El carácter fraudulento del Estado autonómico español, por JOSÉ LUIS PRIETO


Es legal la Constitución española de 1978?

Esencialmente, reside en su origen: la Constitución española de 1978 (CE78) es una Carta otorgada, no surge de unas Cortes Constituyentes. 

Para empezar, contraviene el principio democrático de la igualdad de todos los entes en ella concernidos en cuanto al acceso a los derechos que les reconoce, el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones, por ejemplo.

Asimismo, determinar quién es el titular de la soberanía, su alcance y ejercicio, son elementos clave del pacto constitucional que la CE78 aborda de manera oscura. Pues, ¿quién es el titular de la soberanía en la CE78?: ¿la “nación española”, el “pueblo español”, los “españoles”, los “pueblos de España”? Jurídicamente hablando, ¿son sinónimos esos términos? Del Preámbulo, lo parecen “nación española” (La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: … proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones) y “pueblo español” (Art. 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Ahora bien, esa soberanía que ostenta el pueblo español (nación española) es para proteger a todos los españoles y pueblos de España, lo que sugeriría que “los españoles” deben ser algo distinto del “pueblo español”, ya que resultaría una obviedad tautológica decir que el pueblo español usa su soberanía para protegerse a sí mismo, y, por otra parte, resulta claro que “españoles” y “pueblos de España” no son sinónimos, dado que ambos términos están separados por una “y”.

Desde luego, diferenciar “pueblo español” de “los españoles” es una cuestión semántica que solo parece afectar a la manera de entender el sujeto jurídico-político según las distintas escuelas jurídicas, es decir, el rechazo de algunas a reconocer a los sujetos colectivos como titulares de derechos subjetivos, que -dicho sea de paso- algunos aplican sesgadamente, pues no tienen reparo en negar a los “pueblos de España” la titularidad de esos derechos, pero en modo alguno renuncian a reconocérsela al “pueblo español”, por muy sinónimo que lo hagamos de “los españoles”, como si “pueblo vasco” o “pueblo leonés” no pudieran serlo de “los vascos” y “los leoneses”.

¿O es que se siguen procedimientos jurídicos distintos para identificar (objetivar y operativizar) quiénes son españoles respecto de quiénes son leoneses o vascos? Lo que esa sesgada interpretación en realidad esconde es la deliberada oscuridad de la CE78 a la hora de admitir que, si la nación española dispone de soberanía con el fin de proteger a los pueblos de España, es que estos deben ser titulares de alguna clase de derechos y que deberían disponer de alguna clase de soberanía para ejercerlos, es decir, compartir soberanía con el pueblo español. Ello supondría -en el caso de una Constitución bien intencionada- que, inmediatamente, se reflejara en ella la relación de pueblos de España que comparten soberanía con el pueblo español, algo que se eludió en beneficio de un procedimiento farragoso de carácter administrativo (no histórico, ni antropológico ni cultural) de identificación de esos pueblos en función del derecho al autogobierno de unas supuestas “nacionalidades y regiones” (Art. 2) que, en sí mismas, no tienen acceso a él, puesto que son las “provincias limítrofes con características históricas comunes…” (Art. 143.1) las entidades que pueden hacerlo. Pero se optó por un régimen discompetencial tutelado de soberanía única.

La verdad es que la CE78 no muestra ningún interés por los “pueblos de España”, término que solo vuelve a aparecer una vez, en el Art. 46, referido al patrimonio histórico y cultural. Es como si dejaran de existir, extrañados de la soberanía. Y esto es algo que no solo da cuenta del gran divorcio existente entre los Estatutos de Autonomía -que fijan los pueblos respectivos como sujetos jurídico-políticos titulares de los derechos subjetivos que protege el Estatuto- y la CE78; es decir, que el Estado Autonómico se crea al margen de la Constitución, algo que todo el mundo sabe. Pero no solo eso, sino que, dentro de la misma CE78, hay razones para dudar de que las “nacionalidades” y “regiones” del Art. 2 tengan algo que ver con los “pueblos de España” del Preámbulo.

