El Gobierno quiere salvaguardar a la Monarquía del escándalo provocado por la investigación abierta por los fiscales suizos y españoles sobre los fondos de Juan Carlos I en el extranjero. Y ha entrado en el debate sobre la revisión del papel del rey emérito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resucitado este jueves la propuesta de reformar la Constitución para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado o, al menos, limitarla a las actividades vinculadas a su cargo, no las privadas. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dejado en manos de Felipe VI cualquier decisión sobre la situación de su padre.

Cuando se le preguntó si se está buscando “alguna salida” para el rey emérito, Calvo respondió que el futuro de Juan Carlos I “compete fundamentalmente a la decisión que tome el jefe de la Casa Real, que es el actual rey Felipe VI”. En otras palabras, el Ejecutivo deja que sea Felipe VI quien decida si toma medidas para distanciar aún más a la institución de la suerte de su padre o deja de momento las cosas como están.

Cuando se le preguntó si se está buscando “alguna salida” para el rey emérito, Calvo respondió que el futuro de Juan Carlos I “compete fundamentalmente a la decisión que tome el jefe de la Casa Real, que es el actual rey Felipe VI”. En otras palabras, el Ejecutivo deja que sea Felipe VI quien decida si toma medidas para distanciar aún más a la institución de la suerte de su padre o deja de momento las cosas como están.

“Como Gobierno estamos en el trabajo constante de que funcionen las instituciones y la Monarquía parlamentaria en la figura del rey Felipe VI está haciendo su trabajo constitucional de manera absolutamente correcta”, declaró la vicepresidenta en Salamanca. Otra cosa, añadió, “son situaciones que vienen del pasado y afectan al exjefe del Estado”.

Fuentes gubernamentales admiten que la posibilidad de que el rey emérito abandone La Zarzuela como residencia oficial está sobre la mesa, aunque La Moncloa no parece tener ninguna intención de presionar al respecto. Sánchez agradeció públicamente el miércoles a la Casa Real que “marcara distancias” con esas informaciones “inquietantes y perturbadoras”, en alusión a la donación por parte de Juan Carlos I de 65 millones de dólares, supuestamente recibidos del rey de Arabia Saudí, a su examiga Corinna Larsen.

Expertos en la Casa Real advierten de que la salida de don Juan Carlos I de La Zarzuela generaría más problemas de los que resuelve: si se quedara en España, habría que protegerle con un fuerte despliegue de seguridad, no solo para garantizar su integridad física sino también su intimidad. Su marcha a otro país podría plantear problemas aún mayores, ante la posibilidad de que la justicia suiza decidiera actuar contra él o el riesgo de que se utilizara su figura para intentar dañar la imagen internacional de España.

Además, sería difícil justificar los gastos de su estancia en el extranjero, tanto si los sufragara el Estado español como si se mantuviera con fondos de origen opaco o invitado por terceras personas, en contra de las normas éticas que su hijo ha impuesto a la Familia Real. Al final, el complejo de La Zarzuela es el que mejor garantiza la intimidad y seguridad de Juan Carlos I, en un momento en que se le quiere mantener alejado de los focos.

La Casa Real guarda absoluto mutismo sobre esta polémica y aduce que toda su atención está centrada en la gira por las 17 autonomías que los Reyes iniciaron tras el fin del estado de alarma y que les llevará este viernes a La Rioja.

En un intento por blindar a la institución, Pero Sánchez ha resucitado su propuesta de reformar la Constitución y revisar la inviolabilidad del jefe del Estado, que impide investigar judicialmente cualquier actividad pública o privada del Monarca mientras ocupe el trono. “La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”, ha declarado el presidente en una entrevista conjunta con eldiario.es e Infolibre.es.

No es la primera vez que el presidente aboga por eliminar la inviolabilidad del Rey. Ya lo hizo en diciembre de 2018, con motivo del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución, e incluso dijo que Felipe VI estaría de acuerdo con la propuesta. Ahora, subraya que el aforamiento de los cargos públicos debe limitarse a aquellas actividades relacionadas con su responsabilidad pública, excluyendo las privadas; y que lo mismo debe aplicarse al Rey: ”Si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado”.

La cuestión es que el Rey no es responsable política ni judicialmente de sus acciones como jefe del Estado, ya que todas deben ser avaladas por el Gobierno, por lo que una inviolabilidad limitada al ejercicio de su cargo carecería de sentido. Además, una reforma constitucional de este tipo está sujeta al procedimiento agravado, que exige su aprobación por mayoría de dos tercios, disolución de las Cortes y referéndum.

En todo caso, esta reforma no sería retroactiva; ni se aplicaría a Juan Carlos I. El PP mostró poco entusiasmo con esa idea, que atribuyó al intento de aglutinar el voto de izquierdas de cara a las elecciones vascas y gallegas del próximo domingo.

El Gobierno tiene además la presión de uno de sus socios, Unidas Podemos. Fuentes de dicha fuerza política se mostraron tajantes el jueves por la noche. “Los escándalos que están apareciendo acorralan a Juan Carlos I, pero ponen en cuestión a Felipe VI y también abren un debate sobre la utilidad de la monarquía. Lo que se está destapando es que se ha estado utilizando la Jefatura del Estado para intereses y negocios privados que han servido para que sus miembros se hicieran millonarios aprovechando su posición”, señalaban desde uno de los partidos que forma parte del Gobierno.

EP