Existe un derecho universal para todas las mujeres dirigido a la decisión propia de controlar su maternidad y reproducción. Este derecho está reconocido por instituciones internacionales a las que ahora parece querer obviar nuestro Gobierno. Como mujeres, exigimos y ejercitamos el derecho a disponer de nuestros propios cuerpos, debiendo las Administraciones Públicas disponer de los medios necesarios para ejercerlo, no poner más trabas y ejercer más violencia sobre la mujer.

El texto legislativo al que el PP ha denominado “de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada” conlleva a que la autónoma y libre voluntad de cualquier mujer a decidir y ejercer su derecho a la libertad sexual y reproductiva ha pasado a transformarse en una decisión juzgada por terceras personas desde ámbitos técnicos, jurídicos, morales y políticos. Las mujeres ya no deciden en su propio cuerpo, dando un paso más al fortalecimiento de una sociedad absurdamente patriarcal.

En esta nueva Ley únicamente se reconocen dos supuestos legales: el embarazo fruto de la violación (hasta 12 semanas) y cuando exista grave peligro para la salud física y psíquica de la mujer gestante (hasta 22 semanas). Nos encontramos, pues, con una penalización del aborto similar a las impuestas en tiempos del franquismo. Pero parece que esto no era suficiente, ya que la Ley también establece, para llegar a practicar una interrupción del embarazo, unos protocolos marcados por la complicación, la burocracia, la lentitud y siempre mediatizados por voluntades e informes ajenos a la propia mujer.

Pero el derecho a decidir no es un concepto abstracto, sino que está relacionado con la vida diaria y concreta de cada persona, con sus propios dilemas íntimos y personales. Por lo tanto, las mujeres merecemos el más estricto respeto a los motivos que nos puedan conducir a interrumpir un embarazo. No creíamos que nadie pudiera mostrar tanta arrogancia como para creerse con la autoridad suficiente para juzgar y decidir sobre el cuerpo y la reproducción de una mujer.

Parece irónico que quien ha impulsado que esto fuera posible sea un hombre, el Sr. Gallardón, quien jamás va a tener que reivindicar que sus decisiones no sean tuteladas por terceras personas ni quien, tras esta nueva Ley, se va a ver afectado por más sufrimiento y más riesgo para su propia salud. Porque somos nosotras, las mujeres, las que nos quedaremos privadas de nuestra legitimidad y de ejercer el derecho a ser dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad.

NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS

AGRUPACIÓN REPUBLICANA DE COSLADA (ARCO)