Un manifiesto promovido por organizaciones memorialistas, partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura, buscan la reanudación del monumento del cementerio del Este en Madrid, que el pasado 17 de julio decidió modificar el equipo de gobierno del Ayuntamiento liderado desde el pasado mes de junio por el conservador José Luis Martínez-Almeida apoyado por Ciudadanos y los votos de Vox. En este memorial debían aparecer inscritos los nombres de al menos 2.937 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura, no había provocado, hasta el momento, ningún rechazo ni oposición por parte de la sociedad madrileña.

Esta no sería la primera iniciativa del gobierno de Almeida contra la memoria histórica. Según denuncia este manifiesto, la renuncia de levantar un memorial en la antigua cárcel de Carabanchel como reconocimiento a todos los presos políticos durante el franquismo, el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria o su apertura a la reasignación de nombres franquistas en el callejero madrileño, tras las peticiones de la Fundación Franco.

Por esta situación, el manifiesto declara «conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y sus instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política».

Asimismo, consideran «irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia» y a que «las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo».