Las grandes empresas lusas tendrán dos años para corregir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres


Las portuguesas ganan una media de 240 euros menos al mes

Una mujer apila pedazos de corcho en una fábrica Amorim Equipar, en Coruche, en la región de Ribatejo, en Portugal. PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Hace una semana las mujeres portuguesas comenzaron a trabajar de manera gratuita: desde finales de octubre hasta Nochevieja no serán compensadas por el trabajo que desempeñan. La falta de remuneración no se debe a ningún factor oficial, sino a la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país vecino.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las mujeres portuguesas reciben un salario 18,6% inferior al de sus compañeros en puestos idénticos, lo que implica ganar 240 euros menos que sus homólogos masculinos cada mes. La situación es aún peor para las portuguesas altamente cualificadas, pues en las altas esferas del ámbito empresarial luso ellas ganan una media de 26,4% menos que los hombres. El resultado es que las portuguesas trabajan entre 67 y 96 días de cada año sin recibir la remuneración que les correspondería si eran hombres.

En un intento de acabar con esta situación claramente injusta, la tarde del jueves el Gobierno del socialista António Costa aprobó una nueva propuesta de ley que obligará a las grandes empresas lusas corregir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres en un plazo máximo de dos años. Las empresas que sigan con brecha salariales a partir de ese momento se enfrentarán a varias penalizaciones, entre ellas el tener vetada el acceso a los concursos públicos y ciertos subsidios del Estado, como también los fondos estructurales europeos.

El proyecto de ley luso contempla la utilización de los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo para analizar la estructura salarial de todos los sectores empresariales, además de los salarios declarados por cada empresa individual. La Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT) tendrá el trabajo de detectar casos de desigualdad salarial en empresas con más de 250 trabajadores. Éstas tendrán un plazo de 180 días para explicar las diferencias remuneratorias o presentar un plan para corregir la brecha salarial en cuestión de dos años. Emulando leyes similares en Alemania e Islandia, serán las propias empresas las que tendrán que analizar la discrepancia interna y solucionarla.

Tres años después de que entre en efecto, se prevé la ampliación de la aplicación de la ley a las empresas con más de 100 trabajadores. Aunque de momento quedan fuera las miles de pequeñas empresas lusas, en declaraciones al diario Público la secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad lusa, Rosa Monteiro, señaló que el Código de Trabajo vigente en Portugal extiende la protección contra la discriminación salarial a todo trabajador, siendo irrelevante el tamaño de la empresa. Aunque no sean el objetivo de la ACT, cualquier empresa puede ser denunciada por los trabajadores que detecten desigualdad salarial basada en el género de los empleados.

Quejas de los empresarios lusos

En declaraciones a la prensa lusa, António Saraiva, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), se ha mostrado preocupado por el proyecto de ley al considerar que tendría que ser discutido con los representantes del mundo empresarial. “No podemos confundir la discriminación con la diferenciación. Las empresas que discriminan tendrán que hacer cambios y asumir los costes que eso implica, pero esto tiene que ser evaluado con rigor, no con fundamentalismos”.

Desde los sindicatos, entretanto, hay quejas sobre el alcance limitado del proyecto de ley, aunque a la vez reconocen que cualquier avance es bienvenido. “Evidentemente habrá resistencia”, afirmó Fátima Messias, responsable de la Comisión de Igualdad de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP). “Implica encarar un problema existente, y uno de que tendrá un impacto financiero sobre las empresas, las cuales no querrán enfrentarse a ello. Esperemos, no obstante, que sirva para acelerar y resolver estos asuntos de una vez”.

Aunque el Ejecutivo Costa gobierna en minoría, disfruta de una mayoría en la Asamblea de la República gracias a la alianza parlamentaria de la izquierda que mantiene con el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués, partidos que han mostrado su apoyo tácito a la medida. Por este motivo, se prevé que el proyecto de ley podría ser aprobado antes de finales de año y entrar en efecto en 2018.

En algunos aspectos, Portugal es un país avanzado en términos de la igualdad de género. Una tercera parte de los escaños en el Parlamento están ocupados por mujeres -que también lideran de dos de los principales partidos del país-, y sucesivos gobiernos han sido reconocidos por crear o reforzar legislación contra la desigualdad en los últimos años. En el ámbito educativo, más del 60% del alumnado universitario pertenece al género femenino, y son especialmente activas en las áreas de ciencias, matemáticas e informática, donde el 56% de los recién licenciados son mujeres.

Sin embargo, a nivel salarial la desigualdad sigue siendo evidente, con diferencias serias en todos los sectores de la economía, y de una gravedad variable dependiendo de región en región. En Lisboa se registra la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, con las trabajadoras recibiendo una remuneración media equivalente al 81,4% de la que reciben los hombres en los mismos puestos. Curiosamente, donde menos se nota la brecha salarial es en el archipiélago de las Azores, donde se sitúa en el 10,8%.

EM

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