, abandonar la OTAN.

En relación con esto, es muy cínico hoy el esfuerzo por los refugiados de guerra de Ucrania, cuando la Unión Europea ha expulsado de sus fronteras -y sigue haciéndolo- a quienes huyen de la guerra de Mali, del Congo o de cualquier otro conflicto creado por el imperialismo de la OTAN en África, y cuando ha dejado morir en el mar a quienes huían de la guerra en Siria. Un racismo estructural europeo que está provocando que hoy, en las fronteras de Ucrania, se amontonen las personas que no son de origen europeo, pero que también vivían y trabajaban en Ucrania.

Nuestra solidaridad incluye por supuesto a los saharauis, que acaban de recibir una nueva traición por parte de nuestro Gobierno, sin duda siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Al apoyar la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, el Gobierno español acepta el chantaje de un régimen despótico, expansionista y genocida, y se convierte en cómplice del sufrimiento de nuestros hermanos saharauis y del robo de sus recursos. Se trata de una maniobra que forma parte de la misma estrategia que la guerra en Ucrania: la confrontación global por áreas de influencia y sus recursos, en este caso de África. En ambos casos, nos están preparando para una guerra a gran escala que solo beneficia a los grandes capitales, y frente a ello las clases trabajadoras debemos apostar por una política de paz, solidaridad y cooperación entre los pueblos.

En definitiva, estamos sufriendo las consecuencias de no haber roto definitivamente, en estos más de cuarenta años, con un franquismo que sigue vigente -y cada vez más envalentonado- en las instituciones del Estado, al servicio de los intereses de unos pocos.

La situación exige poner en marcha políticas realmente progresistas. Es necesario derogar por completo las reformas laborales del PP y del PSOE y recuperar los rescates a la banca; devolver a manos públicas los servicios básicos (agua, gas y electricidad) y nacionalizar los sectores estratégicos de la economía; derogar las leyes mordaza y cuantas atenten contra los derechos y libertades políticas; derogar la reforma de las pensiones, garantizando unos ingresos dignos para nuestros mayores y dependientes; asegurar el derecho a una vivienda digna e impedir por ley los desahucios de primeras viviendas en propiedad; eliminar los conciertos en sanidad y educación; renacionalizar y desarrollar los servicios públicos de transporte…

Pero difícilmente resolveremos los problemas de las clases trabajadoras si no acabamos con el dominio de los monopolios, que hoy necesita todo de las trabajadoras y los trabajadores, así como del propio planeta, si no rompemos de una vez por todas con la herencia franquista, que estrangula nuestros derechos y coarta nuestras posibilidades de desarrollarnos, como sociedad y como personas. Es necesario, por tanto, superar el régimen monárquico impuesto y construir con nuestro accionar cotidiano una democracia real: LA REPÚBLICA de los trabajadores.

¡VIVA LA REPÚBLICA!