Por una República Democrática de Trabajadores de toda clase y Federal

La educación pública depende de nosotros


Comunicado de REPUBLICANOS para las manifestaciones de este sábado en Valencia y Alicante

Poco ha esperado el Gobierno pepero para iniciar su gran ofensiva contra la educación pública. Aún estamos digiriendo los efectos del Decreto de recortes de abril: primero, las familias con el impago de las becas; luego los interinos con su cese en junio, a lo que siguió la masacre de las adjudicaciones, con 2200 trabajadores contratados menos que el curso anterior (y un saldo total de casi 8000 aspirantes sin puesto); el abusivo incremento de las tasas universitarias; el caos de los desplazamientos y supresiones; ahora, al empezar el curso, y mientras los docentes ahorran para compensar la pérdida de la paga de Navidad, nos encontramos con los retrasos en la sustituciones y las aulas a rebosar, el incremento de horas docentes, el recorte en el transporte y comedores, la subida del IVA para el material escolar… Y, mientras tanto, vamos conociendo con más detalle el punto de llegada al que nos quieren conducir, por medio de la Ley Wert (LOMCE).

Esa es la gran cuestión, ante la que palidecen los ataques anteriores, más o menos puntuales, contra lo público. Las derechas, los fieles representantes del capital, de la gran patronal, de los defraudadores y de los especuladores, pretenden hacer realidad los proyectos que vienen preparando desde hace dos décadas en nuestro país. Y, para conseguirlo, Rajoy y sus secuaces no han dudado en dejar hacer durante todo el verano, animando incluso los ataques especulativos (con la famosa prima de riesgo por las nubes): han dejado pudrirse la situación para precipitar el “rescate”; así, ahora pueden intentar hacernos creer que los recortes «son inevitables», «los exige la Unión Europea», etc., etc. Pamplinas. Esta es justamente la situación que buscaban para poder hincar el diente al escaso patrimonio público que dejaron las privatizaciones del PP$OE; para poner la educación, la sanidad, los ferrocarriles, en manos de sus amiguetes de la banca y la construcción.

Así pues, ¿qué nos preparan?

Una privatización brutal de la educación (y de la sanidad); es decir, una enorme transferencia de recursos hacia el beneficio privado y las rentas altas. Aunque la privatización de la Educación Infantil ya fue impulsada por la LOE de Zapatero, esa catástrofe política llamada Esperanza (?) Aguirre puso en práctica una fórmula más acabada en la Comunidad de Madrid. Amparándose en la «libertad de elección», se trata de regalar suelo público, cuando no colegios construidos, a empresas privadas (constructoras, órdenes religiosas, etc.), para que levanten y exploten sus propios centros (nuestros famosos CIS). Y, por otra parte, se distribuye dinero público a las familias, independientemente de su nivel de renta, para que “elijan” entre centros públicos y privados. Así, en lugar de redistribuir los ingresos de quienes más tienen, se les devuelve a los más ricos parte de lo que pagan en impuestos (que es más bien poco).

Una segregación social completa entre los centros educativos. Por supuesto, la «libertad de elección» no llegará a las familias trabajadoras, puesto que a lo anterior se suma la «autonomía de los centros». Ya sabemos, por las prácticas de la concertada, qué significa esto en el idioma pepero: los centros podrán “elegir” a su alumnado, ya sin importar su colegio de origen, porque para eso quieren implantar el «distrito único». Con esto, lo que se hace es fomentar la competencia entre centros, de acuerdo con el fracasado y machacón modelo neoliberal. ¿Con qué fin? Dicen que para mejorar «la calidad» (¡ojo con esta palabra, tan querida por los buitres privatizadores!) de la educación; pero esto significa, en cristiano, que sólo habrá financiación suficiente para los centros «competitivos»; es decir, que consigan los «resultados» exigidos por los famosos «contratos-programa». No hace falta ser un lince para comprender que los mejores «resultados» serán los de aquellos centros situados en los barrios más acomodados, donde se concentren los hijos de las clases pudientes y se vete de cualquier manera la entrada a alumnos con problemas de aprendizaje o de conducta, que no puedan pagarse refuerzos en academias, etc., etc. A éstos, no les quedará siquiera el recurso a los desaparecidos desdobles y refuerzos. Pero ya se sabe que, para la chusma que nos gobierna, la educación pública sólo tiene un valor «asistencial». Añádase a esto que, en los EEUU (modelo para los Wert de todo el mundo), empresas y particulares financian los centros a conveniencia, pudiendo intervenir incluso en los contenidos enseñados (como se está promoviendo en nuestras universidades): otra de las “maravillas” de la «autonomía de los centros».