Ya en el Articulado, para “pueblo español” también hay solo dos menciones: la citada del Art.1.2 (la soberanía nacional corresponde al pueblo español) y, otra, en el Art. 66 (las Cortes representan al pueblo español). Lo que supone que la soberanía está representada en las Cortes Generales y que no puede gestionarse ningún tipo de soberanía o cosoberanía en las Cortes Autonómicas. ¿Por qué se hizo así y se optó por la introducción en la CE78 de un régimen asimétrico de excepcionalidades en materia de acceso al autogobierno, entiéndase las que recogen la Disposición Adicional Primera (DAP) y la Disposición Transitoria Segunda (DT2)? Conjugando el Art. 151.1 CE y la DT2, vascos, catalanes y gallegos se ahorraron el llamado “referéndum de iniciativa autonómica”, saltándose la LO 2/1980 de Régimen de Modalidades de Referéndum (pues la iniciativa estaba en los Órganos Preautonómicos Colegiados Superiores), al cual debían someterse el resto de las futuras comunidades autónomas que pretendiesen acceder a la Autonomía por la vía rápida del Art. 151.2.

Esto permitió que regiones como Galicia, convertida en “Comunidad histórica” merced a la DT2 -además de ahorrarse el referéndum de vía rápida Art. 151- pudiera aprobar un Estatuto de Autonomía con el voto favorable neto del 16% del electorado con derecho a voto; que regiones históricas como León (o Castilla la Vieja) se vieran privadas del acceso al autogobierno ni por la vía rápida ni por la lenta, y que otra región, Andalucía, accediese a la Autonomía -en opinión de autores como el profesor Tomás Villarroya– mediante “la violación posiblemente más retorcida de la Constitución, entre todas las que acompañaron al proceso autonómico de las Comunidades”, de forma que “Andalucía llegó a la autonomía por una vía singular, trazada mediante el derribo calculado de las líneas fijadas en la Constitución”. En el capítulo “El caso andaluz”, de mi libro, ‘España necesita un nuevo Estado‘, se demuestra la veracidad de esta afirmación, disponiéndose nada más y nada menos que dos Leyes Orgánicas para contravenir la voluntad popular expresada en las urnas. A esto se le podría llamar “oportunismo legislativo”, pero no es otra cosa que un buen ejemplo de “prevaricación ideológica” inherente a todo “fraude democrático”.

Por no incluir en estas excepcionalidades la de los derechos propios, concretados en el Art. 3.2 y 149.1.8ª, derechos que sirven para crear un Derecho que la Constitución permite para Euskadi, Cataluña, Galicia, Aragón, Navarra, Baleares y Valencia, con el argumento de que se trata de territorios con historia, derecho propio, cultura y lengua comunes, cada uno de ellos criterios bastantes para dar lugar al “hecho diferencial”. Lo que se hizo con las regiones históricas de León y de Castilla la Vieja es un atropello histórico que merece un tratamiento singular.

Esto solo pudo ocurrir porque la creación del nuevo Estado Autonómico Español estaba precocinada de antemano, situando a las Cortes de 1977 no ante un proceso constituyente, sino ante la aceptación de lo que se denominó “paquete constitucional”, un trágala de todo o nada que incluía: la forma del Estado (monarquía), la forma de Gobierno (parlamentaria, heredera de la Ley de Reforma Política de 1976), la organización territorial (autonómica, de acuerdo con el Decreto Ley -preconstitucional- de creación de los entes preautonómicos) y el sistema electoral (proporcional corregido, de acuerdo con la Ley para la Reforma Política de 1976 y el Decreto Ley de marzo de 1977, regulador de las elecciones de junio de 1977 e inspirador de la actual Ley Electoral. Es decir, todo estaba ya decidido. Por eso hay que concluir, con autores como el politólogo Castro Villacañas, que las Cortes del 77 no fueron nunca, ni en la forma ni en el fondo, Cortes Constituyentes. Fueron un poder constituido que se declaró a sí mismo constituyente.

Y salió lo que salió. Tenía que quedar bien claro que el Estado Autonómico no era un Estado Federal, el Estado que hoy España necesita, pero que no se alcanzará mientras instituciones y poderes con privilegios vinculados a la CE78 sigan considerando que el pueblo español continúa inmaduro para unas obligadas y pendientes Cortes Constituyentes.

Diario de Castilla