Los constitucionalistas no saben perder, por Antón Losada


Junqueras dice que no ve "atajos" para la independencia sin un referéndum acordadodestacada

La Abogacía ya defendió que Junqueras tenía derecho a acudir a Estrasburgo: pedir ahora otra cosa que no fuera su libertad hasta que el Supremo aclare su situación con el Parlamento Europeo sería ir contra la doctrina de sus propios actos

Que la Corte Europea iba a reconocer la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras era algo sabido desde que así lo había establecido el abogado de la UE en su dictamen preceptivo previo. Solo alguien con mucha fe en el Tribunal Supremo podía aguardar que sus magistrados se decantaran por negársela. Cuesta creer que socialistas y republicanos no tuvieran esa variable incluida en la ecuación de sus negociaciones y su impacto no estuviera razonablemente descontado. Si realmente el resultado de la investidura dependiera de cuánto decidiera la Justicia europea, a ninguno de los dos le habría interesado haber llegado tan lejos.

Lo que seguramente pocos esperábamos era que el Tribunal Europeo no solo acogiera el argumento del abogado de la UE, sino que fuera bastante más lejos. Para el abogado comunitario, el reconocimiento del europarlamentario Junqueras y su inmunidad resultaría ya inoperante, al hallarse condenado por una sentencia del Supremo. Para la corte comunitaria dicho reconocimiento tiene efectos y han de ser interpretados y ejecutados por el propio tribunal que le negó el permiso para acudir a Estrasburgo, le preguntó al TJUE si era eurodiputado y debía dárselo y luego le sentenció sin esperar a conocer la respuesta de Estrasburgo.

El mensaje no puede sonar más claro para el Alto Tribunal español: ustedes han violentado un derecho político fundamental como el derecho de representación, eso produce efectos, aunque ustedes hayan tratado de impedirlo dictando sentencia, y a ustedes mismos les corresponde reparar su propia injusticia.

La sentencia ha sido leída como una derrota en toda regla por los autoproclamados “constitucionalistas”. También ha desatado de inmediato esa pulsión antieuropea que lleva en el alma esa parte de la derecha española, tan española que ni siquiera sabe crear una marca en castellano para su eurofobia y se la tiene que plagiar –Espexit– a la pérfida Albión. Nada que no hayamos visto desde la muerte de Franco. Llevan cuarenta años buscando la excusa para poder cagarse en la madre que parió a Europa, que es lo patriótico de verdad.

Más preocupante está resultando la oleada de presiones que se han desatado contra la Abogacía del Estado desde toda la derecha, lo que queda de Ciudadanos y alguna gente de orden de la izquierda para que cambie de criterio y, contrariamente a lo que indicó en junio, rechace las tesis de la justicia europea y se posicione con una Fiscalía que, por pura chulería, contestó a la sentencia sin haber tenido tiempo siquiera para leerla. Es bueno saber que, además del principio de legalidad y la defensa del interés general, la Fiscalía General del Estado se guía también por ese principio tan español de “por mis huevos”.

La Abogacía del Estado ya defendió en junio que Junqueras tenía derecho a acudir a Estrasburgo a recoger su acta. Pedir ahora otra cosa que no fuera su libertad hasta que el Supremo aclare su situación con el Parlamento Europeo y este suspenda, o no, la inmunidad sería ir contra la doctrina de sus propios actos. No son ERC, el PSOE o el Gobierno quienes están presionando a la Abogacía para que cambie ese criterio y se apunte al desafuero propuesto por la Fiscalía: utilizar una sentencia que nunca debió dictarse sin conocer el criterio de la corte de Estrasburgo para anular los efectos de la inmunidad que reconoce a Junqueras el pronunciamiento europeo.

Presentar lo que sería una posición ajustada a derecho como fruto de una negociación ilícita o un chantaje humillante supone una presión ilegítima y obscena sobre la Abogacía del Estado, ejercida para más descaro por unos que se autoproclaman “constitucionalistas”. Para tratarse de un país donde tanto se habla del Estado de derecho y del respeto a la ley, qué pronto se olvida y qué rápido se le pierde cuando no conviene.

El Diario