Los trabajadores se reunieron ayer en asamblea y dieron un «no rotundo» a la propuesta de Montrasa, según explicó el presidente del comité, Ricardo Martínez
Los extrabajadores de Montrasa en Alcoa han recibido una propuesta por parte de la empresa. Montrasa ha ofrecido, por mediación de su abogado, volver a contratar a los 34 empleados despedidos el pasado 5 de abril y retomar los trabajos de obra civil y apoyo a la fundición y electrólisis en la multinacional aluminera, aunque aplicando un ERE.
La compañía asegura que hay al menos cinco trabajadores excedentes y, en lugar de ejecutar ese número de despidos, como se puso sobre la mesa hace unas semanas en la mesa de los acuerdos de Oviedo, ahora plantea llevar a cabo un ERE rotatorio. Este expediente de regulación se aplicaría durante los años 2016, 2017 y 2018, y supondría que al menos cinco trabajadores de la plantilla estarían unos meses en el paro.
Los trabajadores se reunieron ayer en asamblea y dieron un «no rotundo» a la propuesta de Montrasa, según explicó el presidente del comité, Ricardo Martínez. Temen que este ERE temporal se convierta a la postre en uno de extinción y argumentan además que, en el caso de que Montrasa vuelva a abandonar Alcoa en 2018, ellos ya habrían consumido gran parte de sus prestaciones por desempleo.
La empresa quiere que las vacaciones se puedan disfrutar durante todo el año y no solo en verano
La intención de Montrasa es, además, que las vacaciones dejen de disfrutarse principalmente en verano y pasen a repartirse durante todo el año, algo a lo que también se niegan los trabajadores. «Hay gente que tiene familia y que no podría marchar de vacaciones a ningún sitio», se quejan.
La solución al conflicto de Montrasa sigue, pues, enconada y de no llegar a acuerdo en el marco de la mesa de los acuerdos de Oviedo seguirá por vía judicial. Esta mesa no se ha vuelto a reunir desde hace prácticamente un mes, cuando se les propuso a los trabajadores la posibilidad de regresar a sus puestos aplicando una rebaja de salarios y mermando la plantilla actual en una cifra de entre 5 y 9 personas.
La propuesta fue rechazada por mayoría al considerarse que había carga de trabajo suficiente para los 34 empleados de la contrata y porque, además, la rebaja de salarios planteada por el Principado era idéntica a la acordada el año pasado por la empresa y los trabajadores y que posteriormente fue declarada nula por el mismo juzgado que deberá atender ahora al despido colectivo.
Las esperanzas de los trabajadores pasan porque la jueza considere que, a falta de contrata, deben ser internalizados por Alcoa para continuar desarrollando sus labores de obra civil y apoyo a la fundición y la electrólisis.
Montrasa renunció a la obra concedida por Alcoa después de que una sentencia le obligase a readmitir a dos trabajadores subrogados de la anterior concesionaria a los que había asignado otras ocupaciones. Los 34 despedidos comenzaron un encierro por el que ahora tendrán que responder ante el juez.
Juicio pospuesto
El juicio por la demanda que Alcoa interpuso contra los 25 trabajadores que protagonizaron un encierro en la planta de San Balandrán durante 16 días por un presunto delito leve de usurpación, se ha pospuesto hasta el día 30 de septiembre.
La denuncia fue realizada por el propio director de la planta, Javier Menéndez, el día 7 de abril, cuando el grupo ya había pasado dos noches encerrado. En la demanda, Menéndez asegura que los trabajadores permanecían «dispersos por las instalaciones haciendo caso omiso a las indicaciones», y les acusa además de haberse situado «en puntos estratégicos como puede ser la báscula de pesaje de camiones y el almacén de descarga de materiales», donde procedían a tomar fotografías y vídeos «sin autorización expresa y alterando el desarrollo normal del trabajo».
En su momento, los trabajadores ya habían sido requeridos formalmente para abandonar el encierro y desalojar las instalaciones, pero presentaron un recurso y el juez les dio la razón, por lo que pudieron continuar con esta medida de presión que cesaron unos días después ante la necesidad de acudir personalmente a solicitar las prestaciones por desempleo.
El colectivo defendía que el encierro, además de para protestar por su situación laboral, les servía para recopilar pruebas de que trabajadores propios de Alcoa se estaban haciendo cargo de las labores que ellos realizaban hasta entonces.
Alcoa, en cambio, siempre consideró que estos extrabajadores de la contrata suponía «un potencial peligro», no solo para los bienes de la empresa, sino también «para la integridad física de las personas que se mantuvieren dentro de dicho complejo sin la debida autorización, sin estar bajo la adecuada supervisión» de la empresa.
Federación de Republicanos (RPS) 