Desahucios: El letrado Fernando Cava denunciado por un delito continuado de prevaricación judicial dolosa


Don Fernando Cava García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, será denunciado por la vía penal por un delito continuado de prevaricación judicial dolosa

En el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, hace años se están emitiendo resoluciones arbitrarias a sabiendas de que las mismas son injustas.
Dejando, en estas circunstancias, de lado al Titular del órgano judicial, aunque de él hablaremos en otro momento, nos centraremos en la actitud dolosa del Letrado de la Administración de Justicia que con un talante de matonismo judicial intolerable, está tomando una serie de decisiones demenciales que provocan una total y desesperante indefensión en la parte demandada de los procedimientos de ejecución hipotecaria, que en ningún momento trata de reconducir el Titular del Juzgado qué, por lo tanto, se convierte en colaborador necesario en multitud de arbitrariedades del L.A.J.

Dentro de los numerosos atropellos que se están cometiendo, podemos, a título de ejemplo, enumerar tres de ellos:

1º.- Decidir que el recurso planteado se presentó con el plazo precluido, aunque claramente no fuera así, afirmando que la fecha de notificación de la resolución recurrida es la que decide él, independientemente de lo que observe el justificante LexNet, “saltándose a la torera” lo que dictamina la Ley de Enjuiciamiento Civil y que contempla la web LexNet del Ministerio de Justicia:

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-cuando-se-tiene-por-realizada-una-notificacion-

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-cual-es-el-horario-para-la-presentacion-de-escritos-de-manera-telematica-

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-soy-un-procurador-cuando-se-tiene-por-realizada-una-notificacion-

Dicha circunstancia se le ha expuesto en varios recursos, con todo tipo de detalles, haciendo caso omiso de los mismos.

En definitiva, una aptitud intolerable, que viola flagrantemente el artículo 24 de la Constitución Española, en cuanto a los derechos fundamentales de la parte ejecutada.

2º.- No considerar al representante legal y administrador único de una mercantil unipersonal parte del procedimiento, no aceptando ninguno de sus recursos, independientemente de que en los escritos de la entidad acreedora aparezca como ejecutados la sociedad y su administrador único –con nombre y apellidos-, y habiéndosele entregado copia del poder que le designa con capacidad suficiente para actuar en cualquier procedimiento civil, como demandado o demandante, y ante cualquier órgano judicial.

Estando, en estos momentos, dicha persona, en una situación de desesperación absoluta ante la forma de actuar, a todas luces incalificable, de dicho Letrado de la Administración de Justicia, y un Titular del órgano judicial que decide mirar a otro lado para evitar interceder en el tema.

3º.- A pesar de la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, Comunidad de Madrid e Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, en relación a que no cabe exigir depósito para recurrir en reposición contra resoluciones dictadas por el S.J., únicamente cabe exigirlo cuando se recurre en revisión,

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/oficina_judicial/centro_de_documentacion/comision_juridica_asesora/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A1cjCydDRwOD0CAjA083D3_XgGBTQwMDA6B8pFm8maerqWdQsImJcaiLiYGncViYa4CHr4GBiQExug1wAEdCusNBrsVjuxEBeQOIPB77_Tzyc1P1C3JDIwwyA9IBcf_Tqw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM0oxMjhCMUEwRzRGMjBJVjJTR1ZWSjAwODM!/?itemId=245746

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/CompendioNOJ-2_3.pdf?idFile=a17b6022-8077-4f98-895a-8a8bd8e01b3f

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Modernizacion-de-la-Justicia/Acceso-al-Buscador-sobre-la-NOJ/Comision-Juridico-Asesora/?startAt=50&pag01=6

http://www.unidad-de-accion.com/foro/download/file.php?id=1516&sid=d964808027664e11f97d687a340db1da

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=VI%2BRECURSOS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268598468713&ssbinary=true

http://www.letradosdejusticia.es/component/remository/func-download/537/chk,ef65a734f750be665cb075ce6e6c9675/no_html,1/?Itemid=

El Letrado aquí denunciado, independientemente de la multitud de ocasiones que se le ha planteado su equivocada actitud, reseñándole las direcciones web anteriormente mencionadas, decide no variar un ápice su exigencia, no admitiendo a trámite ¡dieciséis! recursos de reposición de los ejecutados; y eso solo en un procedimiento. Actitud que se ha denunciado ante el Magistrado-Juez titular del Juzgado y ante lo cual “no sabe, ni contesta”, haciéndose, con su inacción, cómplice de dicha actitud. Evidentemente, conductas de juzgado de guardia.

