MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA PÚBLICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El marco legal que surge a partir de la Constitución Española de 1978, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y las leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, han garantizado durante estos últimos 30 años en España la creación y el impulso de unos Servicios Sociales de Atención Primaria de responsabilidad pública, próximos al ciudadano donde se lleva a cabo una atención integral de sus necesidades. Superando la beneficencia y teniendo como objetivo el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

La asignación en los servicios sociales de un profesional de referencia, empleado público, asegura la coherencia y globalidad de un proceso de atención, que implica un ejercicio de autoridad y garantiza los derechos que ampara a la ciudadanía en su relación con la administración; bajo los principios de igualdad, universalidad y proximidad como criterios básicos de los Servicios Sociales Públicos.

Todos estos derechos se van a ver vulnerados si la Atención Primaria de los Servicios Sociales pasa a ser de gestión indirecta y privada. Ya que el servicio público busca la eficiencia, eficacia y calidad en la atención a la ciudadanía, con la finalidad de un beneficio social para todos; mientras que el servicio privado busca un beneficio económico conforme a la ley del mercado y que repercutirá negativamente en la calidad de la atención a la población.

En el municipio madrileño de Galapagar se ha aprobado en pleno la gestión indirecta de los Servicios Sociales. Este nuevo experimento, junto con el anteproyecto de ley de modificación de la ley de bases de régimen local va a dinamitar todo el sistema público de Servicios Sociales, con un retroceso hacia los tiempos de la beneficiencia y el asistencialismo.

Con esto, la privatización en la Sanidad en la Comunidad de Madrid, con los recortes a nivel nacional en la Educación, en la Seguridad Social, en la Protección a los Desempleados, a la Dependencia y en materia de Vivienda, supone un desmantelamiento del Estado de Bienestar.

La falta de compromiso de los poderes públicos en la atención a la población, implica que no se garantiza la igualdad para que todos los ciudadanos puedan participar libremente en la vida política, económica, social y cultural.

Proclamamos la necesidad de mantener unos Servicios Sociales de atención social primaria públicos y de calidad que defiendan los derechos de la población en igualdad de condiciones.

¡UNETE A LA MAREA NARANJA!

¡TODOS PODEMOS SER GALAPAGAR!