La Guardia Civil incluye bulos de Vox y protestas de EH Bildu en informes sobre el “clima contrario a la gestión de crisis”


Captura de uno de los partes diarios de Guardia Civil elaborados a partir de los informes de la Unidad de Ciberdelincuencia
Captura de uno de los partes diarios de Guardia Civil elaborados a partir de los informes de la Unidad de Ciberdelincuencia

La Unidad de Coordinación de Ciberseguridad elabora a diario un documento con un apartado dedicado a la “desinformación” en el que se mezclan tuits de formaciones políticas, críticas a las Fuerzas de Seguridad, informaciones de medios desmentidas oficialmente y otras cuya procedencia es la asociación mayoritaria en el Cuerpo

La Guardia Civil pidió a sus unidades identificar bulos que generen “desafección a instituciones del Gobierno”

La Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil elabora un informe diario sobre la actividad que detecta en internet y las redes sociales y que incluye un apartado denominado “desinformación”. Dentro figuran dos epígrafes fijos cada día: “creación de clima contrario a la actual gestión de la crisis” y “generación de estrés social en la población”. Los informes son elevados al Estado Mayor de la Guardia Civil y su contenido se incorpora al parte diario de novedades que se difunde internamente y que también se envía al Ministerio del Interior.

En esos subapartados se adjuntan contenidos difundidos durante la pandemia en fuentes abiertas, es decir, contenidos que son públicos, ya sean bulos a través de sistemas de mensajería, informaciones de medios de comunicación ya desmentidas por organismos oficiales o comentarios en redes sociales críticos con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con los Gobiernos central, autonómicos y municipales.

Entre estos últimos contenidos de redes sociales aparecen en informes elaborados durante las últimas semanas tuits lanzados desde cuentas oficiales de EH Bildu y Vox. El partido de Santiago Abascal aparece también mencionado en otro epígrafe, pero esta vez como víctima de un supuesto bulo, al igual que ocurre en un caso con Unidas Podemos.

La Unidad de Coordinación de Ciberseguridad fue creada en junio de 2019 y depende de la Dirección Adjunta Operativa del instituto armado. Se trata de un grupo de recopilación de información que recibe de las distintas comandancias y unidades de investigación los datos, los selecciona y elabora informes. La Unidad no tiene capacidades operativas y la constituyen una decena de agentes al mando de un teniente coronel. Los trabajos para su creación comenzaron a raíz de la Estrategia de Seguridad Nacional que el Ejecutivo de Rajoy aprobó en diciembre de 2017 con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Su puesta en marcha, como otros proyectos de ciberseguridad derivados de aquella Estrategia, se ha ido retrasando hasta comenzar a trabajar hace apenas nueve meses ya durante el anterior Gobierno de Pedro Sánchez.

eldiario.es ha accedido a varios informes de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad y que se dividen en cuatro apartados: “ciberdelincuencia, hacktivismo, ciberataques y desinformación”. Este último apartado de “desinformación” se desglosa en los dos citados subapartados: “creación de clima contrario a la actual gestión de la crisis” y “generación de estrés social en la población”. Dependiendo del contenido de unos u otros enlaces detectados en las últimas horas en las redes por comandancias y unidades de investigación de toda España, la Unidad de Coordinación y Ciberseguridad los encaja en los mencionados epígrafes con un criterio poco claro.

En días recientes, el apartado “creación de clima contrario a la actual gestión de crisis” adjuntaba, según aparece en el parte diario de Guardia Civil, un “artículo del medio digital Ok Diario asegurando que el Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma decretado por el presidente del Gobierno viola derechos fundamentales”. A continuación se lee: “Desmentido posteriormente por el Parlamento Europeo en su cuenta de Twitter” y el enlace al citado desmentido oficial.

En un informe de otra jornada, la Guardia Civil incluye en la “creación del clima contrario a la gestión de crisis” un vídeo de la activista feminista y colaboradora de varios medios Irantzu Varela en el que pedía no aplaudir al Ejército ni a las Fuerzas de Seguridad. Los analistas del instituto armado escriben: “Noticia online en la que detallan como la periodista Irantzu Varela Urrestizala ha criticado a través de un vídeo la actuación de las FFCCSS y de las FFAA en el desarrollo de la actual crisis sanitaria a causa del COVID-19 acusándoles de aprovecharse de la situación para ejercer la violencia de manera ilegítima”.

Consultado por eldiario.es, el Ministerio del Interior ha asegurado que la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil “no es una unidad operativa, sino de coordinación, y se dedica a la elaboración de informes de carácter interno y a las actividades de fomento de la cultura de seguridad”. En el mismo sentido, un portavoz oficial asegura que la prioridad de las Fuerzas de Seguridad son los ciberdelitos, tales como estafas, los de índole sexual o el terrorismo. Y que el trabajo sobre “bulos y desinformación” se basa, “principalmente, en fuentes abiertas”.

