Trabajadores de Rota y Morón alertan de la amenaza de nuevos despidos con Trump


El exministro de Defensa Pedro Morenés, en la base militar de Rota el pasado mes de julio, durante la visita de Obama. / Efe
El exministro de Defensa Pedro Morenés, en la base militar de Rota el pasado mes de julio, durante la visita de Obama. / Efe

Cuando se cumple un mes del triunfo de Donald Trump, que el 20 de enero se instalará en la Casa Blanca, los trabajadores españoles de Rota y Morón han dado la voz de alarma sobre la amenaza de sus puestos de trabajo. Los comités de empresa ya se han reunido con los dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida (IU) para ponerles al corriente de los nuevos expedientes de regulación de empleo que penden sobre sus cabezas. La plantilla al servicio de los estadounidenses ha caído en la base de Morón de 600 trabajadores indefinidos hace cuatro años a 350 en la actualidad, un tercio de ellos con contratos eventuales. Y en Rota ha bajado de 1.140 a 929.

Las perspectivas sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo en la Base Aérea de Morón (Sevilla), que España comparte con EEUU, son negativas. El presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez, se ha reunido con los dirigentes del PSOE de Andalucía para informarles de que la concesionaria de los servicios de la base, la estadounidense Vectrus, ya ha echado a 10 trabajadores más y se dispone a “continuar con la sangría”. “Nos preocupa que sigan supliendo trabajadores españoles por militares estadounidenses”, dice Rodríguez, que ha obtenido el compromiso de la secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez, para intentar frenar los nuevos despidos.

La concesionaria Vectrus, con sede en Colorado Springs, obtuvo en 2014 el contrato de mantenimiento, seguridad y servicios a la Fuerza Aérea norteamericana en las bases de Morón y de Incirlik (Turquía) por 458 millones de dólares hasta septiembre de 2021, y ha seguido la línea de la anterior contrata, también estadounidense, de eliminar el empleo de los españoles. Los sucesivos EREs han dejado en la calle a 250 trabajadores y, según afirma el dirigente de la UGT, Armando Rodríguez, la ideología nacionalpopulista de Trump  y su política exterior va a ser mucho más negativa para los intereses españoles.

La sangría laboral en Morón se ha producido mientras el Gobierno del PP autorizaba el incremento del contingente estadounidense en esta “base permanente” para la intervención en África desde 850 a 2.200 militares y 500 civiles. Y de 7 a un total de 21 aviones. Las sucesivas protestas de los trabajadores se han estrellado contra el escaso interés del último ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, quien les recordó que un ERE de los norteamericanos había sido “inflado” con cuatro o cinco personas ajenas a la empresa. El ERE forma parte de la investigación realizada por la magistrada Mercedes Alaya. Tras abandonar el Ejecutivo, Morenés ha sido designado por Mariano Rajoy nuevo embajador en Washington.

En la base aeronaval de Rota, los trabajadores están amenazados por un expediente de regulación de empleo que pretende dejar a 45 en la calle y rebajar los salarios un 15%. El ajuste de plantilla afecta a las instalaciones del aeropuerto. La eurodiputada de IU Paloma López se ha comprometido a denunciar ante la Comisión Europea los incumplimientos de la normativa laboral española, en este caso, por parte de la concesionaria estadounidense Louis Berger Aircraft Services, con sede central en Morristown (Nueva Jersey). Se da la circunstancia de que esa multinacional se ha beneficiado de contratos de obras de ingeniería en España como el túnel Bereimar en Vigo, el viaducto de Montabliz sobre el río Bisueña en Cantabria, y explota una planta fotovoltáica en El Coronil (Sevilla), de modo que la legislación laboral española no le puede resultar ajena.

Sin embargo, según ha denunciado CCOO y ha recogido la prensa local, los días 1 y 2 de noviembre pasado, los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota se vieron obligados a acudir a sus puestos sin estar de alta en la Seguridad Social. Desde el sindicato se preguntan cómo es posible que esta empresa incurra en “fraude a la Seguridad Social” e infrinja los derechos de los trabajadores sin que las autoridades españolas hagan algo para evitarlo. Según el Convenio de Defensa España-EEUU, las condiciones contractuales dependen del Ministerio de Defensa español que, de hecho, es quien cede a los trabajadores, aunque en la práctica, tanto las plantillas como las condiciones de trabajo las dicta el mando norteamericano de acuerdo con la concesionaria.

El presidente del comité de empresa, Manuel Urbina, reclama además la derogación del anexo 8 del Convenio Bilateral España-EEUU que les impide tener capacidad de negociación sobre los asuntos laborales, algo que también denunciará Paloma López ante las autoridades de la UE en la medida en que puede vulnerar la legislación común europea. Según Urbina, esa negativa del derecho a negociar y convenir los temas laborales está facilitando que se incumpla desde hace años el compromiso plasmado de que el 70% de la plantilla de personal laboral civil de la base sea español y el 30% restante, norteamericano. Así, el ERE para despedir a 45 trabajadores del aeropuerto se presenta sin que hayan disminuido las operaciones y la carga de trabajo, según denuncia CCOO.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, son conscientes de que se avecinan tiempos de lucha para conservar el empleo. Para empezar, el republicano derechista y xenófobo Trump ha elegido a un enemigo de los derechos sociales y del aumento del salario mínimo como es Andrés Puzder, jefe de una cadena de comida rápida, para hacerse cargo de los asuntos laborales norteamericanos. Y si atendemos a un informe enterrado por el Pentágono y desvelado por el Washington Post que en 2015 cifraba el sobrecoste de la burocracia y los contratos civiles en 125.000 millones de dólares y al anuncio de Trump de reducir los costes asociados al despliegue en el mundo, parece claro, comenta un sindicalista, que el cometido del nuevo secretario de Defensa, el general jubilado James Mattis, va a consistir en eliminar empleos de civiles de y en terceros países.

Cuarto Poder

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