Movilización policial hasta una pedanía de 12 habitantes para retirar una bandera republicana


El alcalde de la localidad, situada en la montaña palentina, ha sido obligado a retirar la enseña de la ventana de la casa-concejo, solo dos días después de que la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, aprobase un decreto para la exhumación de fosas y la realización de un censo de desaparecidos en la Guerra Civil.

Cada año el 14 de abril, aniversario del nacimiento de la Segunda República Española, no deja pasar la jornada sin que esta se encuentre copada de polémica, girando especialmente en torno a lo simbólico por antonomasia: la colocación de banderas republicanas en algunos edificios institucionales.

Este año, sin embargo, la controversia ha trascendido los Ayuntamientos —normalmente, principales protagonistas de estos roces— y ha llegado hasta una pedanía de 12 habitantes de la montaña palentina, en Castilla y León. Esta pequeña localidad del municipio de Aguilar de Campoo ha sido protagonista este sábado de la retirada por parte de los cuerpos de seguridad de una bandera republicana colocada por su alcalde pedáneo en la ventana de la casa-concejo.

Así, a las tres horas de que el representante de lo que es apenas una casa vecinal colocase la enseña en memoria del 14 de abril de 1931, y que no había generado ningún tipo de conflicto entre los doce vecinos censados en la localidad, la policía municipal se ha personado para requerir al alcalde que la retirase, reservándose el derecho a ejercer acciones legales si no lo hacía, según cuenta el Coordinador General de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión.

“Aguilar de Campoo es un municipio gobernado por el Partido Popular que ya protagonizó una polémica el pasado 28 de junio similar”, explica Sarrión. “El grupo municipal de Izquierda Unida colgó una bandera arcoiris por el Día del Orgullo en su balcón y, en esta ocasión, como el concejal no se encontraba presente, fueron con grúa y todo para retirarla“, declara el responsable.

Para Sarrión, ambos episodios, lo que demuestran es un “afán polemista” por parte del gobierno conservador del municipio, tratándose de “una cuestión más simbólica que otra cosa”, que lo que pretende es “dar muestras de autoridad”. “Es chocante que se haya procedido a exigir su retirada en un plazo tan rápido”, continúa el Coordinador de IU, “parece que es más importante fiscalizar lo que se hace en una localidad de 12 habitantes que atender otras cuestiones, sobre todo cuando la montaña palentina se caracteriza precisamente por la falta de servicios”.

Ley de banderas

Izquierda Unida, por su parte, presentaba a finales del mes de febrero en el Congreso una proposición de ley para modificar la ley de banderas de 1981, que regula el uso de la bandera de España y otro tipo de enseñas.

Ricardo Sixto, diputado y portavoz parlamentario del partido en la Cámara, explicaba que esta iniciativa busca que las administraciones públicas puedan colocar “cualquier manifestación gráfica de la libertad de expresión“, refiriéndose a simbología referida desde el propio Día del Orgullo a banderas que representasen eventos deportivos, respetando, eso sí, “la ubicación y preminencia establecida en esta ley para la bandera de España”.

En este sentido, Sarrión cree que “hay que distinguir dónde hay conflicto y dónde no”. Además, narra que “en Aguilar de Campoo, cuando se han tenido que poner lazos, banderas o simbología porque es el día internacional de cualquier otro tipo de causa, se pone sin que genere ningún problema, y es una práctica habitual en muchísimos ayuntamientos, desde el Día contra el Sida hasta el Día de la Mujer”.

En lo que respecta a la bandera republicana, explica que “hablamos del reconocimiento a gente que se enfrentó al fascismo en una época donde era necesario hacerlo”. “Aquí las autoridades públicas se dedican a perseguir la bandera”, concluye a este respecto el Coordinador de la formación de izquierdas.

Además, la retirada de esta bandera tiene lugar dos días después de que el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobara un decreto de memoria histórica y democracia, con el que se pretende elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y conceder subvenciones para la exhumación de fosas. “Tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años no es algo que se pueda permitir una democracia”, declaraba José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta (PP).

Sin embargo, Sarrión denuncia que este decreto es “absolutamente insuficiente”, empezando por “su financiación”. “No se trata simplemente de localizar los cadáveres y las fosas, hay que darle un reconocimiento político”, especifica el responsable de IU, “esas personas fueron luchadores por la democracia y fueron represaliados por una dictadura totalitaria”.

El Foro por la Memoria Histórica de Castilla y León, antes de la aprobación del decreto, publicaba un comunicado de aportaciones sobre el proyecto en el que celebraba que “la Junta muestre preocupación” por el asunto de la Memoria Histórica, “tras tantos años de desatención”, y aludía a las “limitaciones” de un decreto que nacía de haber convocado “a un limitado número de asociaciones”. Además, rechazaba que las fosas franquistas fueran “un asunto familiar”, y llamaba a “judicializar todas y cada una de las exhumaciones”.

Público

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