El Ministerio Público se ha fijado en la compraventa de propiedades con la sospecha de que estas adquisiciones pudieron servir de pantalla a un lavado de fondos de origen irregular
La investigación iniciada por el fiscal suizo Yves Bertossa ha ido, en los últimos meses, examinando movimientos y cambios de manos en estas propiedades. Además de las de Marruecos, unos terrenos en Marrakech supuestamente procedentes de una donación, se encuentran bajo sospecha viviendas en Suiza que, según los datos transmitidos por el helvético, se habrían adquirido con parte de esos 100 millones de dólares regalados en 2008 al Rey emérito por Arabia Saudí.
El rastro del dinero conducía en primer lugar a la fundación panameña Lucum y de esta a una cuenta en el banco Mirabaud que, para la Fiscalía, resulta clave para la investigación. El depósito recibió el 8 de agosto de 2008 esos 100 millones —65 millones de euros—. En junio de 2012, cerró la cuenta y transfirió el dinero a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau. Según publicó ‘El País’, el dinero se destinó a adquirir y reformar dos apartamentos en la estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y a una vivienda de lujo en el norte de Londres, que también se reformó. El resto quedó ingresado en otra cuenta, en esta ocasión en Estados Unidos.
El Ministerio Público trata ahora de determinar si alguna de las adquisiciones, ventas o cambios de propiedad tuvo lugar después de 2014. Según anunció el departamento que dirige Dolores Delgado este lunes, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas tras detectar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el Rey emérito. En una nota, el Ministerio Público ha concretado que la investigación asumida se centra en la fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado ‘AVE del desierto’, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y que precisaría la práctica de diligencias con la duda de si le ampara la inviolabilidad o no.
Estudia, en concreto, si se debe delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. “Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito, quien —como es sabido— se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo“, especificaba. Entre las diligencias señaladas, se encuentra la solicitud de todos los datos relacionados con el depósito del Mirabaud, con la sospecha de que el monarca es el beneficiario último de los fondos a nombre de Lucum.
