La proclamación de  la II República el 14 de abril de 1931 fue un acontecimiento trascendental en la historia contemporánea española. La inmensa alegría popular  manifestada ese día  en las calles y plazas de toda España reflejaba el anhelo  de profundos cambios políticos, económicos y sociales por parte de los sectores populares. El triunfo electoral en las elecciones municipales del 12 de abril fue la expresión política  de una alianza de clases sociales que englobaba a amplios sectores del proletariado, clases medias, pequeña y mediana burguesía, junto con extensas franjas del nacionalismo catalán. Se configuraba  un nuevo bloque de poder frente al tradicional bloque oligárquico agrario y financiero que había ostentado la hegemonía política desde 1833.

Entre 1931 y 1933, el gobierno republicano-socialista, liderado por Manuel Azaña, intentó llevar adelante un conjunto de modificaciones estructurales –reforma agraria, militar, eclesiástica, educativa, laboral, etc.– cuyo objetivo era modernizar el país y quebrar algunas de las bases del poder económico e ideológico de la oligarquía. Ahora bien, este proyecto estuvo lastrado por un conjunto de obstáculos  y dificultades de orden interno y externo que impidió su plena realización.

El gobierno de Azaña no fue capaz de modificar en profundidad el aparato del Estado. El relevo de los gobernadores civiles y la creación de la Guardia de Asalto se mostraron insuficientes para contrarrestar el peso de la burocracia policial, militar y administrativa hostil a la República. Las reformas del gobierno chocaron con unas instituciones ancladas en la monarquía alfonsina y refractarias a los cambios propuestos por el nuevo régimen.

La coalición gubernamental tampoco pudo neutralizar la influencia ideológica  de la oligarquía sobre extensos sectores de la sociedad española. Los medios de comunicación social de la derecha española, encabezados por “ABC y “El Debate”, mantuvieron alejados del régimen a segmentos considerables de la pequeña burguesía y las clases medias. Los medios afines  a la República no pudieron romper la hegemonía ideológica que ejercía la Iglesia sobre la población católica. Además, la derecha, dispersa y desorientada el 14 de abril, demostró tener una gran capacidad organizativa tras la derrota electoral. La constitución de la Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA), dirigida por Gil Robles, y de Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo, dotaron a la oligarquía de poderosos instrumentos con los que obstaculizar  el proyecto modernizador republicano.

Por otro lado, en el gobierno existían contradicciones internas y líneas de fractura que erosionaban la colaboración entre republicanos y socialistas. El fracaso de la reforma agraria y la sangrienta represión de los conflictos sociales, como en el caso de Casas Viejas, distanciaron del gobierno a un sector del PSOE, representado por Largo Caballero, quien experimentó una radicalización política formalmente bolchevizante, pero sin consistencia ideológica. La posición caballerista reflejaba las insuficiencias teóricas del socialismo español, que impedían al PSOE valorar adecuadamente el tipo de revolución que debía afrontar el proletariado español y, por ende, establecer una política correcta de alianzas.

Finalmente, Azaña se enfrentó a la implacable hostilidad del anarcosindicalismo. Las insurrecciones de enero de 1932 y enero de 1933, promovidas por  la CNT, erosionaron gravemente la estabilidad del gobierno.

Todos estos elementos desembocaron en la dimisión de Azaña en septiembre de 1933 y la convocatoria de elecciones para noviembre de ese año. El triunfo de la derecha abrió una etapa en la que la oligarquía trató de recuperar la hegemonía política perdida el 14 de abril, pero las discrepancias entre el partido Radical y la CEDA, que expresaban las contradicciones entre terratenientes, burguesía industrial y financiera, frustraron esa posibilidad. Los gobiernos del bienio negro (1934-1935) se mostraron incapaces de consolidar un proyecto coherente de República conservadora que fuese más allá de la represión sangrienta sobre la izquierda. Incapaz de imponer la dominación política e ideológica sobre una  clase obrera que no se mostraba dispuesta a aceptar los límites estrictos de una República burguesa, la oligarquía apostó por la salida golpista.

Los dos años de gobierno de la derecha  condujeron a la izquierda a una profunda reflexión política, destacando la posición del Partido Comunista de España, quien abogó por la constitución de un Frente Popular como herramienta para frenar a la derecha fascistizada  y llevar a cabo las tareas pendientes de la revolución democrático burguesa.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 rompió cualquier ligazón de la derecha con la República. La victoria de la izquierda mostró a la oligarquía que  en el marco jurídico y político republicano era imposible recomponer sus tradicionales mecanismos de poder. Se optó entonces por  una solución fascista  que combinase una represión salvaje con nuevas formas de control y encuadramiento del proletariado.

El fascismo fue la solución política a la crisis de dominación y  hegemonía interna que se había instalado en el bloque de poder dominante desde 1917. Las clases  dominantes españolas no dudaron en desencadenar la guerra civil para cerrar el paso al poder de un nuevo bloque social popular.