El pasado lunes 12 de marzo, el comité local de Republicanos estableció las directrices para el trabajo de cara a la Huelga General convocada para el 29M.
Republicanos ha lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía y agentes sociales para que participen activamente en dicha convocatoria, con el objetivo de hacer fuerza y lograr frenar la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Esta supone un ataque frontal a los derechos de los trabajadores y no conseguirá más que precarizar y fomentar el desempleo, además de crear más desigualdades en nuestra sociedad.
Los Republicanos ya estamos trabajando en ese sentido, a través de reuniones con diversas entidades, actos públicos como la exitosa mesa redonda del sábado 10, mítines y repartos de propaganda para asegurar el éxito de la huelga.
Además, y a partir de los acuerdos de la asamblea provincial del sábado día 3, el comité desginó a Gabriel Alcolea como responsable de coordinar las acciones respecto a la Política Municipal, entre las que se incluyen la asistencia a los Plenos municipales y la difusión de la posición de los Republicanos respecto a los problemas locales, además de la defensa de las reivindicaciones populares que otras entidades puedan plantearnos.
El primer resultado ha sido el exigir al Ayuntamiento que no despida a los trabajadores de la Estación Phoenix y que mantenga este servicio. Los Republicanos hemos apoyado la fórmula propuesta por UGT, consistente en suprimir gastos superfluos como la cuantiosa suma de dinero público que recibe el Elche C.F., que asciende a medio millón de euros. Republicanos considera escandaloso el gasto destinado a una entidad privada como es el Elche CF, que Alcaldía ha justificado «porque da publicidad a la ciudad». Si de publicitar nuestra ciudad se trata, hay otros elementos mucho más valorados y reconocidos en el exterior, como son el Palmeral, el Misteri o el Camp d’Elx.
La Federación Republicanos afirma que la prioridad tiene que ser lo público y, si se apuesta por la “austeridad”, debe aplicarse rebajando el sueldo de los puestos de libre designación, algunos de los cuales cobran de 3000 a 4000 €, cuando son empleos que deberían ser ocupados por funcionarios o personas que están en paro apuntadas a bolsas de empleo municipales, a las que no se ofrecen estos puestos porque se reservan a gente “de confianza”.