Lo llaman democracia y no lo es, comunicado del PCE(m-l)


¡Libertad para los presos políticos! La decisión adoptada por Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, de ordenar el ingreso en prisión de los presidentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, es un paso más, de especial gravedad, en el enfrentamiento entre el Estado monárquico y las instituciones catalanas.

Tras la declaración de independencia del pasado 10 de octubre, suspendida en el mismo acto por el Gobierno catalán, se ha sucedido una continua cascada de provocaciones del campo españolista. El Gobierno y sus cómplices exigen una rendición sin condiciones de las instituciones de Cataluña, lo que supone una provocación al pueblo catalán, que reclama, con plena justeza, el derecho a decidir su destino.

El Gobierno y las fuerzas políticas que le acompañan son plenamente conscientes de las consecuencias políticas de esta decisión; de hecho, algunos de sus representantes (particularmente los dirigentes de Ciudadanos y el portavoz del PP catalán) presionan para ir más allá, al solicitar la inmediata aplicación del artículo 155 o la prohibición de programas electorales de contenido independentista.

Todo ello, en un Estado que aún mantiene en sus calles los nombres de algunos de los más salvajes criminales del fascismo europeo y miles de víctimas del terrorismo franquista en las cunetas, y que ha echado paletadas de silencio sobre los casos de terrorismo de Estado o de corrupción, cuyos procesos se dilatan en el tiempo, sujetos a un escrupuloso formalismo jurídico, en tanto se aplica con mano de hierro la ley -su ley- a cualquiera que ose poner en cuestión el «orden constitucional».

El bloque de poder quiere la derrota sin condiciones ni paliativos de los sectores radicalizados de la burguesía catalana, y con ese objetivo va cerrando todas las puertas para una solución negociada. El coordinador del PP, Martínez Maillo, enmarcaba el encarcelamiento de los dirigentes nacionalistas dentro de la «normalidad institucional»; también Rajoy, Rivera y Sánchez insisten una y otra vez en que, para cualquier negociación, el Gobierno de Cataluña debe respetar la «legalidad democrática» y la Constitución de 1978.

La realidad es que estos mismos representantes políticos de la oligarquía española, que somete a las clases populares a un constante deterioro de sus condiciones de vida y trabajo, han venido cambiando las leyes y la vetusta y limitada Constitución monárquica a su antojo, ignorando la opinión de la mayoría trabajadora. En la España actual, ellos son los que dictan las leyes y determinan los límites de la democracia.

No, no estamos ante una pugna entre el Estado defensor de la democracia y una minoría independentista que la ignora. Estamos comprobando en los hechos que la democracia de la que hablan Rajoy y sus aliados es realmente una dictadura de clase, cuyas normas son consensuadas por una casta política a espaldas de la mayoría social.

¿Qué mejor prueba que el hecho de que la detención e ingreso en prisión de los representantes de Òmnium y ANC haya sido ordenada por una jueza de la Audiencia Nacional, un órgano jurisdiccional heredero del Tribunal de Orden Público franquista? Baste decir que su constitución, el 4 de enero de 1977, tuvo lugar al tiempo que se disolvía aquel instrumento represivo del franquismo, que con la justificación de garantizar la «democracia orgánica» del asesino Franco reprimió brutalmente a decenas de miles de luchadores antifascistas y demócratas.

Basta ya de engaños. Lo que estamos viviendo estos días muestra, como venimos insistiendo, la verdadera naturaleza reaccionaria del régimen del 78, que siempre ha respondido de la misma forma cuando se han puesto en cuestión sus normas, impuestas por una casta de políticos vividores: así enfrentó la movilización sindical, aprobando el artículo 315 del Código Penal, que ha llevado ante los tribunales a más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga; así, también, respondió a la justa indignación ciudadana contra los brutales recortes del primer gobierno Rajoy, aprobando la ley mordaza, auténtica norma de excepción que penaliza el libre ejercicio de los derechos democráticos de expresión, información y manifestación.

«Lo llaman democracia y no lo es», gritaban por primera vez miles de gargantas en febrero de 2003 para expresar el rechazo a la guerra del Golfo, decidida también “democráticamente” por el truhán Aznar, junto a Blair y Bush. Ese mismo grito lo han repetido cientos de miles de gargantas en la oleada de movilizaciones contra los recortes aprobados por el gobierno Rajoy.

Estamos viviendo un estado de excepción de hecho, con el que el núcleo de poder pretende acallar las protestas de un pueblo que quiere tomar parte en las decisiones que le afectan. No están, por tanto, en juego únicamente los derechos del pueblo catalán: el Gobierno y sus cómplices están violando los más elementales derechos democráticos de todos, con la misma impunidad de siempre.

En estas circunstancias, nuestro Partido insiste de nuevo en su llamamiento a todas las fuerzas de izquierda y democráticas para unir en un único esfuerzo la lucha por la democracia, por la superación del régimen corrupto y antidemocrático del 78. Manifestamos también nuestro apoyo al llamamiento de la Junta Estatal Republicana para iniciar una campaña unitaria que permita abrir el camino hacia la República Federal, y llamamos a convertir el 6 de diciembre de este año en una convocatoria general que sirva como expresión y catalizador de la exigencia de ruptura con el régimen monárquico.

¡Libertad para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez!

¡Basta ya de engaños! ¡¡¡Lo llaman democracia y no lo es!!!

Madrid, 17 de octubre de 2017

Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Comité Ejecutivo