El lunes 13 de abril, en el IES Lázaro Cárdenas de Villalba, la Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste, de la que RPS forma parte, ha presentado en rueda de prensa los documentos: “Defendiendo nuestros derechos: Propuestas para una Educación Pública” y “Defendiendo nuestros derechos: Propuestas para una Sanidad Pública”, donde plantea su visión de la educación y la sanidad como servicios públicos y derechos fundamentales y propone líneas políticas tanto a nivel autonómico como a nivel municipal que, entiende,  deben llevarse a cabo para poder hablar de servicios públicos de calidad.
Estas propuestas se están enviando a los distintos partidos y candidaturas de los pueblos de la zona oeste para que puedan ser recogidas en los programas a las elecciones municipales.

La Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste presenta los documentos: “Defendiendo nuestros derechos: Propuestas para una Educación Pública” y “Defendiendo nuestros derechos: Propuestas para una Sanidad Pública”, donde plantea su visión de la educación y la sanidad como servicios públicos y derechos fundamentales y propone líneas políticas tanto a nivel autonómico como a nivel municipal que, entiende, deben llevarse a cabo para poder hablar de servicios públicos de calidad. Dos derechos que han corrido la misma suerte: secuestro, privatización, recortes, y la mercantilización que han hecho de lo público una fuente de negocio privado es lo que denuncia la Coordinadora que ha pasado con la educación y la sanidad, fruto de las políticas neoliberales y ultraconservadoras del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España. Para revertir el largo periodo oscurantista y privatizador de servicios que dan cobertura a derechos y que son perentorios recuperar para todos los ciudadanos, es necesario, a juicio de esta Coordinadora, la derogación de leyes como la LOMCE en educación (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) y en sanidad leyes como la Ley 15/1997 (Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud), el RD16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y, en Madrid concretamente, la derogación de la LOSCAM (Ley 12/2001 de Ordenación de la Sanidad de la Comunidad de Madrid) y la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. A partir de un diagnóstico exhaustivo de la situación de la sanidad y educación madrileñas se proponen objetivos concretos que orientan las propuestas y líneas de actuación que se expresan en el documento. De esta manera, para educación se plantean como objetivos, el fortalecimiento de la escuela pública, la reducción de desigualdades, la mejora de la calidad educativa y las competencias de los estudiantes en consonancia con las exigencias de la sociedad, entre otros, y en sanidad un objetivo encuadra todas las propuestas: Devolver el carácter público y universal a la sanidad madrileña, asegurando que ningún ser humano pueda volver a ser excluido del sistema, así como la recuperación de la red pública hospitalaria. El planteamiento político de las propuestas de los documentos va en consonancia con los objetivos y desde el paradigma de la educación y la sanidad como derechos fundamentales de los pueblos, por eso se abordan desde una visión de conjunto que apuntan a una sociedad más igualitaria, equitativa en las que estén garantizados unos mínimos comunes para todos y todas.

Políticas capaces de plantear estrategias convergentes con otras esferas con el objetivo de avanzar en la construcción de sociedades más justas, cohesionadas y democráticas. Como propuestas en el ámbito de la educación, se plantea la racionalización de la red de centros educativos públicos para garantizar un puesto escolar público, en todas las etapas educativas, para todo el alumnado en cualquier parte de la Comunidad de Madrid; la paralización de la cesión de terrenos públicos a empresas privadas; la atención a la diversidad, con recursos humanos y materiales; la dotación de nuevas plazas públicas; becas y ayudas a las familias, tanto en libros de texto como comedor; la desaparición de cheques escolares y desgravaciones fiscales a la escolarización en centros privados; la eliminación de las pruebas externas y reválidas y, en el ámbito concreto municipal, creación y/o fortalecimiento de Consejos Escolares Municipales; la elaboración de un Proyecto Educativo Municipal; Becas de comedor, también en períodos no lectivos; creación de una mesa Local por una alimentación de calidad; bancos municipales de libros de texto; la recuperación de Planes de Mejora y Extensión dirigidos a actividades extraescolares en colaboración con las AMPAs; bibliotecas de barrio y ludotecas. Las líneas de actuación propuestas para el ámbito de la sanidad pública pasan por la necesaria reversión del proceso de privatización, el impedimento de la externalización de servicios y derivación de pacientes; una dotación presupuestaria suficiente para garantizar la universalización de servicios sanitarios y extensión de prestaciones, límites máximo de demora; restitución de procesos de participación democrática de agentes sociales; la elaboración de un Plan de salud Pública de Madrid; la eliminación del área única y un programa especial de lucha contra las desigualdades económicas; la creación de la Agencia pública de evaluación de la atención sanitaria, y llegando a lo local, creación de un Consejo Local y Comarcal de Salud; programas de desinfectación, desratización y desinsectación; campañas de promoción y prevención de salud; educación sexual de manera interdisciplinar, entre otras. La Coordinadora destaca que para llevar a cabo, así como para ampliar estas propuestas y hacer de los municipios un lugar cercano y el primer lugar de referencias los ciudadanos, es necesario derogar la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que limita la autonomía de los ayuntamientos, les quita competencias y no permite desarrollar derechos servicios públicos y democracia local, así como realizar políticas de cercanía que cubran las necesidades de los vecinos y vecinas.