La mal denominada “transición democrática”  consistió en una operación política que tuvo dos pilares fundamentales. Uno fue el pacto político mediante el cual la izquierda renunció a la ruptura con el régimen franquista y aceptó la monarquía, la continuidad del aparato estatal franquista y una Constitución con graves insuficiencias democráticas. El famoso consenso consistió en que las clases dominantes durante el franquismo y sus representantes políticos mantuvieron su dominación renunciando simplemente a las instituciones de la dictadura, pero manteniendo el poder político y económico. El segundo pilar fue el pacto social, que tuvo su origen en los “Pactos de la Moncloa”. A cambio de la implantación de un mínimo “Estado del bienestar”, los sindicatos mantendrían la paz social y contendrían las reivindicaciones populares en el marco aceptable para la oligarquía. En una palabra, las reglas del juego capitalista no serían en ningún caso traspasadas.

La política económica que está aplicando el Partido Popular no es simplemente un recetario que hace caer el peso de la crisis sobre los trabajadores. Es algo más y extremadamente peligroso. Es un cambio de modelo económico y social, que tiene como objetivo el desmantelamiento completo de los servicios públicos y su privatización. En definitiva, una ruptura de las reglas del juego aceptadas en la Transición. El modelo neoliberal que se impuso en Chile tras el golpe de Pinochet y que ha conducido a ese país a unas desigualdades sociales abismales,  se quiere implementar en España. Los resultados  ya los estamos viendo: desempleo galopante, pobreza infantil, exclusión social, miseria y desesperació.

La oligarquía, la monarquía y la derecha española han roto ese pacto social y deben atenerse a las consecuencias. Han declarado la guerra y en un enfrentamiento bélico siempre hay bajas en los dos bandos. La política terrorista que aplican contra el pueblo español no debe salirles gratis. Si los trabajadores tienen miedo al paro, al desahucio y a no poder pagar las matrículas  universitarias de sus hijos; si los jubilados temen no poder comprar las medicinas que necesitan y los jóvenes sienten temor ante el futuro incierto, los que promulgan leyes y decretos y los culpables de esta crisis deben sentir pavor a salir  a la calle, a llevar a sus hijos al colegio. Hay que obligarles a vivir  fortificados en sus residencias de lujo. Lo que se ahorran en defraudar a la hacienda pública, se lo gastarán en medidas de segurid.

El pueblo tiene derecho a la legítima defensa si se le priva de sus condiciones de vida, si le arrebatan sus medios de subsistencia. No debe dejarse masacrar pasivamente. El derecho a una  vida digna no es negociable; es un derecho inalienable, imprescriptible y el que  se atreva a quebrantarlo no es más que un criminal que debe ser eliminado del cuerpo soci.

La derecha es muy aficionada a defender que en democracia todo es posible por medios pacíficos. El problema de nuestro país es que la democracia no es más que una forma retórica tras la que se esconde la realidad de la dictadura del capital. Cuando el gobierno se convierte en el consejo de administración de la banca, cuando la represión es la única respuesta para sofocar las protestas, entonces ha llegado el momento de defender la democracia y nuestro derecho a la existencia con todos los medios de lucha.