Los dineros de nuestras majestades, por ANTONIO SEOANE


Uno de los argumentos en defensa de la institución monárquica consiste en la afirmación de que la Monarquía es más barata para los ciudadanos que la República. El argumento se basa en estimaciones imposibles de cuánto costaría una República en países con monarquía y cuánto la monarquía en países republicanos. La moraleja de este engaño no es otra que el mensaje a los ciudadanos que vivimos en Reinos de que instalar una República nos saldría mucho más caro. Y que ese coste debería traducirse en lo más antipático para la mayoría: ¡subida de impuestos!

Incluso superficialmente se aprecia el carácter engañoso del argumento. ¿Cómo es posible que resulte más caro mantener un Presidente con los equipos de asesoramiento y asistencia que se tengan por convenientes que mantener toda una familia real en la que se insertan Rey, Reina, Reyes eméritos, Reinas madre, Príncipes, Infantes, consortes y toda clase de parientes colaterales que viven a costa del erario público, con los equipos se asesoramiento y asistencia adecuados?

Por otra parte, también se oculta que la transparencia de la institución monárquica es realmente escasa, al menos en España, y no hay manera de saber qué gastos genera, porque al margen de la cantidad presupuestada son muchas las cantidades incluidas en otras partidas presupuestarias (Defensa, Interior, Patrimonio, CNI, etc.) cuyo beneficiario final es precisamente la Casa Real y sus integrantes.

Pero a todo ello hay que unir un argumento mucho más poderoso. Las Casas reales en su condición de detentadores perpetuos de la Jefatura del Estado, llevan siglos y continuarán, inicialmente, durante un tiempo acumulando poder económico y patrimonio. De hecho, en su origen, todo el territorio nacional, el suelo, su subsuelo y su vuelo, les pertenecía. Las casas reales europeas son inmensamente ricas y sus cabezas están entre las primeras fortunas de cada país. ¿Cómo es posible si nos resultan tan económicos? Sencillamente porque la dotación presupuestaria es una parte menor de lo que detentan y perciben. Es la punta del iceberg.

Lo cierto es que la Corona española en 1931 aunque poseía una fortuna que no  se ha podido determinar fuera del país, especialmente en Suiza, había sufrido un importante deterioro económico. En primer lugar por lo que debieron abandonar en España por la apresurada salida, pero también porque la ambición de Alfonso XIII no iba aparejada con su capacidad para invertir rentablemente y de hecho muchos de sus movimientos en los mercados no resultaron especialmente favorables.

Diez años de exilio en Roma toda la familia real a todo trapo o a trapo real es mucho dinero. De hecho, Alfonso Ussía, cuando tenía gracia, contaba en “Protagonistas” cosas del exilio de Don Juan en Estoril que eufemísticamente calificaba de austero y difícil. En definitiva, cómo la casa de Don Juan solicitaba aportaciones económicas regulares a fondo perdido a los financieros e industriales más importantes del país. Que a veces incluso se atrevían a rechazar. Como Emilio Botín, abuelo de la actual generación de banqueros, que contestó al ruego con una negativa “por considerar que no lo consideraba negocio”.

También es claro, que la Casa Real a la llegada al trono con la reinstauración no debía ser especialmente boyante, al menos comparada con las demás casas reales europeas. Tampoco Juan Carlos I durante su etapa como Príncipe de España, a la sombra de la tacañería del Dictador, pudo sacar cabeza económicamente. No era su momento. Pero su proclamación como Rey fue la señal de partida para construir la fortuna que personalmente creía merecer y que además le era indispensable por si tenía que pasar por las experiencias de su padre, de su abuelo… En este contexto y por llamativo que nos parezca, es claro que debió entender como un deber dinástico la reconstrucción de la riqueza de la Corona y de la familia real y dotar a sus sucesores de una estabilidad económica a la altura de su dignidad. Algunas operaciones van saliendo en prensa. De buena parte de ellas, no se sabe aún nada. El hecho es que su fortuna en el momento actual se estima que supera los dos mil millones de euros. O sea más de 51 millones de euro por año de reinado. Cantidad inexplicable a partir de las asignaciones presupuestarias. Baste recordar que en 2020 la asignación a los Reyes es de ocho millones de euros.

Esa fortuna se obtuvo mediante toda clase de operaciones irregulares de intermediación ilegal, con testaferros, maletines con dinero físico a Suiza, cuentas en este país, cuentas en paraísos fiscales y países que se comportan como tales, cuentas numéricas y fiduciarias, etc. Todo ello delictivo o ilícito de no tratarse del Rey de España, protegido por una cláusula de inviolabilidad que además algunos interpretan como permanente (vitalicia) y general. Es decir, en términos que no guardan relación con su función, que le protegen de cualquier imputación de delito y de responsabilidad y que se extienden desde su proclamación a la muerte y aún después. Que aproximan el régimen jurídico del Rey al de una Incapacidad jurídica personal universal por causa legal, selectiva eso sí porque sólo le impide “responder”. Ciertamente otros, más respetuosos para con el Rey, entendemos esa inimputabilidad como limitada temporalmente y a las eventuales responsabilidades contraídas en el ejercicio del cargo.

La indignidad del Emérito no sólo queda acreditada por los hechos que le obligaron a dimitir. La Sra. Larsen, además de las cantidades que recibió (un obsequio de sesenta millones de euros), ha declarado que Juan Carlos I en el año 2012 se embolsó en comisiones 80 millones de euros sólo por el contrato del AVE a La Meca. Es evidente que unas cantidades y otras no eran fruto de la generosidad de dadivosos protectores sino cantidades que se incluyen en el costo de la operación mercantil que finalmente son satisfechos con toda probabilidad por nosotros mismos, por vía de repercusión en el precio y las correspondientes compensaciones.