“Se trata de detectar aquellas campañas basadas en mentiras o montajes que puedan generar un grave estrés o alarma social, especialmente las que tienen por materia prima un elemento tan sensible en estos tiempo como es la salud”, afirman desde Interior. “Solo se procede a un análisis más detallado cuando revisten indicios de delito, como pueden ser las injurias, las calumnias o las amenazas. Toda esta actividad se realiza sin que haya ninguna afectación del derecho a la libertad de expresión y de opinión”, ha añadido el citado portavoz.

“Una noticia falsa” sobre Unidas Podemos

En uno de sus informes, la Guardia Civil se refiere a una publicación en Facebook que supone “una noticia falsa” sobre Unidas Podemos, referente a que “tomará el control del Consejo de Administración de RTVE”. “Esta noticia se habría tomado de una fecha de 5 de julio de 2018 publicada en El País y ha sido difundida de manera recurrente desde entonces” (captura que encabeza esta información).

En una jornada distinta, pero en ese mismo subapartado de “clima contrario a la actual gestión de crisis”, se reportan cinco comentarios de cuentas de Twitter cuyos mensajes están escritos mayoritariamente en euskera. Todos ellos están relacionados con los vídeos del homenaje que la Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián rindieron ante la Comandancia de Gipuzkoa por el fallecimiento de un agente del instituto armado. “Dichos vídeos han sido difundidos a través de redes sociales acompañados de diferentes mensajes contra la Guardia Civil”, dice el informe.

Entre esos comentarios que se incluyen aparece uno de la cuenta oficial de EH Bildu en Donosti que adjunta el citado vídeo y escribe en euskera: ¿Quién ha decidido que el Ayuntamiento de San Sebastián debería participar en tal iniciativa? ¿Ha sido la decisión del Gobierno Municipal @EnekoGoia? ¿@DonostiaPNV es una decisión política? Agentes por su cuenta? Pediremos oficialmente explicaciones.

Más recientemente, en otro de esos informes diarios, pero igualmente enmarcado en el apartado “desinformación” y en el subapartado “clima contrario a la gestión de crisis”, se reporta un comentario en la cuenta de Twitter de Vox. Alude a un tuit del partido al que la Guardia Civil se refiere de la siguiente forma: “Se observa un gran número de féretros apilados en un parking, apuntando a que posiblemente pertenezcan a españoles fallecidos por Covid-19, y afirmando que el Gobierno estaría ocultando esas imágenes para que no vieran la luz”. En realidad, el tuit también decía que la televisión pública no había informado de esas imágenes cuando tres horas antes de que se publicara el tuit habían aparecido en el informativo del mediodía de TVE. Este desmentido no aparece en el informe de Guardia Civil.

 

En ese mismo informe, la Guardia Civil toma de la Unidad de Ciberdelincuencia su comunicación acerca la “difusión a través de Telegram de un mensaje con un vídeo subido a YouTube en el que se alerta del uso del control que ejerce el Estado a través de los móviles sobre el confinamiento de la sociedad, gracias a la geolocalización, poniendo en duda el anonimato de los datos, basándose en la opinión de Vicente Botti, supuesto experto en inteligencia artificial”. No añade más.

Correspondiente a su informe de otra jornada, la Unidad de Coordinación de Ciberdelincuencia adjunta el enlace a un blog que recoge una “supuesta encuesta realizada por la empresa JP Logística (aparentemente falsa, ya que son las siglas coincidentes con el nombre del autor del Blog, Juan Pardo) que muestra los resultados de sondeos realizados con motivo de la crisis del Covid-19, posicionando al PP con casi una mayoría absoluta para unas posibles elecciones en 2020”.

Este subapartado de “clima contrario a la gestión de crisis” demuestra que la Unidad de Ciberdelincuencia también se fija en la actividad relacionada con la propia Guardia Civil. Es el caso de la publicación en un medio digital de que 18 de los 78 guardias civiles que están destinados en la cárcel Herrera de la Mancha están ingresados o en cuarentena, un dato que el medio atribuye a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo. La Unidad de Ciberseguridad enmarca esa publicación como “desinformación”.

Captura de otro informe que sitúa a AUGC contraria a la "gestión de crisis" del Gobierno
Captura de otro informe que sitúa a AUGC contraria a la “gestión de crisis” del Gobierno

“Generación de stress social en la población”

En el otro subapartado de la “desinformación”, el dedicado a “generación de stress social en la población”, la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad adjunta una página web que denuncia que “bajo el pretexto del Covid-19, los casos de brutalidad policial son cada vez más frecuentes” y que ofrece un número de teléfono para que los ciudadanos informen en él de este tipo de prácticas . “Acompaña al texto una imagen en la que puede apreciarse agente de policía y sobre los mismos el acrónimo ACAB (All Cops Are Bastards”, añade la Unidad antes de plasmar el link de la citada web.

