17 años después del 11-M


Aunque la polvareda política madrileña ha eclipsado por completo el aniversario, el mayor atentado terrorista sufrido en Madrid sigue pesando sobre la ciudad y sobre la política nacional.

Cuando los españoles asistieron atónitos a la retransmisión en directo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos tuvieron la certeza, en pocas horas, de que aquellos salvajes actos eran una consecuencia directa de la política exterior norteamericana. Décadas de intervención militar en oriente próximo y oriente medio, guerras petroleras, movimientos a favor o en contra del dictador de turno (a veces incluso del mismo en momentos distintos), tenían aquella dramática conclusión. Todos lo vimos, todos lo supimos y todos lo asumimos.

Sin embargo, cuando tres años después Madrid despertó bañada en sangre, en humo y en dolor, los españoles no fueron tan rápidos en sus deducciones. A pesar de que España se había embarcado de la mano de EE.UU. en acciones internacionales gravísimas (la invasión de Afganistán en 2001 y la de Irak en 2003), el 11 de marzo de 2004 nos preguntábamos ¿por qué? Y la actitud de los representantes públicos y los medios de comunicación no ayudaban a aclarar la situación.

El Gobierno de José María Aznar se encargó, desde el primer momento, de difundir una versión oficial en la que las 10 bombas colocadas en distintos trenes de cercanías en Madrid, en plena hora punta de un día laboral, eran obra de ETA, a pesar de que ese grupo terrorista nunca había realizado una operación de tal envergadura. No sólo se transmitió esa idea en rueda de prensa oficial, sino que se realizaron llamadas a los principales medios de comunicación para asegurarles que todo apuntaba al separatismo vasco. Incluso, se anunció la detención de cinco personas relacionadas con estos atentados “de ETA”.

Esta maniobra de la confusión no fue casual, como después han querido defender los implicados y sus herederos políticos, ya que la investigación policial descartó rápidamente (apenas unas horas después de las explosiones) la vinculación vasca en los hechos. Ni el método, ni los explosivos utilizados, ni toda una serie de pruebas encontradas, se dirigían hacia ese punto y el Gobierno lo sabía. Pero España estaba en plena campaña electoral, y una salvajada semejante era políticamente muy beneficiosa para los conservadores si venía de manos de separatistas, y muy perjudicial si era consecuencia directa de decisiones tomadas por el Gobierno.

Hasta el año 2007, tres años después de aquella masacre, el PP no reconoció abiertamente que los atentados eran responsabilidad de grupos ultraislamistas sin ninguna vinculación con ETA, pero para entonces ya se había construido toda una teoría de la conspiración por parte de medios ultraderechistas, en la que aparecían implicados tanto los terroristas vascos como el PSOE, los servicios de seguridad del Estado, y prácticamente cualquiera que se hubiera opuesto al Gobierno Aznar. Por supuesto, la rectificación del PP no detuvo esa teoría conspirativa, sino que la alimentó aún más.

La realidad suele ser siempre más simple que cualquier guión de película de espías. Lo cierto es que aquellas 193 personas que perdieron la vida en Madrid el 11 de marzo de 2004, lo hicieron a raíz de unas decisiones políticas concretas, con responsables y con defensores (aún hoy). Decisiones como la sumisión de la política exterior e interior de España a la política exterior estadounidense, siguiendo el modelo británico, a pesar de las dudas más que razonables que otros países, muchos de ellos europeos, planteaban a las intervenciones unilaterales de Washington en países árabes; decisiones como las de embarcarse en aventuras militares como las de Afganistán (a partir de 2002), y la Irak (desde 2003), únicamente siguiendo las iniciativas del George W. Bush y basándose en sus acusaciones contra sendos países. Los actos, tienen consecuencias.

Hasta entonces España no había tenido amenazas islamistas en la península (excluyendo el oscuro episodio del atentado en un restaurante madrileño en 1985, frecuentado por militares estadounidenses, y nunca aclarado), a pesar de nuestra histórica vinculación a dicha religión y nuestra estratégica posición geográfica, pero aquellas acciones internacionales nos situaron en el punto de mira del terrorismo islámico internacional. Este posicionamiento ha dejado a día de hoy decenas de detenidos bajo la acusación de colaborar con el yihadismo, y 209 víctimas mortales (las 193 de Madrid y otras 16 a consecuencia del atropello de Barcelona en 2017), sin que por el momento ninguno de los responsables políticos del Partido Popular haya mostrado arrepentimiento alguno o haya pedido perdón por las insospechadas consecuencias de sus decisiones políticas.

In memoriam.

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