Es curioso y no casual que en el año 2012, mientras Juan Carlos I se embolsa esos millones y otras cantidades, España está en plena recesión salvaje, las tasas de desempleo y precariedad eran las mayores en la etapa democrática, se recortaba en sanidad, educación y justicia, y las remuneraciones de los empleados públicos y las prestaciones de Seguridad Social estaban recortadas en su importe nominal y/o en su actualización,  los salarios de los trabajadores congelados,  etc. En ese mismo año, el Gobierno de Rajoy argumentaba la necesidad de la Reforma Laboral, definida como “extraordinariamente agresiva” (Luis de Guindos), para combatir la gravísima crisis económica.

La renuncia a la herencia diseñada por la Casa Real es una operación puramente cosmética y carente de cualquier eficacia jurídica práctica. En primer término porque para ser heredero es preciso que el “causante”, Don Juan Carlos, haya muerto “y no estaba tomando copas, leré, leré”, que cantaba Peret, y que exista un “caudal relicto”. Es decir que el “causante” no se haya pateado los bienes y demás activos que pudieran constituir la herencia. La apuesta de Don Felipe porque va a sobrevivir a su padre y que, a esa fecha, el patrimonio de éste será positivo, es una mera especulación. Por eso es por lo que el Código civil establece que la renuncia de futuro a la herencia es nula.  Y por eso son prácticas comunes, al fallecimiento del causante, la  de no aceptar la herencia cuando se sabe que no hay activo o que el pasivo es superior a los activos, o incluso aceptar “a beneficio de inventario” las deudas hasta el límite que puedan ser cubiertas por los activos.

Pero aun prescindiendo de todo lo anterior,  la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre tampoco beneficiaría a las víctimas, carecería de cualquier efecto reparador de la conducta meramente reprobable en lo moral, por mor de la inviolabilidad constitucional, ya que simplemente produciría el efecto de que el caudal hereditario pasaría a sus hermanas Doña Elena y Doña Cristina.

La operación de renuncia toma a los españoles por estúpidos que ignoramos que los patrimonios ocultos fruto de construcciones propias de los que se ha dado en denominar “ingeniería financiera”, y que no son otra cosa que operaciones delictivas o en todo caso ilícitas, no se transmiten por los cauces legales ordinarios, la transmisión entre vivos o la sucesión hereditaria, sino por mecanismos de hecho tan ocultos como aquéllos por los que se construyeron. En definitiva que resulta patético que la Casa Real piense o crea que los españoles podamos pensar que esos ochenta millones de euros y el resto del patrimonio oculto atribuido al Emérito va a pasar a sus herederos por un acto judicial o notarial ordinario. Momento en el que, supuestamente, el Rey cumpliría su promesa de renunciar a la herencia.

Y al hilo de todo esto, se hace público un nuevo escándalo vinculado al viaje de bodas de los entonces Príncipes de Asturias en 2004, hoy Reyes de España. Escándalo por múltiples razones:

Porque nuestros Reyes o futuros Reyes viajan por el  mundo teniendo que pagar porque, a diferencia de otras Royal Families,  los grandes resorts y establecimientos hosteleros no consideran atractiva su presencia en sus establecimientos. Consideran, como Botín abuelo, que los nuestros “no son negocio”.

Por su importe, 467.000 euros, nada menos un importe que equivale al sueldo medio anual en 2020 de dieciocho españoles (26.000 euros/año).

Por el momento, porque tampoco tuvieron en cuenta los actuales Reyes que en 2004 nuestro país estaba sumido en la anterior y también gravísima crisis  que había determinado la primera reforma laboral del P.P., la de 2002, reduciendo todos los derechos de los trabajadores. Ese gasto en ese momento denota una nula sensibilidad social y humana. Que parece ncompatible con las actuales visitas a barrios lumpen en Canarias y Andalucía.

Por la forma en que se abonó, 269.000 euros aportados por una Sociedad de que es accionista el Sr. Cosí, quién se sospecha que es testaferro y fiduciario de parte de la fortuna oculta del Emérito, según se ha publicado. Sociedad que al parecer es también titular de otros activos del ex Rey, como sus barcos de recreo. Y si todo esto no fuera así habría que preguntarse por la Casa Real.  ¿Cómo “coló”  un “regalo” de tal importe que tenía como beneficiario, directa o indirectamente, al Rey?

Y finalmente resulta escandaloso porque esto de las bodas reales, los bautizos reales, las comuniones reales, etc. francamente no se lleva. Es pretencioso, “ostentóreo”, hortera… Pone a la Casa Real prácticamente al nivel de Aznar.

Pero este último escándalo, sirve para recordarnos que, aún y cuando el Tribunal Constitucional consagrara la teoría de la inviolabilidad absoluta y permanente del Rey, sobre lo que todavía no se ha pronunciado, la fortuna construida ha precisado de una infraestructura, de una organización integrada por una pluralidad de personas, coautores, cómplices y encubridores, que sí pueden perseguirse. Y que si buena parte de ese patrimonio no consta a nombre del Emérito es alcanzable su restitución dado que los testaferros no gozan de esa inmunidad. Más todavía, esa inviolabilidad del Rey tendría límites territoriales en lo que se ha venido en denominar el Reino de España, pero cabe su persecución en otros Estados (como así lo está haciendo la Confederación Helvética).

Finalmente que si Juan Carlos I satisfizo el viaje de bodas de los actuales Reyes en un importe de 467.000 euros, es claro que esa cantidad es legalmente un “anticipo de la herencia”. Y ya que el actual Rey ha “renunciado a la herencia de su padre”, lo consecuente sería que liquidara y devolviera el anticipo. Que lo devuelva. ¡Quizás sea el principio de la única conducta decente posible!

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