
Estamos viviendo unas políticas y un sistema fiscal que aumenta cada vez de manera más agresiva la brecha de desigualdad social y económica entre unas clases sociales y otras.
En España siguen pagando más los que menos tienen, mientras que los más ricos aportan cada vez menos de sus ganancias y los servicios públicos ven sus partidas presupuestarias más reducidas, lo que afecta directamente a la calidad de los servicios.
Por ejemplo, si nos fijamos en los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA y otros impuestos especiales) se ha pasado de aportar 39 euros de cada 100, a contribuir con casi 46 euros, mientras que los impuestos directos han caído de 60 a 53, siendo el de sociedades el que más ha beneficiado y beneficia a las empresas españolas, de más de 22 euros de cada 100 que recaudaba Hacienda a 12, a día de hoy.
“¿Para qué estoy pagando?” Se pregunta todo el mundo. La respuesta parece evidente: para aportar dinero a ese fondo común por unos servicios básicos, públicos y de calidad para todos y todas… Pero, ¿contribuimos todos lo que deberíamos?
Nos venden la historia de que no hay dinero y que tenemos que abrocharnos el cinturón, cuando hay más de 144.000 millones de euros de dinero español en paraísos fiscales (dinero que por lo tanto no cotiza) y además, perdemos más de 90.000 millones cada año por el fraude fiscal.
Mientras Inditex, McDonald, Apple, etc. juegan al despiste con los impuestos, la lista de morosos cada vez se hace más extensa, y la corrupción está al orden del día; niños y niñas dan clase en barrancones en los que felizmente aprenden a hacer abanicos de papel, los pacientes son dados de alta antes de tiempo porque no hay espacio en los hospitales, las ayudas a personas dependientes son cada vez menores o incluso inexistentes…
Con tan sólo los 218 millones de euros que esquivó pagar Amancio Ortega en España (de los 585,72 millones que eludió a nivel global durante el periodo 2011-2014), se podría haber sacado a los 2.306.000 menores que se encontraban bajo el umbral de pobreza a finales del 2014.
Las empresas no solo pagan menos por lo que declaran si no que declaran cada vez menos. Tan sólo tenemos que ver las cifras y estadísticas, que nos reflejan que el 95% de las empresas del IBEX 35 tiene filiales en paraísos fiscales, sobre todo en Delaware, EEUU. Lo cual no es una mera coincidencia, si no que se encuentran ahí para poner en marcha la “ingeniería fiscal”, encargada de moderar o evadir el pago de los impuestos, con el fin de aumentar el tamaño de los bolsillos de los pueden permitírselo, a costa de las personas que ven cada día esos servicios públicos y básicos empeorar.
En un Estado de Derecho, las necesidades básicas deberían de estar aseguradas por el Estado, pero cuando observamos que no se está cumpliendo con lo que se dice y propugna, cuando la balanza está inclinada hacia los que son menos pero más ricos, nos demuestra que los más desfavorecidos, los que más dependen de esos servicios públicos, están siendo desatendidos, desamparados y sin lo que es responsabilidad del administrativo: el bienestar social.
Escándalo tras escándalo han provocado que la población se sienta como la necia de este país. Si nos bajan los sueldos, suben los impuestos y, la deuda y los servicios públicos no mejoran ni para atrás. Si los evasores quedan impunes… ¿Dónde ha quedado la igualdad social?
NO PODEMOS CON ELLOS
Error.
La sociedad es la base de la existencia tanto de las empresas como de los gobiernos, es decir, sin nosotras y nosotros no serían capaces de sobrevivir.
Por ello mismo, debemos recordar que tenemos el verdadero poder para cambiar las reglas del juego, poniendo las cartas sobre la mesa. Reclamando, elaborando y respetando unas leyes y una normativa que asegure el cumplimiento de un sistema fiscal justo, con una plena transparencia y que podamos someter a juicio, pidiendo las explicaciones que consideremos pertinentes al encontrarnos con una situación de sospecha de malversación de nuestros impuestos.
Solamente así, juntas y juntos, conseguiremos que se nos respete y tengamos unos servicios públicos de calidad, porque por ello, cumplimos con nuestras obligaciones y queremos que nuestros derechos estén asegurados por aquellos en los que decidimos confiar y delegar parte de nuestro bienestar.
No debemos olvidar que los sistemas tributarios marcan las diferencias entre mujeres y hombres, ya que un impuesto puede tener diferente impacto en los diferentes colectivos de la sociedad. Ya que las mujeres, en términos generales, no sólo no se benefician del crecimiento económico que generan, sino que tienen muchas posibilidades de vivir en la pobreza, debido a una serie de medidas que se encadenan al resto de desigualdades, empeorando la situación de vulnerabilidad de la población.
Así, desde InspirAction, consideramos que es imprescindible tener un enfoque de género en el gasto público para que se consiga la igualdad, siendo los gobiernos los responsables de velar por el cumplimiento de los objetivos de equilibro de la balanza.