18-J: Golpe de Estado, también, al sindicalismo, por Jaime Cedrún


Estos días de julio, con el 18 a la cabeza, son de infausto recuerdo para nuestro país. Hace ochenta y un años en España se asesinaba, a golpe de bayoneta traidora, la esperanza en un futuro de progreso encarnado por la joven Segunda República. Ese día los facciosos tuvieron claro contra quienes iban. No puedo evitar transcribir aquí los dos primeros artículos del primer bando de Queipo de Llano en Sevilla aquel 18 de julio de 1936:

“ESPAÑOLES: Las circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la Nación, tome a su cargo la dirección del país, para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello. En su virtud y hecho cargo del mando de esta División,

ORDENO Y MANDO

Primero.- Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de esta División.

Segundo.- Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegrasen al trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de mañana”.

Tras la lectura del bando sigue impactando el ataque directo contra los trabajadores y sus organizaciones. Los militares fascistas y sus cómplices civiles no se camuflaban. Lo primero que atacaban fue el derecho fundamental del trabajador al convertir el derecho de huelga en delito. Un aroma que en los últimos años ha vuelto a resurgir procesando sindicalistas por ejercer el derecho a huelga.

Previamente, el director del Golpe de Estado, el general Emilio Mola, escribía el 25 de mayo de 1936 su primera instrucción: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

El general Mola, general felón entre los más felones, alardeaba de que había que dar un escarmiento que se extendiera tres generaciones. Y a la cabeza de los escarmentados se encontraban el sindicalismo de clase, en aquellos días representado fundamentalmente por UGT y CNT.

El exterminio del sindicalismo por parte del franquismo fue exitoso. En los años de plomo fueron asesinadas miles de personas en actos silenciados por la historia. De hecho, para hacer frente al franquismo hubo que esperar a esas generaciones nuevas que no vivieron la guerra, la desconocían y por ello fuimos “tan ingenuos como osados” como para crear las Comisiones Obreras, según, en alguna ocasión, ha comentado Eduardo Saborido, cofundador del sindicato y condenado en el Proceso 1.001.

El pasado fue terrible, pero el presente resulta patético. Se exterminó a sindicalistas, a políticos, intelectuales, maestros, artistas, deportistas… Sin duda, se siguió al pie de la letra el dictado de general Mola lanzado el 19 de julio de 1936: “Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.

Los crímenes del franquismo todavía perduran en España, con mmás de 150.000 desaparecidos, 2.300 fosas comunes; hubo miles de niños robados; juicios sumarísimos; aplicación de la “ley de fugas”… Se pueden contabilizar dos millones de víctimas de la dictadura franquista en un país en que perviven monumentos y calles con nombres fascistas.

Es necesario cerrar heridas y para ello hay que abrir fosas. Hay que poner fin a la impunidad del franquismo y también para ello es necesaria una ley de víctimas del franquismo. Todas las instituciones de este país deben dejar meridianamente claro que condenan el franquismo como régimen criminal en los términos desarrollados históricamente por la ONU. Todas las instituciones deben expresar el reconocimiento jurídico y político de las víctimas.

Estrella digital