Quienes denuncian la corrupción en España son perseguidos, por Victor Arrogante


Si, han leído bien el título; gente honesta que cumpliendo con un deber de buena ciudadanía, cuando denuncian ante la justicia la existencia de corrupción, en vez de ser reconocida su valentía y honestidad, son perseguidos, calumniados, expulsados de sus trabajos, incluso encarcelados y represaliados. Me voy a referir a cuatro casos conocidos y que no quiero que caigan en el olvido; me refiero a Ana Garrido, Luis Gonzalo Segura, Marco Antonio Santos y el último caso conocido, Roberto Macías.

La UE aprobó en octubre de 2019, una directiva para proteger de represalias a los denunciantes de corrupción. Las normas, que deberán ser aplicadas como muy tarde en 2021, protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia y exigirán a las autoridades nacionales informar a la ciudadanía sobre los procedimientos de denuncia. Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales. España ya estaba trabajando para otorgar una mayor protección a los denunciantes, como decía el entonces Secretario de Estado de Justicia Manuel Jesús Dolz, todavía no se ha puesto en práctica ni incluido en el ordenamiento. La Directiva, supone un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer.

Los denunciantes de casos de corrupción vienen exigiendo una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción y la aplicación del código penal que les proteja, porque “la pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar en la materia, nos ha conducido a esta reivindicación“, rezaba el manifiesto al que se sumaron Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel, y Luis Gonzalo Segura ex teniente que noveló sobre corrupción en el Ejército.

Hace unos años, corría por las redes sociales el hashtag #AnaContraGurtel. Ana Garrido, no dejó de ser acosada desde que entregó a la justicia el dossier sobre la corrupción que se daba en la administración de Arturo González Panero “el albondiguilla”, ex alcalde de Boadilla, imputado en la mayor trama de corrupción política y económica, investigada por la Audiencia Nacional. Boadilla, epicentro del caso de corrupción Gürtel, ha salpicado a importantes dirigentes del Partido Popular y al propio expresidente del gobierno Rajoy, con Luis Bárcenas a la cabeza.

Cuando todo se desencadenó, Ana ejercía como técnico de juventud, donde pudo comprobar, cuales eran las artes del equipo municipal en las licitaciones de los contratos públicos. Se hizo costumbre recibir directrices para la elaboración de los pliegos de condiciones e informes técnicos, con el fin de adaptarlos a perfiles concretos de empresarios amigos. Ana no consintió y comenzó su calvario, que la justicia ha dado por probado. Ciudadana honesta y funcionaria rigurosa con los procedimientos establecidos, denunció lo que consideró que estaba mal hecho y todo fue mucho más de lo que parecía. Descubrió el patrimonio de González Panero, en Miami, Marruecos, España, inversiones en bolsa y vida a todo tren. Relacionó nombres de personas que aparecían por Boadilla, con políticos conocidos del PP y empresarios afines.

Del dossier por el que Ana denunciaba la trama corrupta en Boadilla, destapó el caso de corrupción más escandaloso de la historia de España: el “caso Bárcenas”. Se descubría la contabilidad B en el PP, que recoge los ingresos de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro, a los dirigentes del partido. Ha sufrido acoso laboral continuado, dolor del vacío que ha sentido a su alrededor entre compañeros y amistades, junto con el acoso mediático y en las redes sociales. Recuerdo aquel primer encuentro que sostuvimos, hace ya seis años, sentados en un banco en la calle Princesa: Ana, dejando asomar sus lágrimas, recuerda los sentimientos y emociones que se desbordaron la noche previa al juicio. La honestidad tiene su precio.

Su delito fue  revelar la verdad. Desde hace años sufre una auténtica persecución sindical y una cacería judicial, convirtiendo su vida en un infierno. “En el reino de los delincuentes los hombres y mujeres honestos somos perseguidos, acosados y represaliados por denunciar la rapiña y depredación de fondos públicos”.

Dos años de prisión por denunciar una corrupción sistemática, para Roberto Macías, extrabajador del sindicato UGT en Andalucía. Dos años de prisión por hacer públicos documentos fundamentales para una investigación que destapó el caso de las facturas falsas.  La sentencia demuestra que ser decente en una sociedad corrompida sale muy caro. “Era un procedimiento sencillo de mordidas para financiarse” y que ha llevado a la cúpula del sindicato a los tribunales. La investigación eleva el desvío de fondos a 40 millones de euros. El sistema consistía en recibir presuntas mordidas de proveedores cuyos costes repercutían en la administración pública, para justificar subvenciones financiadas por la Unión Europea. Macías acusa a la cúpula del sindicato de recibir sobresueldos, falseando dietas y kilometrajes. “Todos presentaban los mismos kilómetros al mes”, para llegar a 900 euros.

