Sentencia Gürtel: 51 años para Correa, 33 para Bárcenas y el PP condenado “a título lucrativo”


Sentencia Gürtel: Ya es oficial; el PP es una organización criminal, condenada por corrupción por sus actos, destinados a saquear dinero público a través de contratos con empresas privadas

Las condenas suman 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados por la primera época de Gurtel; ocho acusados son absueltos, entre ellos, ‘El Bigotes’. El tribunal certifica la existencia de una caja B en el PP, una “estructura contable paralela a la oficial”, nutrida con donaciones a cambio de adjudicaciones

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves su sentencia por la mayor trama de corrupción de la historia del PP. El fallo condena al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a 51 años de cárcel, mientras que al extesorero del PP Luis Bárcenas le impone una condena de 33 años. El Partido Popular es considerado en el fallo responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros de la corrupción de Gürtel.

La Audiencia Nacional condena a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gurtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del Partido Popular.

Además, la sentencia certifica la existencia de una caja B en el PP, una “estructura financiera y contable paralela a la oficial”. Esa contabilidad que Bárcenas llevaba a mano se nutría con “donaciones finalistas” de empresarios y se usaba para “ pagar gastos electorales del PP”.

El número dos de Correa, Pablo Crespo, ha sido condenado a 37 años y medios de cárcel. La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, tiene una condena de 15 años y un mes de prisión. El Partido Popular temía que si Iglesias era condenada y el tribunal decidía enviarla a prisión de forma inmediata, sin esperar al recurso ante el Supremo, se desatara una venganza del extesorero. El ingreso inmediato en la cárcel de ésta u otros condenados depende de que la Fiscalía lo solicite y el tribunal lo acuerde.

La resolución incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados. El argumento de Hurtado es coincidiente con el que mostró el abogado del partido de Mariano Rajoy durante el juicio: el PP no tiene que responder de los 245.000 euros de los que se beneficiaron los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda cuando era gobernado por alcaldes y concejales de ese partido. El fallo, que ha salido adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego, les contradice en esta cuestión, aunque estos dos magistrados destacan que el resto se basa en la ponencia inicial de Hurtado.

La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, ha sido condenada a 14 años  y 8 meses. El que fuera amigo de Correa, concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, a 4 años y 9 meses.

Otros condenados son el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 38 años de prisión, la segunda condena más elevada incluida en el fallo; Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 31 años; y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, a 14. La sentencia considera a la exministra de Sanidad y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, partícipes a título lucrativo, al igual que al PP. El fallo absuelve a ocho acusados, entre ellos a Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’.

“Un auténtico sistema de corrupción”

Los jueces consideran probado que las empresa Francisco Correa y el PP crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local”. Esa manipulación era posible gracias a a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.

Esos cargos tenían posibilidades de “influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

Las empresas de la trama corrupta gozaban de “un arbitrario trato de favor en la contratación pública”, continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían “otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.

La sentencia, un catálogo de la corrupción

La sentencia de Gürtel es todo un catálogo de la corrupción.  Los 29 condenados lo son por esta ristra de delitos: asociación ilícita, fraude a la administración públia, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Como paradigma, la sentencia incluye 28 delitos de prevaricación, el delito que describe las ilegalidades cometidas desde un cargo público. Esos 28 delitos suman 194 años de inhabilitación. El delito para el beneficiado de esas decisiones, el cohecho, se repite en 24 casos sobre 12 acusados. Hay 26 delitos demostrados de blanqueo, 36 de malversación y 20 contra la hacienda pública. De estos  último, 11 recaen sobre el matrimonio de Bárcenas y Rosalía Iglesias.

Según defendió la Fiscalía en su informe al final del proceso, la trama consistía en un “sistema” para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un “tres o cuatro por ciento” a altos cargos públicos. “No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir”, ha resaltado.

Se trata de conseguir “contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP” y ha precisado que a través de estos contactos de la red corrupta se “apropiaron de fondos públicos”. Para Anticorrupción quedó probado que la Gürtel buscaba un “enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados”.

El diario

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