La Fiscalía pide 50 años de prisión para siete de los ocho detenidos por la agresión de Alsasua


En su relato de hechos, el fiscal describe con mucho detalle la paliza a los dos guardias civiles y sus novias y que se gritaron frases como “cabrones, teníais que estar muertos, Dale más fuerte al puto perro guardia” o “al sargento torturador hay que detenerlo”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 50 de cárcel para siete de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), a los que les atribuye cuatro delitos de agresión terrorista. Para uno de los siete pide además 1 2 años más por amenazas terroristas y para la octava acusada otros 12 años. 

 Los guardias civiles y sus parejas sufrieron una paliza por parte de más de 20 jóvenes en la madrugada del 15 de octubre de 2016, en una jornada festiva en el municipio navarro de Alsasua. En total, solicita  375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de la paliza, realizada de madrugada en la citada localidad y que les indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque.

El Ministerio Público solicita, en su escrito de acusación, doce años y medio de cárcel por cada uno de los delitos para siete de los acusados. La jueza de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Carmen Lamela, concluyó el sumario contra los acusados por la agresión que sufrieron en un bar de dicha localidad el 15 de octubre de 2016.

La Fiscalía describe con profusión y detalle cómo se produjeron los hechos y la participación de los acusados en la paliza a los dos guardias civiles y a sus novias. En concreto, sobre la agresión al teniente revela. “Tras haber conseguido alcanzar la acera, y debido a la patada muy fuerte que había recibido en el tobillo, a consecuencia de la cual cayó al suelo sin poder levantarse de nuevo, siguió recibiendo múltiples golpes en el suelo, ante lo cual él trató de cubrirse la cabeza. En ese momento, su novia trató de acercarse a él para intentar protegerle, tumbándose encima del Teniente para tratar de evitar las continuas agresiones y siendo ella agredida igualmente. Mientras les agredían gritaban:  “Cabrones, teníais que estar muertos, Dale más fuerte al puto perro guardia”.

Relato de la paliza

En el caso del sargento, el fiscal, José Perals Calleja, relata en otro momento del escrito de 19 folios: los agresores se llevan “al citado sargento a golpes hasta la mitad de la calzada, lo tiraron también al suelo mientras era golpeado tanto con puñetazos como con patadas por todo el cuerpo, especialmente en la espalda puesto que trataba de cubrirse el estómago y la cara, tratando su pareja de evitarlo, siendo agredida igualmente. Durante estos hechos algunas personas gritaban “al sargento torturador hay que detenerlo”.

La Fiscalía enmarca la paliza en un contexto muy determinado: el de las sucesivas campañas realizadas por grupos de la izquierda abertzale en favor de expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. “En la actualidad, la finalidad de todas las acciones vinculadas a la campaña ‘Alde Hemendik [fuera de aquí, en euskera] es, en primera instancia, la expulsión de las F.C.S. de la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral de Navarra, influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social”. El escrito recuerda que en Alsasua se se han producido “100 actos de sabotaje y violentos r realizados entre los años 1988 y 2009, enmarcados en la campaña del “Alde-Hemendik / Que se vayan”.

El fiscal tipifica los hechos como cuatro delitos de lesiones terroristas de los artículos. 573 -apartados 1.1a, 2a y 4a y 3 y 573 bis 1.4a y 2 del Código Penal- y dos delitos de amenazas terroristas de los artículos 573 -apartados 1.1a, 2a y 4a y 3 y 573 bis 1.4a y 2 del Código Penal.

Familias de los detenidos de Alsasua ven con "agrado" la suspensión del caso hasta que se decida el tribunal competente
Familias de los detenidos de Alsasua ven con “agrado” la suspensión del caso hasta que se decida el tribunal competente

Recientemente, el Tribunal Supremo ya apreció indicios de terrorismo en la agresión, por lo que resolvió a favor de que la Audiencia Nacional siguiera con la investigación y enjuiciara los hechos cuando se alcance la fase del juicio. El juzgado de instrucción número 3 de Pamplona pidió asumir la investigación al descartar que hubiera terrorismo.

Tesis a la que se sumó también la Audiencia Provincia de Navarra, quien en otra resolución tampoco vio  “indicios racionales” de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. Por ello, instó al juez a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo para que la causa se instruyera en Pamplona y no en la Audiencia Nacional. Algo que, finalmente, el Supremo rechazó.

El Supremo vio indicios de terrorismo

En concreto, el Alto Tribunal  consideró por unanimidad el pasado 1 de junio que los hechos, de manera indiciaria,  encajaban con el supuesto de terrorismo, tal y como asegura la jueza Carmen Lamela,   y decidió que la causa siguiera en la Audiencia Nacional. “La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes. Y, en cuanto a la concurrencia de las finalidades previstas en el artículo 573.1 del  Código Penal, inicialmente puede apreciarse de modo indiciario que, habiéndose ejecutado los hechos dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios, tampoco puede descartarse que la finalidad de los hechos fuera provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos”, argumentaba la Sala en su auto.

La investigación de la Audiencia Nacional partió de una denuncia de la asociación de víctimas Covite. Por estos hechos, nueve agresores han sido procesados por la jueza Carmen Lamela, quien cerró la investigación con la conclusión de que los actos pueden ser constitutivos de delitos de terrorismo, lesiones, atentado y delito de odio.

Durante todos estos meses -la agresión se produjo el 15 de octubre de 2016- familiares y diversos grupos políticos y sociales y de juristas han realizado una campaña para evitar que los acusados fueran juzgados en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo y conseguir la excarcelación de todos ellos. Todavía están en prisión tres de los acusados.

El Diario