Por si ésta postura, y la de su inmediato superior en el Juzgado de primera instancia, no fuera suficientemente grave, cuando se recurre en apelación y se manifiesta la situación creada a los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, estos deciden negarse en rotundo a analizar la cuestión, llegando a advertir a la representación procesal de los afectados que de seguir insistiendo en el asunto se consideraría mala fe procesal, con las consecuencias que eso conllevaría, obviando evidentemente que la buena fe procesal no solo obliga a las partes, sino también al órgano jurisdiccional. Máxime, cuando dicha Sección ya se había pronunciado sobre dicha consignación de depósito en una diligencia del mismo procedimiento, por los diferentes trámites de los recursos que conlleva la apelación planteada.

Desde luego, actitudes totalmente inconcebibles y que hace añicos la poca o nada confianza que puede depositarse en la justicia española.

Estos son tres típicos ejemplos del matonismo judicial que se ha practicado, y se está ejerciendo, en el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, todo ello consumado por el Letrado de la Administración de Justicia don Fernando Cava García, y con la pasividad y el consentimiento del Titular del órgano judicial, Ilmo. Sr. don Agustín Gómez Salcedo, al que le ha sido denunciado este tipo de tropelías cometidas por su Letrado sin que, en ningún momento, haya intentado arbitrar adecuadamente las circunstancias, restableciendo a los afectados sus más básicos derechos fundamentales, quebrantados de forma inmisericorde por su funcionario subordinado.

Su prevaricadora aptitud puede ser denunciada ante el Ilmo. Sr. Juez-Decano de lo Civil de los Juzgados de Madrid, o del Consejo General del Poder Judicial, de los que –con gran pesar- no se espera absolutamente nada, como en otras ocasiones. El corporativismo y el echar tierra sobre el asunto, ha estado hasta ahora a la orden del día.

Como ejemplo de ello, podemos volver a recordar el de los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, ante la qué, como ya hemos relatado más arriba, en una apelación y recursos sucesivos, se ha denunciado lo manifestado en el anterior punto 3º y no ha habido forma de que se entrase a valorar la aptitud del L. A. J. Con la situación esperpéntica que en esa Sección se había declarado en una diligencia –dentro del mismo procedimiento- que no era preceptiva la consignación del depósito en recursos de reposición frente a diligencias de ordenación y decretos.

Lo dicho, la justicia española es un circo de tres pistas en el que no se sabe muy bien si en cada una de ellas rige una legislación diferente, o es consecuencia del capricho del funcionario de turno. Para que el ejecutado tenga suerte, o no, en esta ruleta rusa, debe cruzar primero los dedos y luego tirar una moneda al aire, y lo que sea será.

Como ésta Plataforma está en total desacuerdo con esta forma arbitraria de actuar es por lo que ha decidido considerar la posibilidad de acudir a la vía penal contra don Fernando Cava García, por su nada edificante forma de aplicar la justicia en el órgano judicial hipotecario en el que ejerce, reclamando se investigue el papel que ha desempeñado en los miles de procedimientos tanto en ese Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, como en el hipotecario nº 31, en el que realizó las mismas funciones simultáneamente al órgano que está a diez pasos del mismo.

También queremos dejar muy claro otra muy seria cuestión:

Circulan una serie de rumores sobre dicha persona, que se están investigando, que de ser ciertos nos llevaría a una muy complicada encrucijada ante la cual habría altos responsables que tendrían que dar cuenta de tal penosa y dolorosa situación. En la que están directamente implicados como afectados la parte ejecutada de cientos o miles de ejecuciones, y por lo que nos veríamos obligados a reclamar ante todo tipo de autoridades, españolas y europeas, la revisión completa del total de procedimientos de ejecución hipotecaria que se han venido sustanciando tanto en el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, como en el hipotecario nº 31, en los que hubiera participado como Letrado o Secretario Judicial, el profesional aquí denunciado, y desde el primer momento que fuera designado para ello.

Situación ésta que constituiría un auténtico escándalo dentro de nuestra Administración de Justicia, de probable repercusión internacional, y consecuencias imprevisibles. Lo que, a su vez, supondría multitud de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, al haberse encontrado los afectados con todo tipo de resoluciones judiciales contrarias al Derecho, y a la legislación tanto europea como española.

Actuación tan grave, y rumores de tal trascendencia, que, de ser ciertos, debieran ser analizados y corregidos con inmediata rapidez por las autoridades del Poder Judicial correspondientes, intentando por todos los medios que los culpables de ello sean imputados de todas aquellas responsabilidades de haber provocado, o permitido con su inacción, daños y perjuicios muy difícilmente restituibles, a cientos de familias, y cuya reparación deberá satisfacerse, vía indemnización, por los quebrantos ocasionados; y de los que es responsable nuestra deficiente Administración de Justicia, que por desidia, o negligencia, ha permitido estos terribles agujeros negros en las relaciones con los consumidores, ciudadanía que además de verse abocada a indeseables ejecuciones hipotecarias, se ha encontrado con funcionarios judiciales que han hecho muy difícil, sino imposible, ejercer su derecho a la defensa, sin indefensión, y a la tutela efectiva que contempla el artículo 24 de nuestra Constitución.

Afectados por la Hipoteca de Madrid