Sobre el proceso judicial contra los jóvenes de Alsasua


En octubre de 2016, en Altsasu, Navarra, una pelea en un bar con dos guardias civiles y sus compañeras lleva a prisión a 7 jóvenes vascos, dos menores de edad. En diciembre, 4 fueron puestos en libertad con cargos.

Manifestación en Alsatsua pidiendo la libertad para los siete jóvenes

Los jóvenes fueron imputados, por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, de delitos de “incitación al odio” y de “terrorismo”, calificación que ha defendido el Ministerio Fiscal porque responde al “acoso que la izquierda abertzale sigue manteniendo sobre los guardias civiles y su entorno en muchas localidades de Navarra y el País Vasco”. Ello conlleva que sigan encarcelados, con “medidas extraordinarias de aislamiento y separación” (régimen FIES), y cuyas consecuencias penales puede ser 10-15 años de cárcel. Durante todo el proceso judicial, que tiene mucho de político, ha tenido lugar toda una suerte de arbitrariedades jurídicas. Hace unos días conocíamos la petición del Fiscal: 375 años de prisión para los encausados.

La imputación de “delito de terrorismo” ha sido cuestionada por voces tan autorizadas como la Audiencia Provincial de Navarra, que ha mantenido que no hubo concurrencia de indicios para que los hechos acaecidos hayan sido calificados como terrorismo. Y pone en evidencia la injusticia de esta Justicia rancia, vengativa, reaccionaria, legado del franquismo. Busca imponer una pena ejemplarizante para la juventud vasca y, de paso, para el conjunto de la juventud en España, que reniega de este orden de cosas, de la falta de expectativas vitales, de la ausencia de democracia,… Repetimos aquí lo que ya señalábamos en el comunicado de apoyo a Alfón: La Ley Mordaza, la reforma del código penal, etc., van en la misma dirección: limitar la capacidad de movilización y lucha las clases trabajadores, de los pueblos de España; cercenar las pocas libertades políticas que aún nos quedan”. Y busca, además, sembrar cizaña, echar leña al “fuego” y obstaculizar la paz en el P. Vasco, aderezado todo ello con ciertas dosis de revanchismo y escarmiento. Estos jóvenes están siendo objeto de una flagrante injusticia, de violencia institucional, de un ejercicio de represión del Estado, con su ministerio fiscal y aparato judicial a la cabeza.

La portavoz del PP en Navarra preguntaba al gobierno cuatripartito “dónde está la separación de poderes”, queriendo poner en evidencia que éste violaba dicha separación al criticar la decisión de la Fiscalía. Y es justo lo que nosotros, y muchos otros, nos preguntamos: ¡¿dónde está la separación de poderes?! Y nos lo preguntamos retóricamente porque sabemos la respuesta: no la hay. No hay “Estado de Derecho”. Es el propio estado quien viola un día sí y otro también tal separación, como es el caso, porque forma parte de su código genético. Ahí están otros como el de Cristina y Urdangarín, los de corrupción del PP, el del Fiscal Jefe Anticorrupción, etc.

La ausencia de separación de poderes, heredada de los negros tiempos del franquismo, es una de las deficiencias antidemocráticas, de este heredado régimen antidemocrático; éste es la causa, aquélla el efecto. Otro efecto es la violencia del Estado, la represión, sobre todo, contra los sectores combativos de la juventud.

Se acaba con la enfermedad no atacando los síntomas sino la etiología, eso sí, utilizando todos los recursos al alcance, que no es otra cosa que la unidad de lucha, contra el enemigo común, de los pueblos de España.

Madrid, 9 de julio de 2017.

Comisión Permanente de Federación de Republicanos (RPS)