Es totalmente inaceptable que un alto cargo de la ciudad, en este caso la alcaldesa, reciba unas vacaciones pagadas por un constructor, tras haberle concedido la renovación de las cuatro grandes contratas y que alcanzan los 40 millones de euros al año, además del trato de favor que el ayuntamiento ha intentado hacer a Ortiz, en relación al Plan General de Ordenación Urbana. Ambos están imputados en el caso “Brugal”.
Mientras el ayuntamiento está al borde de la bancarrota, si no consigue en los próximos 10 años una deuda que asciende a 233 millones de euros, con lo cual conllevaría a más subidas de impuestos municipales, reducción de personal y más recortes en los servicios sociales, que dependen del consistorio municipal.
Pedimos pues, la dimisión irrevocable de la alcaldesa y que la justicia mande a la cárcel tanto a ella, como al señor Ortiz.
Federación de Republicanos (RPS) 