El Gobierno estrecha el cerco a la Fundación Franco


El Ministerio de Cultura prepara un requerimiento para exigir la devolución al Estado de 30.000 documentos del archivo personal del dictador como paso previo para la ilegalización de la FNFF

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) podría tener los días contados una vez que el Gobierno reclame para el Estado todos los documentos sobre la guerra civil y la dictadura que la asociación presidida por el general retirado Juan Chicharro guarda como legado del dictador.

La FNFF ha emitido un comunicado en el que asegura que “el objetivo que persigue el Gobierno con nuestra ilegalización no es otro que callar para siempre una voz discordante con el relato sectario que de nuestro reciente pasado quiere imponer la izquierda desde el Boletín Oficial del Estado”. Y recuerda que la asociación (que ya ha anunciado que se defenderá utilizando todos los medios legales a su alcance) “no es un partido político, sino una Fundación de carácter cultural que tiene por objeto difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco y del régimen político que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977”.

En cualquier caso, el Ministerio de Cultura y Deporte prepara ya un requerimiento a la Fundación para que entregue los 30.000 documentos que obran en su poder y que según la propia organización son “clave para la historia de España”, dado que “representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por manos” del dictador.

En una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, el Ejecutivo recordó hace unos meses que “a la vista de la información difundida por la Fundación Franco en su página web sobre el contenido del Archivo de Francisco Franco, comunicará a esta el carácter público de tales documentos en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español”.

La Fundación Franco garantiza en su página web que entre la documentación figura la correspondencia entre el dictador y otros jefes de Estado, ministros y demás personalidades políticas, así como informes confidenciales del Estado Mayor, de distintos ministerios y de embajadas. También hay anotaciones manuscritas del propio Franco.

El Gobierno advierte que todos estamos sujetos a la normativa vigente en materia de Archivos, Protección de Datos Personales y Propiedad Intelectual, “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación”.

Por su parte, la organización franquista teme que detrás del requerimiento para entregar los papeles de Franco haya una intención por parte del Gobierno de coalición de iniciar los trámites para la ilegalización de la FNFF. De hecho, si el Estado consiguiera recuperar los ingentes archivos con documentación en poder de la asociación que dirige el general Chicharro, la Fundación perdería su razón de ser, ya que no podría alegar que es guardián y custodia de los papeles, de tal manera que su ilegalización judicial resultaría menos complicada.

“El pasado día 31 de enero, y como consecuencia de la apertura de la Delegación de la FNFF en Barcelona, todos los grupos municipales del Ayuntamiento, con la honrosa excepción del Partido Popular, firmaron una declaración institucional instando al Gobierno a tomar las medidas necesarias para declarar extinguida la Fundación Francisco Franco”, asegura la FNFF en su comunicado.

“Recientemente, y ante las presiones de la izquierda radical en Sevilla, el acto de presentación de un libro histórico sobre la vida de Francisco Franco previsto para el próximo día 22 de febrero en el Ateneo de la capital andaluza ha sido anulado por dicha entidad contraviniendo el acuerdo alcanzado con los editores de dicho libro al efecto. Es evidente que la labor cultural de dicho Ateneo se limita al parecer al criterio de los grupos de izquierda y a lo que le dictan”, añade.

“Y por último, y seguiremos, la vicesecretaria general de PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha informado en un desayuno informativo que se reformará el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sea por fin un delito. Nos preguntamos si la señora Lastra, con su excelente formación jurídica, sabe que el Código Penal es una Ley Orgánica por afectar a derechos fundamentales de los españoles. Y que pensar distinto que ella no es un delito”, insiste la FNFF.

Diario16