Unas condiciones laborales precarias y salarios a la baja. Para los intereses de los especuladores, defraudadores y demás amigos de lo ajeno, ser «competitivos» significa bajar salarios y despedir libremente, también en el sector público. Así, pueden seguir pagando unos impuestos ridículos y mantener sus beneficios (que son el verdadero lastre para la famosa «competitividad»). Para mantener lo que quede de la sanidad y educación, ya nos encargaremos de pagar los trabajadores, a través del IVA, recetas médicas, comida de casa… El modelo de Wert facilita el proceso, otorgando a unos equipos directivos cada vez más controlados la potestad de gestionar incluso parte de las contrataciones. Los «becarios de Inglés» de Catalá son un avance de lo que prepara esta gentuza. Pero eso no es todo. El cierre de los CEFIRE adquiere todo su sentido en este contexto, más allá del “ahorro” inmediato o del que se consigue bloqueando la formación asociada al pago de sexenios. Se trata también de empeorar la formación del profesorado y, por tanto, lacalidad de la educación. El objetivo es, por supuesto, domesticar totalmente al profesorado, inoculando el miedo y la desmoralización en los centros.

Un alumnado que sea futura carne de cañón. En este modelo, los hijos de las clases populares tienen ya su puesto asignado, a través de itinerarios tempranos que en general los dirijan hacia puestos de mayor o menor cualificación, pero en todo caso subalternos, como nos corresponde a los trabajadores según el pensamiento conservador. Para dirigir la sociedad, piensa el Gobierno, ya están las elites, nada interesadas en transformar los engranajes políticos, económicos y sociales. Para ellos son el «plurilingüismo» y la «excelencia».

Así pues, ¿para qué pensar? En esto, sin duda, Wert tiene mucho que agradecer al modelo tecnocrático impuesto por sus adversarios (?) con una híbrida LOGSE y con la LOE, con toda su palabrería sobre los «ciudadanos autónomos pero responsables», las «competencias», los contenidos cada vez más cerrados, etc. La «reválida», esa reminiscencia franquista, viene a culminar el proceso, convirtiendo la enseñanza en una simple preparación de exámenes, que ya nos podemos imaginar bajo qué presupuestos serán diseñados. En definitiva, el regreso a una educación “enciclopedista” (que jamás se fue) y el entierro del pensamiento crítico.

Una educación retrógrada al servicio de una ideología reaccionaria. El modelo Wert (aunque más bien cabría denominarlo Wert-Aguirre, pues la LOCE avanzaba todas estas ideas) es, en definitiva, la concreción del proyecto neoliberal para el ámbito educativo, salpimentado por el nacionalcatolicismo en que se educaron sus creadores. Porque toda la palabrería de los consejos de administración (productividadcompetitividadcalidad…) convivirá, sin duda, con un trasvase de recursos nada liberal a las arcas de empresas privadas y, desde luego, entidades religiosas. Para apreciar la revitalización que va a disfrutar el nacionalcatolicismo en nuestras aulas, no hay más que ver la pervivencia de los vetustos privilegios eclesiásticos: ni los profesores de Religión (puestos a dedo por los obispados) han visto modificadas sus condiciones de jornada, vacaciones y salario, ni los curas (que no cotizan) han perdido su tarjeta sanitaria. Para que luego hablen de los inmigrantes…

