España en los últimos años ha sufrido unos duros ajustes para satisfacer a aquellos que más tienen en detrimento de los más desfavorecidos.
El caso más sangrante es la poda realizada en el gasto hospitalario, lo que ha provocado que la partida destinada a sanidad haya pasado del 6,8 % del PIB en 2009 al 6 % de 2018. El recorte del gasto público en sanidad en algunas comunidades autónomas ha forzado a una buena parte de la población a pasarse a la medicina privada, lo que explica el auge que está viviendo el sector. La partida destinada a educación ha sido una de las más afectadas por los recortes realizados a partir del año 2010.
España fue el quinto país del euro con menor gasto en educación, solo por delante de Irlanda, Grecia, Eslovaquia e Italia. España también está por debajo de la media europea en gasto de formación profesional y estudios universitarios, con una brecha de más de 1.000 millones de € en cada una de las dos partidas de gasto. La tercera brecha en gasto público con Europa es la de protección social, encontrándose en este aspecto a años luz de la media europea. España gastó en protección a familias y niños el equivalente al 0,6 % del PIB, menos de la mitad del conjunto de la Unión Europea; las ayudas a personas en situación de exclusión social apenas supusieron el 0,2 % del PIB, solo un tercio del esfuerzo de los países de la UE. Las ayudas a la vivienda se quedaron en el 0,1 % del PIB, cinco veces menos que la UE.