El segundo ejemplo del día en este subapartado sobre supuesta “generación de estrés social” es un mensaje en una cuenta de Twitter “de un grupo antifascista” que denuncia que “la Policía pervierte la legislación de los delitos de odio y que varios jueces han tumbado varios casos en contra de la misma”, así como el link correspondiente.

También en este apartado aparece Vox, pero en esta ocasión como víctima de un bulo. “Publicación en Twitter que muestra imágenes de un falso recorte de periódico donde se expone que, VOX propone dejar de atender a los homosexuales afectados por COVID-19, para centrarse en los importantes”, recoge el informe diario de Guardia Civil.

Este mismo subapartado sirve para que la Unidad adjunte en otro informe las publicaciones en Vimeo y Superocho del divulgador de pseudoterapias Josep Pamiés en el que éste “promociona el MMS como supuesta cura del Covid-19”.

La frase del general con alusión al Real Decreto

El general José Manuel Santiago aseguró el domingo que la Guardia Civil trabaja para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Esta frase alude a uno de los puntos del Real Decreto del estado de alarma aprobado y publicado el pasado 14 de marzo, así como a la terminología utilizada en los informes que está elaborando la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil.

Ni el Real Decreto ni los informes de la Unidad de Ciberseguridad aluden sin embargo al “Gobierno”, como sí hizo el general Santiago en su intervención en Moncloa, a la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionó asegurando que habría sido “un lapsus”.

Santiago también incluyó el término “Gobierno” en un correo electrónico que envió el 15 de abril a todas las comandancias solicitando información sobre bulos que generen “desafección a instituciones del Gobierno”. El martes, 48 horas después de su polémica intervención, el general rectificó y dijo que se refería a las instituciones del Estado y no del Gobierno. También afirmó que la Guardia Civil solo reporta los bulos y “fake news” y no actúa para eliminarlos.

Por otra parte, el Real Decreto de estado de alarma atribuye el cometido de “minimizar” el efecto de los bulos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras dure el estado de alarma en el punto 8 de su apartado cuarto: “Por parte de los Cuerpos policiales actuantes y los centros competentes de la Secretaría de Estado de Seguridad se impartirán directrices para prevenir y minimizar los efectos de la desinformación, extremándose la vigilancia y monitorización de las redes y páginas web en las que se difundan mensajes e informaciones falsas orientadas a incrementar el estrés social, e instando en su caso las medidas de intervención previstas en la legislación aplicable”. En su intervención del pasado domingo, Santiago obvió que esa labor de contrarrestar la información se haría adoptando las medidas que prevé la Ley, según indica el Real Decreto.

El general de brigada añadió que esa función de “minimizar” va dirigida contra el “clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Esta última expresión, “clima contrario a la gestión de crisis”, procede de los informes de la Unidad de Coordinación de Seguridad que, sin embargo, no añade “del Gobierno”.

Una unidad fruto de la estrategia en ciberseguridad del Gobierno Rajoy

En el otoño de 2017, el entonces Gobierno del Partido Popular detectó la proliferación de noticias falsas en la red coincidiendo con el momento álgido del proceso soberanista en Catalunya. Aunque el Ejecutivo evitó señalar públicamente a Rusia, el Ejecutivo constató a través del CNI que la mayoría de las “fake news” estaban alojadas en servidores de ese país y que sus medios públicos servían de altavoz a las mismas. En el plano internacional pesaba el precedente de la presunta interferencia rusa en las elecciones que dieron la Presidencia de Estados Unidos a Donald Trump el año antes.

<p”>En diciembre de ese 2017, el Gobierno del PP, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, aprobó laEstrategia Nacional de Seguridad, un documento de líneas maestras que marca la tendencia a seguir por los servicios de Información e Inteligencia y otros ámbitos de la Administración en su tarea de protección al Estado durante los años siguientes. La gran novedad del documento era el concepto de “ciberseguridad”.

Sin utilizar las expresiones “bulo” o “fake news”, una Estrategia Nacional de Seguridad habla de “manipulación de información”, “desestabilización” y “polarización de la opinión pública”. Lo hace al describir las “acciones híbridas”. “Son acciones combinadas que pueden incluir, junto al uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información, o elementos de presión económica, que se han manifestado especialmente en procesos electorales. La finalidad última que se persigue es la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública”, recoge el documento.

El 13 de diciembre de 2017, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la creación de un centro de operaciones de seguridad, enmarcado en el Ministerio de Hacienda, para luchar contra las “ciberamenazas”. Cuando la prensa preguntó a Santamaría, la vicepresidenta dijo que era necesario “anticiparse y armarse” ante lo que denominó “intentos de desinformación” y puso como ejemplo los bulos que corrían sobre las el escrutinio de votos en las elecciones catalanas que se iban a celebrar el 21 de ese mes. En mayo de 2018 se postergó la idea del nuevo organismo y se encomendó la tarea de vigilancia al Consejo Nacional de Ciberseguridad, creado en 2013 y que preside el director del CNI.

El Diario