La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella criminal puesta por varios colectivos ciudadanos contra el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, y varios exministros de la época de Zapatero y del primer mandato de Rajoy, por sus responsabilidades en el almacén de gas submarino frente a las costas de Tarragona, conocido como Proyecto Castor. La querella contemplaba los delitos de estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

La juez ha aceptado un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba que se desestimase la querella y se archivasen las actuaciones.

Las organizaciones demandantes —el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG); Xnet, el colectivo que llevó a Rodrigo Rato al banquillo con 15MPaRato, y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya— han anunciado en un comunicado que «naturalmente recurriremos a la sala de la Audiencia Nacional el archivo de la causa».

Además del presidente de ACS —y Recaredo del Potro Gómez, presidente de ESCAL UGS, la empresa creada para gestionar el proyecto—, hasta seis exministros habían sido incluidos en la querella: los titulares de Industria, Comercio y Turismo en la época de Zapatero, Joan Clos Matheu y Miguel Sebastián; el ministro del PP que les sustituyó con Rajoy, José Manuel Soria; la exministra de Medio Ambiente y Agricultura durante la paralización del Castor, Elena Espinosa Mangan y la exministra de Fomento de 2004 a 2009 y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez Arza.

También habín sido incluidos en la denuncia el exsecretario general Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 2006 a 2008, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer.

El Tribunal Constitucional declaró nula el pasado diciembre, por unanimidad, la indemnización de 1.351 millones de euros que se le pagó a la empresa Escal UGS, de Florentino Pérez, tras renunciar a la explotación de gas en las costas del norte de Castellón. El Tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014.

A pesar de ello, el BOE anunciaba unos días después que repercutirían 80 millones de euros en las facturas de la luz de los consumidores debido a la indemnización y fiasco del Castor, pese a que el Constitucional había declarado nulo el artículo del Real Decreto que marca esa cantidad.

El Salto