por Nerea Llorente Boria

El régimen vuelve a sus orígenes no solo en la vergonzosa negativa a que se juzguen los crímenes del franquismo, en las manifestaciones de sus cargos públicos y juventudes brazo en alto y con simbología nazi, o en su política antidemocrática de embustes y recortes sociales, ahora además, otra vuelta de tuerca donde el barniz democrático del régimen monárquico y su actual partido gestor el PP, dejan ver su lado más autoritario y oscuro: La reforma del Código Penal.

Al margen de determinadas modificaciones como los delitos económicos, incendios forestales o esterilización, donde se podría tener un debate sobre su conveniencia o no, el proyecto de Gallardón supone una Reforma profunda con un potente acento ideológico de estado policial.
En primer lugar, con la llamada prisión permanente revisable se admite la cadena perpetua para determinados delitos, algo hasta ahora impensable en nuestro país. Las funciones de reinserción y reeducación del sistema penal que defiende un estado social y de derecho parece no importarle lo más mínimo al gobierno del señor Rajoy. El populismo y el escarnio público con que los medios de comunicación tratan lo relacionado con estos crímenes y la exaltación del instinto del miedo y la venganza van a ser utilizados sin ningún pudor para extender la represión sobre la respuesta que la sociedad civil y los sectores populares mantienen contra la política de recortes y la tiranía de los mercados, aumentando la sensación de estado policial.

Señalar también que añade un delito específico de acoso genérico (más allá del laboral o sexual) en el art. 172 CP que sin duda será instrumentalizado según convenga, integrando en su concepto las legítimas manifestaciones y concentraciones de descontento que ahora algunos llaman “escraches”, y que por otro lado son más viejas que el derecho de manifestación y concentración.
Sin duda en esta senda es la desobediencia a la autoridad que desaparece como falta otro ejemplo. El agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «desobedecido» podrá optar por la vía penal o la administrativa, lo que dará más competencias a las delegaciones de Gobierno a la hora de establecer sanciones. En todo caso será el “infractor” quien deberá probar en juicio que no desobedeció al agente. Esta desobediencia, hasta ahora regulada como delito (556 CP), falta (664 CP) e infracción administrativa, quedará en la práctica las más de las veces en multa administrativa, medicina perfecta para curar el descontento en un contexto social de pulso a las instituciones.

En esta misma dirección se suprimen las faltas en general, dejando el camino judicial, lento, más riguroso y complicado a un lado, para que sea la administración la que ajuste cuentas con el ciudadano. Finalidad recaudatoria y represora, en la que como siempre es poca ropa el que paga.

Un Código Penal hecho a la medida de este ejecutivo y como estrategia para reprimir con mano dura la respuesta popular. Limitador de derechos al más puro estilo autoritario, más limitativo de libertades en algunas cuestiones que la legislación franquista. Acallar la voz del pueblo en esta época y el previsible aumento de la respuesta de los sectores populares obliga a la oligarquía a aplicar la represión como en los viejos tiempos. Evidentemente cuando los privilegios vuelven a cuestionarse volver a los orígenes es la mejor receta. Multas y Prisión para reprimir la senda del progreso. Al margen de rectificar, defender los intereses populares, dimitir por lo errores, o reconocer el incumplimiento sistemático de su programa, mientras el estado del bienestar es desmantelado y son los propios sectores populares quienes organizan la solidaridad, el PP mira hacia otro sitio: la privación de derechos, los privilegios de los de siempre y el estado policial.

Nerea Llorente Boria, estudiante de Derecho y miembro de la federación Republicanos (RPS) en Sagunto.