Los avances en Argentina de las denuncias contra los criminales franquistas han puesto de manifiesto lo obvio: que hay que irse fuera de España para buscar justicia. Debemos obtener las consecuencias politicas de este hecho, pero hay quienes prefieren desviar al extranjero estas justas luchas, pues tener que asumir que el estado español y la judicatura se comportan como cómplices o herederos de la dictadura les resulta demasiado fuerte y derrumba el mito de la Transición.

El hecho es hoy innegable, la respuesta del estado español a las demandas de extradición ha sido apelar a la Ley de Amnistía, y es que una cosa son las argumentaciones en el campo político y otra las armas legales que usan jueces y fiscales: dígase lo que se diga para pretender que no hay que tocarla, el hecho es que la Ley de Amnistía se usa para impedir situar a los criminales ante sus responsabilidades.

La delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado una vez más (ya lo hizo la propia Comisión) este uso de la Amnistía y ha recordado que el Derecho Penal Internacional debe prevalecer. ¿Por qué no se aplica en España? Es cierto que hay base legal para hacerlo, ¿entonces? La respuesta es sencilla, la Ley de Amnistía permitió que los jueces franquistas siguieran en sus puestos. En el Tribunal Supremo español hay altos magistrados que en vez de rendir cuentas ante un tribunal de justicia por su actuación en la dictadura siguen siendo jueces del actual régimen. Cuando Carmen Negrín presentó recurso contra ellos para impedir que juzgasen a Garzón jueces que juraron lealtad a Franco y su Régimen, la respuesta la dictaron ellos mismos y afirmaron que tal juramento era conforme a derecho y no les incapacitaba legalmente para nada. ¿Motivos? La impunidad derivada de la Ley de Amnistia. Una ley que por otra parte, si bien puso en libertad en torno a 80 presos políticos franquistas —ya habían salido todos antes con indultos del Rey—, exoneraron de toda culpa o responsabilidad a los miles y miles de policias, dirigentes del régimen y jueces que sirvieron a la dictadura. La Ley no fue hecha para sacar a los presos, sino para blindar a los franquistas como demuestra a día de hoy la actuación de jueces y fiscales.

La Ley de Amnistía es, que nadie tenga dudas, la clave de la impunidad, el elemento que impide que en la práctica se aplique la legislación internacional. Quienes deberian aplicar esas leyes internacionales están en esos puestos gracias a la Ley de Amnistía. Defender la ley de Amnistia hoy es negar la justicia, es complicidad.

Cualquier intento serio de cuestionar el actual régimen debe tener las cosas claras en este campo. Es preciso delimitar las cosas. O pensamos que el régimen de Franco fue legal y legales sus tribunales militares, sus sentencias y ejecuciones o no. No hay espacio para posiciones intermedias.

No es cuestión superficial. El mismo ministro —Gallardón— que abandera una reforma del Código Penal que criminaliza al extremo las propuestas sociales y aplica penas brutales, es la misma persona que se emociona y deshace en elogios al hablar de la figura de un exministro de Franco al que está ligado de forma familiar. Este exministro está actualmente procesado en Argentina como cómplice necesario de los crímenes de la dictadura. Gallardón, en vez de ver como se le recusa en el Parlamento y se le obliga a dar explicaciones públicas, se permite intentar dar clases de memoria democrática. Si lo hace es por un sólo motivo, por la persistencia de los efectos de una Ley de Amnistía que en realidad lo que permitió es que sujetos como el exministro Utrera Molina no acabasen ante un tribunal que examinase sus responsabilidades en la dictadura.
Es preciso actuar en un doble frente: en Argentina y en España. Y de forma articulada en lo legal y en lo político. En lo legal, exigir la aplicación de la Legislación Penal Internacional en España. En lo político, denunciar la Ley de Amnistía, forzar a sus defensores a salir a la luz y hacerles pagar un precio político por defenderla hasta que logremos su inaplicabilidad —que es el término legal a aplicar en este caso—. Lo que no podemos es mezclar argumentos o callar.

La cuestión de la impunidad del franquismo está ligada a la legitimación del actual régimen. Podrían haber condenado el franquismo declarándolo ilegal y haber buscado justicia para las víctimas, pero no lo hicieron; el régimen de la Transición se ha negado a anular sentencias y juicios de los asesinados, han preferido mantenerlas para evitar que se abrieran dudas sobre la legalidad franquista que es, a fin de cuentas, la piedra angular sobre la que se ha construido la monarquía en España. Para la lucha republicana este tema es central y para la lucha de las victimas y sus familiares podemos decir bien alto que solamente la República podrá ofrecer verdad, justicia y reparación.

