Estepona. El 7 de junio de 2012, los sindicatos del Ayuntamiento recibieron una lista con 176 personas que marcaría la actualidad política de Estepona hasta las fechas actuales, casi cuatro años después de este hecho. En esa fecha se identificó a las personas que entrarían en el ERE efectuado por el Consistorio y que se convirtió en el primero realizado por una institución como ésta en toda España. Finalmente fueron 174 los despedidos, y tras llevar el caso a los tribunales, aún no existe sentencia firme.

Cuatro años después de este episodio, los afectados por este despido esperan aún la sentencia final del Tribunal Supremo por segunda vez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA ya dio por válido este ERE, y tras su apelación ante la Cámara Alta, este órgano mandó a repetir el juicio por defecto de forma en alguna de las pruebas. El pasado año se volvió a enjuiciar con el mismo resultado y se volvió a apelar a la misma instancia.

Después de todo este tiempo, los trabajadores siguen pidiendo una reunión con el equipo de gobierno para intentar llegar a algún acuerdo para volver a sus puestos de trabajo. El comité de empresa ha presentado dos escritos en el último año a petición de la Plataforma 176 y más, que agrupa a gran parte de estos despedidos, en los que se pedía un encuentro para hablar sobre esta situación.

Además, también fue requerido por la concejala de Costa del Sol Sí Puede durante varias sesiones plenarias, una circunstancia a la que el alcalde, José María García Urbano, contestaba que estaría dispuesto a reunirse únicamente con los sindicatos, ya que eran los representantes legales de los trabajadores.

Por su parte, los dos escritos presentados por el Comité de Empresa a fechas de 19 de octubre de 2015 y 31 de mayo de 2016 no tuvieron aún respuesta. «La última vez estuvimos dos años esperando la resolución del Supremo para acabar sin una sentencia. Entiendo la desesperación de los afectados. Nosotros tenemos la voluntad de negociar, pero no recibir respuesta del Ayuntamiento nos hace tener la misma sensación de cuando se produjo el ERE. Entonces hicimos propuestas y no se tomaron en cuenta», explica el presidente del Comité de Empresa, Luis Carlos Barea.

Términos a negociar

Al no tener respuesta municipal, Barea afirma que no se plantearon aún los términos en los que negociar con el Ayuntamiento. «Si se confirmara esa reunión tendríamos que ver las peticiones de los trabajadores y la condiciones que tendríamos para negociar. Lo que sí es seguro es que habría que hablar no sólo con los despedidos para ver sus necesidades, sino también con los trabajadores que actualmente trabajan en el Consistorio», apunta el presidente del comité.

Sin embargo, esta reunión podría estar más cerca de lo esperado. El candidato número uno al Congreso por Málaga de Unidos Podemos, Alberto Montero, se reunió esta semana con despedidos en este ERE y tomó con ellos dos compromisos. El primero fue que cuándo fuera diputado preguntaría por el estado en el que se encontraba el caso en el Supremo, y el segundo, que llamaría a García Urbano para instarle a una reunión con los sindicatos. Según pudo saber este periódico, esa llamada ya se produjo y ese encuentro podría producirse después de que pasaran las elecciones.

Montero explicó en esa reunión que en la anterior legislatura ya preguntó a García Urbano por la situación en la que se produjeron esos despidos, y afirmó que su explicación difería de lo que le hicieron llegar los trabajadores. Por su parte los afectados allí reunidos explicaron al candidato que el objetivo marcado era la readmisión de los despedidos con la consecuente retirada del recurso ante el Supremo, que según apuntaron, si fuera positivo para los despedidos tendría un impacto de 24 millones de euros.

El alcalde explicó en su momento que la decisión de este ERE era para cumplir con el plan de ajuste y reducir en un 60 por ciento el gasto de personal, que en 2007 tocó techo siendo el 118 por ciento del presupuesto. De esta forma se pudo acoger al plan de pago a proveedores, ya el Consistorio adeudaba a este sector casi 70 millones de euros.

Diario Sur