Miles de personas salen a calle en Madrid para defender la sanidad pública frente a la privatización y los recortes


Un momento de la manifestación convocada por la "Plataforma Plan Choque Social" que se ha iniciado en la calle Atocha de Madrid y ha finalizado en el hospital Niño Jesús, para exigir una "salida justa" de la crisis y defender la Sanidad Pública. EFE / Vi
Un momento de la manifestación convocada por la “Plataforma Plan Choque Social” que se ha iniciado en la calle Atocha de Madrid y ha finalizado en el hospital Niño Jesús, para exigir una “salida justa” de la crisis y defender la Sanidad Pública. EFE / Victor Lerena.

Unas 2.000 personas han recorrido el centro madrileño respetado las distancia de seguridad. La protesta ha acabado frente al Hospital Niño Jesús, donde una empresa privada va a gestionar un nuevo aparcamiento.

Este caluroso solsticio de verano, con mascarilla obligatoria y cumpliendo la distancia de seguridad mediante varias columnas de manifestantes por la sanidad pública, más de dos mil personas han recorrido el centro de Madrid convocados Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid y los colectivos que forman el Plan de Choque Social. La primera manifestación coordinada a nivel estatal para defender la sanidad pública ha recorrido desde las 20 horas el centro de Madrid, desde Atocha hasta el Hospital Niño Jesús, centro especializado exclusivamente en Pediatría.

Esta movilización de CAS forma parte de la campaña “Nunca Más Muertos Evitables, Nunca Más Privatizaciones”. La privatización mata y buscaba difundir las “causas del desmantelamiento y del colapso del sistema sanitario público que han quedado totalmente evidentes” ante la crisis del coronavirus, así como “presionar a los políticos para la derogación de las normas que permiten la privatización a nivel estatal: la Ley 15/97 y el articulo 90 de la Ley General de Sanidad“, explican desde la coordinadora.

Con esta marcha han reclamado el rescate de todo lo privatizado, una atención primaria centrada en la salud colectiva, la incompatibilidad del personal sanitario para que no pueda trabajar a la vez en la sanidad pública y la privada. Otras reivindicaciones de CAS son una industria sanitaria y farmacéutica pública, una sanidad universal “sin requisitos ni excepciones” y unos cuidados de nuestros mayores con dignidad. Por último, CAS ha pedido un sistema sanitario centro en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

El punto final de la manifestación no es casual. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una ampliación del Niño Jesús con un nuevo pabellón que supone según los convocantes una “privatización encubierta” ya que según la Comunidad tendrá un coste cero para las arcas públicas porque la adjudicataria del contrato obtendrá a su vez la explotación de un nuevo aparcamiento en el hospital durante un máximo de 40 años. La coordinadora se opone a esta colaboración pública-privada.

“La sanidad pública está desmantelada”

“Fuera las empresas de la universidad”, “el Niño Jesús no se vende”, “pacientes esperando, políticos robando” y “la privatización tiene solución: derogación” han sido algunos de los cánticos de la protesta. “La pandemia ha demostrado que la sanidad pública está desmantelada y ha sido a propósito por decisiones políticas de los diferentes gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas”, ha explicado a Público Ángeles Maestro, portavoz de CAS.

Según Maestro, en esta pandemia “ha habido muchas muertes evitables”, lo que considera “crímenes” cuyos responsables son “quienes han tomado las decisiones políticas”. Para Maestro, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no tiene en sus planes derogar la Ley 15/97, ya que aunque Podemos incluyó en su programa deshacer esta legislación, en el acuerdo de gobierno sólo se habla de “revisar la Ley 15/1997” y así como “el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema” sanitario. “Por eso es importante que estemos en la calle”, apostilla.

La portavoz del CAS también destaca que la atención primaria, “quien tenía que haber llevado a cabo el programa de detección precoz”, fue “lo primero en ser desmantelado”, lo que ha dado que el virus “desembocase en unas urgencias ya colapsadas antes de la COVID-19”. Maestro también ha incidido en que todas las epidemias “tienen un sesgo de clase social importantísimo. No afecta a todos por igual”.

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La protesta se ha repetido en al menos otras 41 localidades a diversas horas a lo largo de este sábado. Tanto en ciudades como Barcelona en Plaza Sant Jaume como en pueblos como Traspinedo (Valladolid), donde han reivindicado la sanidad pública frente al consultorio médico de esta localidad de poco más de 1.000 habitantes, miles de personas han defendido la sanidad pública convocadas por CAS y Plan de Choque Social.

La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid nació en 2004 y la forman profesionales del sistema sanitario y usuarios/as y, así como organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas como el Sindicato Asambleario de Sanidad, varios sindicatos de CNT de la Comunidad de Madrid, Solidaridad Obrera y la Plataforma Sindical EMT.

1997, año cero de la privatización sanitaria

La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud fue aprobada en 1997 por el PP, el PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria. En su único artículo, esta norma afirma que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. “Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto”, afirmó a Público Ángeles Maestro, exdiputada de Izquierda Unida que votó en contra de este ley y ahora portavoz de CAS.

La organización rechaza volver a una situación de partida con un sistema ya desmantelado y destaca que la dependencia de los hospitales privados del presupuesto público. En 2016, uno de cada cuatro euros ingresados por hospitales privados vino de presupuestos públicos, defienden. Por eso piden derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986 que permite los conciertos, un sistema de “parasitación del sistema público” creado “para que los hospitales privados complementaran a los públicos excepcionalmente” pero se ha convertido en “la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizados” sus recursos, denuncia CAS. “En 2018 uno de cada siete euros se dedica a conciertos privados, más de 10.000 millones de euros”, añaden desde el colectivo.

Público

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