España necesita cambiar, “mi condena es un aviso a navegantes para que no se revelen irregularidades”. España es una tierra hostil, incluso con una directiva europea vigente desde diciembre de 2019, que no se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. España sigue condenando a los denunciantes de corrupción. Nada ha mejorado. “El estado corrupto siempre encontrará subterfugios para alimentar este sistema, con muchísimos parásitos”. Su honestidad no le ha hecho perder la fe en el sindicalismo, aunque considera que hacen falta cambios. Sobre este caso cabe una reflexión: nos hacen falta organizaciones de trabajadores austeras, sin subvenciones, porque las subvenciones pervierten y prostituyen todo. “No me arrepiento ni arrepentiré de haber filtrado a los medios las pruebas que demostrarían la posible financiación ilícita de la UGT; si no lo hago, mi conciencia no me permitiría dormir”. ¿En qué sociedad vivimos se condena y criminaliza por defender la verdad?

Y que decir del caso de mi amigo el cabo Marco Antonio Santos, que ha sido definitivamente expulsado del Ejército tras no prosperar el recurso de alzada contra la decisión del Jefe del Estado Mayor; que le acusó de dos faltas muy graves por emitir opiniones públicas, que iban en contra de lo indicado en las leyes que rigen la neutralidad política y sindical de los militares. Nada se puede esperar del ejército de España, en lo relativo a la justicia y menos ahora “dirigido” por la ministra Margarita Robles.

El proceso contra el cabo Santos, se originó después de que un grupo de generales, secundado por cientos de oficiales, la mayoría en la reserva o retirados, publicara un manifiesto amenazante contra la decisión de la exhumación de Franco. Santos es el único militar en activo que ha apoyado el manifiesto en respuesta al comunicado suscrito por los centenares de oficiales. Este cabo del Ejército de Tierra lleva 19 años sometido a la disciplina castrense y acompañó su firma, explicando por qué se sumaba a esta respuesta: “los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las Fuerzas Armadas su jardín particular desde el 36”. Pero la cosa viene por otras cuestiones: el cabo denunció la corrupción en el Ejército al acusar a varios altos mandos militares de malversación del dinero de la comida de los militares. No se trataba de opinión sino de un hecho que ha sido condenado por el Supremo.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, ingresó en un centro disciplinario militar, donde cumplió dos meses de privación de libertad, suspensión de sus funciones y posteriormente expulsado del Ejército. No dio un golpe de Estado ni saqueó las arcas públicas ni cometido crimen alguno. Entró en prisión en aplicación del Código Militar, en un procedimiento sin garantías jurídicas, por haber escrito la novela Un paso al frente, donde cuenta su experiencia en el desbarajuste del Ejército de Tierra, descifrando ese oscuro y corrupto mundo de la milicia sin derechos.

Creyó en la Justicia e interpuso cuatro denuncias, con sus correspondientes pruebas, sobre distintas irregularidades en los presupuestos militares; pero la justicia, que es la del poder, se volvió en su contra. En el ejército español, que tanto cuesta a las arcas públicas, hay corrupción y negligencia, sometido a un autoritarismo que una sociedad democrática no puede consentir. “Mando que no abusa pierde prestigio”, máxima militar que los altos mandos siguen en la medida de su poder.

Hoy dice Luis: “Mis sentimientos se centran en una doble desilusión”. Siempre desilusiona que te engañen, pero en el caso del PSOE “era hasta previsible y lógico que nos maltrataran, que alargaran el calvario de los denunciantes y que no repararan el daño causado por el PP”. Para el ex teniente Segura, la gran desilusión es Unidas Podemos, “el Gobierno de Coalición, el Gobierno más progresista en ocho décadas, tampoco nos tiene en cuenta, lo que nos hace pensar, que ya es imposible que algún gobierno en España nos vaya a proteger”. Es una desilusión tan enorme que, en cierto, sentido, me ha hecho perder la esperanza. “Sigo luchando, pero ya no es lo mismo”.

Escribí una serie de artículos dedicados a Luis Gonzalo Segura de Oro Pulido, sobre su libro Un paso al frente y las denuncias que vertía contra la corrupción en el ejército. Daba un paso al frente con él y por él. Hoy la noticia sería que el ejército le ha expulsado de su seno. Si no fuera por lo que Luis sufre, me alegro; porque una persona decente no debe formar parte de determinadas instituciones, que dicen defender “España” y la paz del mundo, que está por ver.

No soy militarista, más bien “anti”; no soy partidario de los ejércitos, de ninguno. Como será la cosa, que una de las mayores satisfacciones de mi vida fue, cuando el ejército de Franco me declaró “inútil total” para las armas, por la vista; hoy sigo siéndolo, contrario al ejército, a las armas y contra cualquier organización militar, por no verlos.

Los denunciantes, tal como destaca la UE, tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo. Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.

La UE considera la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE. España tiene que incorporar, sin dilación, en su ordenamiento jurídico la directiva de la Unión Europea sobre protección de denunciantes de corrupción. Además los denunciantes tienen derecho a indemnizaciones por las represalias sufridas.

Las leyes españolas deben proteger a los denunciantes frente al despido, la degradación, la prisión y otras formas de represalias. Los denunciantes deben estar protegidos siempre y en los procedimientos judiciales de forma especial. Lo que debe hacer el Estado de forma determinante es luchar contra la corrupción política y económica; por justicia, transparencia y justicia.

Diario 16