La Fiscalía prepara el cierre de las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I


La imposibilidad de perseguir delitos anteriores a la abdicación en 2014, las dos regularizaciones fiscales, la prescripción y la falta de otras pruebas evitan la presentación de querellas contra el emérito

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción están preparando un “amplio documento” para razonar la decisión de archivar las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, según indicaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la investigación.

El decreto que pone fin a las diligencias sin presentar querella contra el rey emérito se hará público en las próximas semanas, según adelantó El Confidencial.

La Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo trabajaban desde hace más de dos años en la investigación de los delitos fiscales y otros relacionados con distintos negocios internacionales cometidos supuestamente por Juan Carlos I. Por un lado, investigaba la existencia de fondos en paraísos fiscales, supuestamente propiedad del rey Juan Carlos. Por otro, el posible cobro de comisiones ilegales por su intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca y, por último, el uso de fondos de un empresario mexicano amigo del emérito a través de un testaferro.

La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que algunos de los delitos investigados (fondos ocultos en paraísos fiscales hace más de tres décadas) están claramente prescritos; otros no son perseguibles porque, en caso de probarse que existieron, se produjeron antes de 2014 y el rey Juan Carlos gozaba de inviolabilidad y no podía ser imputado, y por último los que se pueden demostrar (el uso de dinero de otros que gastó el Rey sin declararlo a Hacienda) han quedado sin reproche penal porque el emérito presentó dos regularizaciones en diciembre de 2020 y febrero de 2021, que desactivaban cualquier posibilidad de actuación judicial.

La investigación de la Fiscalía considera supuestamente que las dos regularizaciones son correctas e impiden por tanto la actuación penal. De esta manera, disipan las dudas existentes respecto a si las regularizaciones fueron legales, dado que se hicieron después de que el rey Juan Carlos I conociera, a través de su abogado, que se habían abierto diligencias de investigación en la Fiscalía por el contrato del AVE a la Meca y por la donación del empresario mexicano.

Expertos fiscalistas sostienen que la mera notificación por parte de la Fiscalía al rey emérito de que se abrieron diligencias de investigación penal impide una regularización. Otros juristas entienden que si la notificación es genérica y no detalla el motivo real de la investigación, la regularización fiscal es legal.

Las fuentes conocedoras de la investigación no han querido pronunciarse acerca del posible regreso de Juan Carlos I a España, país que abandonó a principios de agosto de 2020, acosado por las investigaciones judiciales que habían destapado los supuestos delitos fiscales cometidos por el rey.

El País