Este es, pues, su modelo. Ahora bien, ¿es inevitable, como pretenden hacernos creer? Evidentemente, no. Pero, para vencer, para salvar la educación pública, vamos a tener que poner mucho esfuerzo, imaginación y organización. Y, sobre todo, construir nuestra propia alternativa, dotarnos de un horizonte por el que luchar. Para ello, apuntamos algunas propuestas:

  • Debemos recuperar el papel del profesorado y de los centros educativos como intelectuales y dinamizadores sociales; tenemos la responsabilidad de formar un alumnado crítico que pueda hacer frente al ataque global, presente y futuro, contra las clases populares, y construir un mundo más justo. Ya hemos soportado demasiados ataques materiales y morales; es hora de pasar a la ofensiva también en el campo ideológico, y los docentes, uno de los sectores más formados, tienen la obligación social de contribuir a ella. Nuestra lucha es la misma que la de los mineros, sanitarios, jornaleros, ferroviarios… ¡No somos clase media, somos trabajadores!
  • Debemos construir entre todos una educación científica, laica, democrática y de calidad, no sujeta a la presencia ideológica de elementos extraños a ella como las iglesias, que eligen a su propio profesorado pagado con fondos públicos y detraen horas de formación académica. La formación religiosa debe quedar fuera de los centros y hacerse a expensas de los creyentes.
  • Hay que promover la organización y participación de los padres y madres, ya sea desde las AMPAS o desde los propios centros. Hay que informar/informarse y promover acciones conjuntas de toda la comunidad educativa en los colegios e institutos. A las familias no las pueden machacar.
  • Hay que favorecer la organización de los estudiantes y la participación de niños y jóvenes de todos los niveles en las acciones de protesta. Si ellos perciben el malestar y el conflicto todos los días en casa y en la escuela, ¿por qué no hacerlos partícipes de su resolución? ¿Podrá haber algo más educativo?
  • Debemos reforzar la unidad de todos los sectores de la comunidad educativa, movilizándonos y promoviendo iniciativas de solidaridad y de innovación educativa (bancos de libros, proyectos curriculares alternativos…), frente a los recortes y los intereses de las editoriales.
  • Asimismo, hay que promover la unidad con el resto de empleados y usuarios de lo público. Hay que ir a las asociaciones de vecinos, a los barrios, a los centros de salud, y hablar, explicar y, por supuesto, movilizarnos y molestar a los “recortadores”.
  • Debemos promover una movilización continuada, con hitos de diferente intensidad, para poder asociar al mayor número de gente a la protesta: marchas, concentraciones, repartos, paros, huelgas… La movilización no puede apagarse, da igual la forma que adquiera.
  • Los problemas de la educación pública (y del desarrollo económico y social en general) no se resuelven con recortes, sino obteniendo más impuestos de quiénes más tienen. Bajar impuestos directos no es de izquierdas. Hay que incrementar el impuesto de Sociedades y el tipo máximo de IRPF, gravar fuertemente las SICAV, recuperar el impuesto de Patrimonio, eliminar las exenciones a la Iglesia, los gastos de la Corona y los asesores puestos a dedo… El problema no son los salarios, sino los beneficios.

Y, en definitiva, debemos plantearnos que el fondo del problema es político; que lo que falla es el entramado jurídico, legal, económico, social. Que es necesario forjar la unidad entre los sectores populares para hacerle frente, y que no podemos confiar en un mero cambio de actores para seguir sometidos a las mismas reglas. Que hay que superar este régimen diseñado a la medida de banqueros, grandes empresarios, especuladores, defraudadores y caciques varios, que no vacilan en ahogarnos para mantener sus prebendas. Y que, en España, la forma de acabar con un orden injusto como este siempre ha tenido un nombre: República.

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