Guantánamo: El precio de un eufemismo


Unos 380 millones de dólares

Unos 380 millones de dólares anuales destina EE. UU. a mantener la cárcel instalada en el territorio cubano ilegalmente ocupado por la Base Naval. Otros tantos millones pagó por métodos de tortura

La prisión de la Base Naval de Guantánamo es uno de los lugares más oscuros del planeta. No se trata solo de un eufemismo, en medio del sol tropical, esa zona robada a Cuba acoge uno de los llamados «sitios negros» de la CIA, donde se sometió a torturas a «sospechosos» de la guerra contra el terrorismo desatada por Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001.

Cuando cayeron las torres gemelas en Nueva York, cambiaron las dinámicas belicistas en el mundo. Washington y sus aliados de la OTAN abrieron frentes de combate en varias naciones del Medio Oriente, en una campaña costosa y larga que al día de hoy les siguen dando resultados infructuosos.

Las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo, con prioridad para los presuntos responsables detrás del 11-S.

Al mismo tiempo, la Agencia Central de Inteligencia desplegaba sus métodos y agregaba al diccionario bélico global (ya engrosado con nuevos términos como «guerra no convencional» y «daños colaterales») las técnicas de «interrogatorio mejorado», ese sí, un gran eufemismo para la palabra tortura.

Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en la base militar se llenó de sospechosos, y la mayoría de ellos no fueron llevados a juicios.

Pero no fue esta la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales «ataques terroristas», reseña en un artículo la BBC.

Mientras, un reporte de la estadounidense National Public Radio arroja otras luces sobre el tema: cerca de 800 detenidos han pasado por Guantánamo desde 2002, y 40 permanecen confinados allí. Algunos han estado presos durante 18 años sin ser acusados formalmente de cargos específicos. Y el caso legal contra los ejecutores de torturas en Guantánamo ha estado en un punto muerto durante mucho tiempo.

En la propia corte militar establecida en la Base Naval se han llevado a testificar a los sicólogos estadounidenses que estuvieron detrás del llamado «interrogatorio mejorado». James E. Mitchell y Bruce Jessen idearon y en muchos casos probaron, implementaron y evaluaron el interrogatorio mejorado de la CIA, que incluía el ahogamiento simulado, y otras técnicas de tortura como encerrar a los reos en pequeñas cajas, aislamiento extremo, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.

«Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa a través de severas técnicas de tortura, y fueron justificados con una serie de memorandos, en los cuales aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo», explicó Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asistió a las audiencias en Guantánamo.

Ambos sicólogos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y crearon una compañía privada en 2005 (Mitchell, Jessen y Asociados, con oficinas en Washington y Virginia) para proveerle de métodos y mecanismos para sacar información a los presos, que al final nada lograron, pero fueron sustanciosos para sus cuentas bancarias.

No obstante, un informe del Senado de Estados Unidos sobre el tema detalló que «ninguno de los dos sicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes».

Desde que se desclasificó su identidad, la Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por «violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina».

«Eran charlatanes, que cometieron actos atroces de crueldad y barbarie al amparo de una seudociencia por la que el Gobierno de Estados Unidos pagó 80 millones de dólares», indicó a BBC Mundo, Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar las detenciones ilegales en Guantánamo.

Según datos de la investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y a Jessen 1 800 dólares diarios a cada uno y la compañía que crearon recibió los 80 millones hasta que prescindieron de sus servicios en 2009, más otros cinco millones que reciben por un contrato de indemnización que la Agencia firmó con ellos y que cubre, entre otros, procesamientos criminales.

Hasta 2021, fecha en la que vence el seguro, la CIA está obligada a pagar gastos legales de la empresa. Por lo que siguen recibiendo dinero por esas especies de juicios fantasma donde afirman con total falta de vergüenza ser los creadores de métodos de torturas y aseguran que lo harían de nuevo si fuera necesario.

El programa de tortura de la CIA, según fuentes gubernamentales, fue cerrado en enero de 2009 por el entonces presidente de EE. UU. Barack Obama. Pero la cárcel de Guantánamo permanece con un costo operacional de 380 millones de dólares al año, según declaró el Departamento de Defensa a la prensa estadounidense.

Los gastos comprenden los vuelos chárter que se realizan solo para algunos pasajeros y cientos de miles de dólares en dispositivos electrónicos intencionalmente destruidos para borrar información clasificada. Y no incluyen otros 60 millones anuales para mantener la Base Naval y el salario del personal militar, entre ellos los 1 800 guardas que vigilan a los 40 prisioneros en la ilegal base de Guantánamo.

«Es un gasto de dinero horrible, catastrófico. No importa si usted quiere ver a todos esos hombres muertos en las calles o si no piensa que Guantánamo en sí mismo es una aberración que debería estar cerrada ya —cualquiera que sea su objetivo, la comisión militar ha fallado en lograrlo—», asegura Michel Paradis, abogado de Abd al-Rahim al-Nashiri, el prisionero de origen saudita considerado la mente maestra tras el atentado al barco de guerra USS Cole en octubre de 2000, mientras se encontraba anclado en Adén, y quien desde su captura en Dubái en 2002 estuvo cuatro años en los «huecos negros» de la CIA en Afganistán, Tailandia, Polonia, Marruecos y Rumania, hasta su transferencia a Guantánamo.

Los miles de millones de dólares gastados en Guantánamo son totalmente innecesarios, es la conclusión del coronel Morris Davis, ex fiscal jefe de las comisiones militares del campo de detención en Guantánamo entre 2005 y 2007.

Y es así, porque los métodos de torturas no solo son crímenes, además resultan ineficientes. La CIA asegura que los ha utilizado para extraer información que ayuda a capturar  a otros terroristas, detener futuros ataques y salvar vidas. Pero un reporte del Senado de 2014 concluyó que la información no era de ayuda, a pesar de que el reporte solo recoge un 30 por ciento de lo que realmente ocurrió allí.

La prisión de la Base Naval se mantiene como ese sitio oscuro y mucho dinero estadounidense se destina para mantener oculto los horrores «mejorados» que la CIA compró.

Juventud Rebelde