
Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Olmedo a retirar los símbolos franquistas. El abogado que ha ganado el caso ha presentado otras 20 demandas similares
El Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid) acaba de ser condenado por el juzgado contencioso -administrativo número 2 de Valladolid por incumplir la ley de memoria histórica y no retirar los símbolos franquistas. El abogado Eduardo Ranz presentó demandas similares en 21 municipios y esta es la primera condena. Previamente había llevado medio centenar de casos por la vía penal, pero todos fueron desestimados, salvo el del Rita Barberá, denunciada por desobediencia, que sigue vivo por una cuestión de forma: ahora es aforada y responde ante el Tribunal Supremo. Seguir leyendo Condenado el primero de 21 municipios demandados por la ley de memoria

Entre los múltiples aspectos que tienen que ver con la Segunda República, la política exterior es de las menos conocidas y tratadas por la historiografía.
Que gran parte de nuestra ciudadanía se encuentra cada vez más escéptica ante la política es un hecho manifiesto. Y, si contemplamos el espectáculo que últimamente se nos ofrece, no es de extrañar tan penosa situación. Ante la actual crisis nos encontramos, por una parte, con un Gobierno que, carente de iniciativa, no dictamina más medidas que aquellas que le son dictadas por los grandes mercados financieros y sus directivos, altamente perjudiciales para la mayoría de la sociedad y contradictorias con la ideología que dice profesar.
Nuestro país sigue sumido en una grave crisis económica y social, por más que Rajoy se empeñe en difundir un mensaje optimista sobre la recuperación económica y la disminución del paro. Los datos objetivos, más allá de la manipulación de las grandes cifras macroeconómicas, indican que la tasa de desempleo, de paro juvenil, de precariedad, de pobreza y desigualdad son las más altas de la Unión Europea. Además, Bruselas ha advertido que el nuevo gobierno que salga de las elecciones deberá aplicar unos recortes adicionales de nueve mil millones de euros, que volverán a recaer sobre los servicios sociales básicos y empobrecerán aún más a las clases populares.
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