REFORMA DE LA CONSTITUCION, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?, por José J. Davía*


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Estos días previos y posteriores a la fecha del 14 de abril, seguro volverá abrirse el debate entre las organizaciones republicanas, de si para llegar a la ansiada República, el camino más recto es la reforma de la Constitución monárquica o un proceso constituyente. Entiendo, que si seguimos la ruta de la reforma caeríamos irremediablemente en un grave error que nos conduciría a un fracaso y lo que es más grave a una desmovilización y desilusión de amplias capas de la población, especialmente de los jóvenes que se han volcado con las consultas republicanas, que se han celebrado en universidades, pueblos y ciudades de todo el Estado español. Por eso, debemos saber que un proceso constituyente, es radicalmente opuesto a una reforma constitucional, pues se trata de un método de organización no institucional, sino accesible para el pueblo. En el mismo se deciden los asuntos que conciernen a una sociedad en común. Es la asamblea constituyente la que debate y decide el texto de la constitución y por último la nueva Constitución es elaborada en libertad con participación del pueblo soberano.

Por qué digo esto, simplemente si nos dedicamos a investigar un poco en la historia reciente de España, vemos como la actual jefatura del Estado está viciada desde su mismo origen, pues su nacimiento no se debe a ningún proceso democrático, sino simple y llanamente al deseo del dictador Franco, de dejar su impronta una vez sucediera su muerte. Por ello si optáramos  por la reforma constitucional implicaría cambios a determinados artículos de la constitución vigente, utilizando los mecanismos previstos en ella para su reforma, mientras que un proceso constituyente supone elaborar una nueva constitución, una constitución ex novo. A pesar de todo lo expuesto es conveniente repasar los datos históricos al respecto.

La primera medida que toma el dictador, para lograr la perpetuidad de su obra es la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947). Establecía la constitución de España nuevamente en reino y la sucesión de Francisco Franco como  el jefe de Estado, al disponer que el sucesor sería propuesto por el propio Franco a título de rey o de regente del reino, pero que tendría que ser aprobado por las Cortes españolas.

El 22 de julio de 1969, amparándose en la Ley de Sucesión según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino, el Caudillo designa a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de “Príncipe de España”. Juan Carlos es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969 al jurar «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino».

Por si esto no fuera suficiente en 1977, los encargados de preparar el advenimiento del nuevo sistema político dejaron fuera de la toma de decisiones a los partidos republicanos, legalizados una vez celebradas las elecciones generales del 15 de junio de ese año.

El resultado de esos comicios definiría las Cortes que debían estudiar y aprobar la constitución, y con las formaciones que reclamaban la república -el sistema democrático existente antes del paréntesis dictatorial- fuera de las negociaciones, se aseguraba la permanencia del jefe de estado sucesor de Franco, Juan Carlos I. Bajo el pretexto de “ser contrario a la forma de estado”, el Ministerio de Gobernación encabezado por Rodolfo Martín Villa -para quien hoy se pide la imputación dentro de la causa penal contra el franquismo en Argentina- finiquitó las aspiraciones de partidos como Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Republicana Democrática Española a participar en el proceso político que definiría el futuro del país, incluso como asunto extraordinario deberíamos citar el caso del PCE (m-l), que no fue legalizado hasta el año 1981.

Es decir todo el proceso político que incluye la elaboración de la Constitución se llevó a efecto en un ambiente de inusitada violencia que no reunía unas garantías mínimas, para que se desarrollara con imparcialidad. Las cifras aportadas por el historiador Sánchez Soler en su libro “La transición sangrienta” hablan por sí solas: entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes. Nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. “Son los actos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado. Te pongo un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató en 1977 un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados”.

De la misma forma se hurto al pueblo español la posibilidad de elegir la forma de Estado, se juntó en un todo,  al votar la Constitución, como un “lo tomas o lo dejas”. Como años más tarde confeso el propio Adolfo Suarez a la periodista Victoria Prego, a la cual aseguro, que de haberse celebrado un referéndum sobre la forma de Estado, Juan Carlos, tendría que haber cogido la maleta para salir de España. Para cerrar este temor a preguntar, sería bueno recordar que ha fecha de hoy un ochenta por ciento de los habitantes del Estado español, no han podido decidir en la forma de Estado en la cual quieren vivir y como desean organizarse política y socialmente.

En definitiva, no podemos plegarnos a la triquiñuela de la reforma porque estaríamos autorizando a la monarquía como legal, cuando observamos de donde le viene su origen, que no es otro, que el surgido del golpe de Estado de 1936. Además, siempre jugaríamos contra unos tahúres que saldrían con ventaja, pues estarían por delante del resto al jugar con las cartas marcadas, de la propia Constitución que exige 3/5 partes para la misma, algo improbable de conseguir, cuando sería necesaria la suma al menos de PP y PSOE para ello. Y ya hemos visto como se las gastan los partidos monárquicos ante el simple hecho de investigar a Juan Carlos, cerrando filas al unísono. Además contarían con todo el poder del Estado y los medios de comunicación más poderosos que los son afines.

Por ello, es ahora más necesario que nunca la unidad de todos para dar una solución en clave popular a la crisis sistémica de la monarquía, a la corrupción del régimen del 78, y esta no puede venir si no parte de una alternativa auténticamente republicana, que organice una respuesta popular masiva, en la que deben figurar las entidades políticas, republicanas, cívicas, culturales, obreras, juveniles, feministas y memorialistas, deben trabajar para acabar con la miserias y la corrupción de la monarquía borbónica. Para ello el único camino posible es la  claridad de pensamiento y la firmeza en trabajo diario, la organización y luchar unidos por esta meta.

¡¡¡Viva la República!!!

José J. Davía “Colectivo Republicano Antonio Machado”

*José J. Davía “Colectivo Republicano Antonio Machado”

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