
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometió a auditar «los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares». La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y repartir el botín.
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La demanda, planteada por los despachos de abogados Baltasar Garzón y Amparo Legal, reclama una suma superior a los 3.000 millones.