El informe sobre la tortura en Euskadi identifica 4.009 casos desde 1960


Hay 9 sentencias condenatorias para la Policía Nacional y 12 para la Guardia Civil

El informe sobre la incidencia de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVC) ha identificado 4.009 personas que han sufrido estas prácticas, aunque calcula que el número puede ascender a 4.810 porque algunas de ellas han dado cuenta de más de un episodio.

DONOSTIA. La ‘Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960-2013’, encargada por el Gobierno vasco en el marco de su Plan de Paz y Convivencia al Instituto Vasco de Criminología, estima que el número de casos de tortura en Euskadi puede ascender a 4.810 tras haber identificado ya 4.009 personas (17% mujeres y 83% hombres) que han denunciado haber sufrido torturas y haber estudiado “en profundidad” dos mil de esos casos. Según este estudio un 5% de casos analizados presenta secuelas psicológicas y recomienda “medidas asistenciales específicas y especializadas”, evitando la “revictimización” de los afectados.

El secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria han presentado este lunes en San Sebastián las primeras conclusiones de este estudio en el marco del Congreso de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ‘Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes’. Las conclusiones finales del análisis se harán públicas antes de que finalice el presente ejercicio.

Fernández ha explicado que el objetivo de este estudio, que proviene de la Iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, es “desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años”, establecer las conclusiones “en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar” y “avanzar” en el proceso de “normalización de la convivencia” en Euskadi. El Gobierno vasco “fijará” en la clausura de este Congreso, el miércoles, una posición que hará una referencia a la reflexión “crítica sobre el pasado” en esta materia.

La investigación ha tomado como punto de partida el contenido del Informe de Abordaje Científico sobre la tortura que la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco entregó al Parlamento vasco en marzo de 2009 y recoge información generada en publicaciones e informes internos e internacionales. Los trabajos se están desarrollando en tres etapas, en este momento se concluye la segunda, y cinco estudios complementarios.

En la investigación, en la que han tomado parte más de 40 expertos, se han identificado 4.009 personas identificadas que han denunciado tortura o malos tratos, con 3.577 de esos casos insertados en la base de datos con información básica. Además, dos mil de esos casos se han analizado en profundidad y se estima que el número de personas afectadas podría alcanzar las 4.810.

Etxeberria ha apuntado, como primeras conclusiones, que entre 1960 y la actualidad “varios miles los ciudadanos que han denunciado de forma pública o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales” y “medidas como la incomunicación de los detenidos han favorecido de forma clara estos malos tratos y torturas”.

A ello ha añadido que “muchas” instituciones y observadores nacionales e internacionales “han llamado la atención respecto” a esta “realidad”, con base en sentencias judiciales, a través del “firme convencimiento del fondo de verdad de las denuncias públicas que se han producido y han sido evaluadas con criterios profesionales” y de la bibliografía generada.

Al respecto, ha indicado que en total ha habido nueve sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 21 a la Guardia Civil, condenando a 50 funcionarios (una mujer y 49 hombres) por hechos cometidos a 32 personas (4 mujeres y 28 hombres) detenidas entre los años 1979 y 1992, y ninguna contra la Ertzaintza.

Etxeberria ha señalado que la década de los años 80 destaca “por el elevado número de denuncias y por las primeras condenas de los tribunales de justicia ratificadas por el Tribunal Supremo” y, posteriormente, “se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase”, disminuyendo las denuncias desde 2004 de manera que desaparecen totalmente desde 2014 hasta la actualidad, una “buena noticia”.

En cuanto a la presunta autoría de los hechos denunciados, 1.561 corresponderían a la Policía Nacional, 1.589 a la Guardia Civil y 310 a la Ertzaintza.

Sobre los métodos de tortura, ha señalado que “existe una diferencia significativa entre los distintos cuerpos policiales”, destacando “la utilización de la bolsa según alegan los detenidos por la Guardia Civil, el plantón y la extenuación física se muestra como una técnica alegada por los detenidos de los tres cuerpos policiales analizados, en contraposición a los electrodos y la bañera que dicen haber sufrido un número importante de personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

MEDIDAS CORRECTORAS

Además, el experto ha recordado que, en las últimas décadas, diferentes organismos internacionales han condenado a España por incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención, y ha denunciado que la incorporación de medidas correctoras “ha sido reclamada constantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades públicas sin que se haya producido una suficiente intervención administrativa que garantice de manera efectiva”.

En este sentido, ha apuntado “no se ha cumplido” el protocolo establecido en el Estado en 1997 para el reconocimiento médico forense a los detenidos con el objetivo de que la información médica sea “más clara y concisa como elemento de prueba fundamental ante los tribunales”, y el instaurado por el Gobierno vasco en 2003 para la ‘Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación’ se cumple “solo en las detenciones practicadas por agentes de la Ertzaintza”.

Tras apuntar que ese protocolo “también puede ser mejorado de conformidad a lo que ha sugerido el Ararteko (Defensor del Pueblo) en su informe del 2011, Etxeberria se ha mostrado sorprendido por la información generada en esta investigación, con más de 22.000 documentos analizados, más de 900 testimonios registrados en audio y en vídeo y el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas aplicado a 202 personas (76% del periodo democrático, 20% del periodo predemocrático y 4% en ambos).

“CREDIBILIDAD”

A su juicio, todas estas pruebas arrojan “resultados concluyentes en lo que respecta a la credibilidad de los relatos y, por lo tanto, de los hechos denunciados”. En este sentido, ha sostenido que “lo que no puede ser es que, después de realizar esta tarea, alguien diga que esto es todo mentira, hay cuatro mil personas que son unos mentirosos”.

“Tenemos testimonios recogidos de todo tipo de gente, sacerdotes, cirujanos, directores de cine, jóvenes, catedráticos de la universidad, responsables políticos, sindicalistas”, ha incidido. Por ello ha esperado que las críticas que se hagan en este sentido a la investigación sean “desde una perspectiva técnico-científica” y ha incidido en que “la sociedad vasca sabe que esto es así”.

Preguntado por el papel que han jugado los médicos forenses que atendieron a personas que han denunciado ser víctimas de torturas durante todo este año, Etxeberria ha indicado que “el 42%” de esas personas quedaron en libertad, a veces sin pasar ni siquiera delante de un juez, tras diez días de incomunicación y en algunos casos con varios días de baja médica.

En este contexto, ha apuntado que no se ha estado “a la altura de las circunstancias, más unos que otros, y en particular los médicos de la Audiencia Nacional”. A su juicio, “es increíble” que, existiendo un protocolo en el Boletín Oficial del Estado para acreditar las torturas, “no se haya utilizado”. “Hay una autocrítica que hay que hacerla y de la que no escapamos nadie”, ha señalado, para añadir que se ha sido “insuficientemente beligerantes con toda esta cuestión”.

DEIA