La Federación Republicanos condena el empleo de la Ley de Amnistia en la práctica para impedir que se juzguen los crímenes franquistas y exige una declaración de inaplicabilidad, al tiempo que recuerda públicamente que el anterior régimen sigue siendo considerado legal en sus leyes y sentencias que conculcaron derechos humanos básicos y a día de hoy sus víctimas siguen siendo culpables sin que se cuestione la legalidad golpista sobre la que se les juzgó. Ir a Argentina a buscar justicia significa que en España no es posible encontrarla. Este hecho debe ser asumido políticamente y debe ser uno de los elementos que orienten la acción política de las fuerzas democráticas. En este sentido, la Federación Republicanos lucha por la anulación de tribunales y sentencias franquistas, por la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía y por situar ante sus responsabilidades legales a los dirigentes y cuadros de la dictadura de acuerdo con lo previsto por la legislación penal internacional.Los avances en Argentina de las denuncias contra los criminales franquistas han puesto de manifiesto lo obvio: que hay que irse fuera de España para buscar justicia. Debemos obtener las consecuencias politicas de este hecho, pero hay quienes prefieren desviar al extranjero estas justas luchas, pues tener que asumir que el estado español y la judicatura se comportan como cómplices o herederos de la dictadura les resulta demasiado fuerte y derrumba el mito de la Transición.El hecho es hoy innegable, la respuesta del estado español a las demandas de extradición ha sido apelar a la Ley de Amnistía, y es que una cosa son las argumentaciones en el campo político y otra las armas legales que usan jueces y fiscales: dígase lo que se diga para pretender que no hay que tocarla, el hecho es que la Ley de Amnistía se usa para impedir situar a los criminales ante sus responsabilidades.La delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado una vez más (ya lo hizo la propia Comisión) este uso de la Amnistía y ha recordado que el Derecho Penal Internacional debe prevalecer. ¿Por qué no se aplica en España? Es cierto que hay base legal para hacerlo, ¿entonces? La respuesta es sencilla, la Ley de Amnistía permitió que los jueces franquistas siguieran en sus puestos. En el Tribunal Supremo español hay altos magistrados que en vez de rendir cuentas ante un tribunal de justicia por su actuación en la dictadura siguen siendo jueces del actual régimen. Cuando Carmen Negrín presentó recurso contra ellos para impedir que juzgasen a Garzón jueces que juraron lealtad a Franco y su Régimen, la respuesta la dictaron ellos mismos y afirmaron que tal juramento era conforme a derecho y no les incapacitaba legalmente para nada. ¿Motivos? La impunidad derivada de la Ley de Amnistia. Una ley que por otra parte, si bien puso en libertad en torno a 80 presos políticos franquistas —ya habían salido todos antes con indultos del Rey—, exoneraron de toda culpa o responsabilidad a los miles y miles de policias, dirigentes del régimen y jueces que sirvieron a la dictadura. La Ley no fue hecha para sacar a los presos, sino para blindar a los franquistas como demuestra a día de hoy la actuación de jueces y fiscales.La Ley de Amnistía es, que nadie tenga dudas, la clave de la impunidad, el elemento que impide que en la práctica se aplique la legislación internacional. Quienes deberian aplicar esas leyes internacionales están en esos puestos gracias a la Ley de Amnistía. Defender la ley de Amnistia hoy es negar la justicia, es complicidad.
Cualquier intento serio de cuestionar el actual régimen debe tener las cosas claras en este campo. Es preciso delimitar las cosas. O pensamos que el régimen de Franco fue legal y legales sus tribunales militares, sus sentencias y ejecuciones o no. No hay espacio para posiciones intermedias.
No es cuestión superficial. El mismo ministro —Gallardón— que abandera una reforma del Código Penal que criminaliza al extremo las propuestas sociales y aplica penas brutales, es la misma persona que se emociona y deshace en elogios al hablar de la figura de un exministro de Franco al que está ligado de forma familiar. Este exministro está actualmente procesado en Argentina como cómplice necesario de los crímenes de la dictadura. Gallardón, en vez de ver como se le recusa en el Parlamento y se le obliga a dar explicaciones públicas, se permite intentar dar clases de memoria democrática. Si lo hace es por un sólo motivo, por la persistencia de los efectos de una Ley de Amnistía que en realidad lo que permitió es que sujetos como el exministro Utrera Molina no acabasen ante un tribunal que examinase sus responsabilidades en la dictadura
Es preciso actuar en un doble frente: en Argentina y en España. Y de forma articulada en lo legal y en lo político. En lo legal, exigir la aplicación de la Legislación Penal Internacional en España. En lo político, denunciar la Ley de Amnistía, forzar a sus defensores a salir a la luz y hacerles pagar un precio político por defenderla hasta que logremos su inaplicabilidad —que es el término legal a aplicar en este caso—. Lo que no podemos es mezclar argumentos o callar.
La cuestión de la impunidad del franquismo está ligada a la legitimación del actual régimen. Podrían haber condenado el franquismo declarándolo ilegal y haber buscado justicia para las víctimas, pero no lo hicieron; el régimen de la Transición se ha negado a anular sentencias y juicios de los asesinados, han preferido mantenerlas para evitar que se abrieran dudas sobre la legalidad franquista que es, a fin de cuentas, la piedra angular sobre la que se ha construido la monarquía en España. Para la lucha republicana este tema es central y para la lucha de las victimas y sus familiares podemos decir bien alto que solamente la República podrá ofrecer verdad, justicia y reparación.
La Federación Republicanos condena el empleo de la Ley de Amnistia en la práctica para impedir que se juzguen los crímenes franquistas y exige una declaración de inaplicabilidad, al tiempo que recuerda públicamente que el anterior régimen sigue siendo considerado legal en sus leyes y sentencias que conculcaron derechos humanos básicos y a día de hoy sus víctimas siguen siendo culpables sin que se cuestione la legalidad golpista sobre la que se les juzgó. Ir a Argentina a buscar justicia significa que en España no es posible encontrarla. Este hecho debe ser asumido políticamente y debe ser uno de los elementos que orienten la acción política de las fuerzas democráticas. En este sentido, la Federación Republicanos lucha por la anulación de tribunales y sentencias franquistas, por la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía y por situar ante sus responsabilidades legales a los dirigentes y cuadros de la dictadura de acuerdo con lo previsto por la legislación penal internacional.