Ningún engaño más a las víctimas del franquismo, por Joan Tardà


Trabajos de excavación en la fosa común de Gurb, efectuados en 2008 por un equipo de invesigadores coordinado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

En el 2007, el republicanismo catalán, a pesar de haber sido palanca para la existencia de ley de la memoria histórica al exigirla a Rodríguez Zapatero en el 2004, se vio obligado a votar en contra. El tiempo nos dio la razón. La ley no permitía actuar como en otras sociedades donde habían sufrido también regímenes políticos vulneradores de los derechos humanos: hacer prevalecer la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Ciertamente, formaciones políticas que apoyaron el texto legislativo al cabo de un tiempo rectificaron. Pero el daño ya estaba hecho, porque entonces el PSOE rechazó cualquier reforma, y con el acceso al Gobierno de Rajoy todo fue a peor.

Efectivamente, la ley no solo no contemplaba a todas las personas represaliadas, sino que, sobre todo, no les era reconocida la condición jurídica de víctimas porque se temían PSOE y PP que, una vez fuera reconocida esta condición, hubiera quien pretendiera llevar ante los tribunales a Manuel Fraga Iribarne, entonces vivo. Y a tantos otros. Blindado este flanco, había que impedir, también, incorporar en la ley la ilegalidad de los tribunales, por lo que el Gobierno integró la tesis de que la declaración de ilegitimidad de los tribunales era suficiente para obtener las anulaciones de las sentencias. Fue un espejismo interesado para confundir a las víctimas, que cayeron en el desengaño cuando los tribunales se encargaron de inmediato de frustrar sus demandas de anulación, argumentando que no se podía anular lo sentenciado por un tribunal legal. De hecho, no fue hasta la aprobación de la ley catalana del 2017 cuando fueron anuladas las sentencias emitidas en territorio catalán, entre ellas la del ‘president’ Companys. En consecuencia, quedan por anular decenas de miles de sentencias emitidas por los diferentes tribunales franquistas con sede en Madrid.

Ni capacidad para juzgar a los verdugos y primar la justicia, pues, ni comisiones de la verdad, a la manera de Sudáfrica, para hacer prevalecer los valores democráticos en las nuevas generaciones, condenadas a la intemperie de la banalización de los crímenes contra la humanidad cometidos y no metabolizados. Y una serie larga de anomalías, que permanecen y deberían avergonzar a una sociedad de democracia avanzada. Desde el no reconocimiento de las responsabilidades del Estado español en la deportación de miles de republicanos a los campos de exterminio nazi a raíz de los acuerdos contraídos con el Estado nacionalsocialista alemán, al no reconocimiento de los miembros del maquis, algunos de los cuales fueron condecorados por la República francesa, considerados todavía bandoleros, pasando por la inhibición de la Administración y del poder judicial en cuanto a la recuperación de las personas enterradas en fosas o la invisibilidad de las víctimas de la Transición. Y un largo etcétera de injusticias que golpean la dignidad de las víctimas y que culmina con la ausencia de reparaciones económicas.

El compromiso del Gobierno

Efectivamente, otros estados democráticos legislaron de modo que las víctimas fueran resarcidas de expoliaciones, robos o el trabajo esclavo. Y empresas como Krupp, Siemens, Bayer, etcétera, tuvieron que hacer frente a sus responsabilidades. En el caso español, nada de nada. Ni el Estado ha reparado a los ciudadanos a los que se incautó el papel moneda y bienes de todo tipo, ni a miles de republicanos condenados a trabajos forzados en favor de empresas que se capitalizaron gracias a su trabajo fueron indemnizados. Tampoco las personas jurídicas, como los partidos políticos a los que se habían incautado cientos de propiedades. Con una sola excepción, sorprendente: el real decreto del 2005 promovido por el ministro Jesús Caldera que permitió a UGT recibir 151 millones y salir del mal paso de la quiebra de la inmobiliaria PSV.

En la pasada legislatura, la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometió a anular las sentencias de los tribunales franquistas a cambio del apoyo a la exhumación de Franco y se avino, después de años de esfuerzo infructuoso del republicanismo y del conjunto del movimiento memorialista, a modificar la ley de la memoria. Como queda claro, pues, qué no se ha hecho, qué hay que hacer y el porqué de tanta ignominialas palabras de Gabriel Rufián en el Congreso adquieren valor como posicionamiento político y como aviso a navegantes: si quieren de una vez por todas metabolizar el pasado bajo el principio de la verdad, de la justicia y de la reparación, adelante. Si pretendieran volver a simularlo, no cuenten con nosotros.

El Periódico