La Agencia Tributaria no avala aún la regularización fiscal de Juan Carlos I


La Fiscalía prepara el archivo de sus diligencias por los datos que le facilitó Hacienda. El Ejecutivo deja una puerta abierta a que la Agencia Tributaria determine si la regularización de Juan Carlos I es válida o no.

El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó este jueves que una cosa es el proceso judicial y la posición de la Fiscalía del Supremo en relación con la investigación abierta, que se inclina por pedir el archivo, y otro el procedimiento de comprobación en la Agencia Tributaria de que la regularización se ha hecho de manera adecuada. Y esa cuestión, decisiva para el futuro del rey emérito, aún no está clara, a juzgar por las palabras de la ministra de Hacienda.

“No voy a hablar de contribuyentes concretos, por mi propia responsabilidad”, comentó este jueves Montero en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le preguntaron si la Agencia Tributaria no había actuado tarde, dado que la Fiscalía tiene intenciones de pedir el archivo de la causa y por tanto se supone que da por buena la regularización. Y ahí llegó el apunte de Montero: “La única referencia que voy a hacer es a nivel general, sin referirme a ningún expediente concreto ni a ninguna persona concreta”, insistió Montero.

“Se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes. Una cuestión es el auxilio judicial [de la Agencia Tributaria a la Fiscalía] y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz. Nuestro auxilio judicial tiene un sentido, y nuestras averiguaciones para cualquier contribuyente respecto a qué es veraz también tienen otro ritmo. Y, por tanto, no necesariamente ambos ritmos coinciden”, aseguró la ministra.

El artículo 305 del Código Penal determina la posibilidad de eludir la acción de la justicia cuando alguien paga una deuda tributaria, superior al límite que la ley establece como delito fiscal, antes de que se la reclamen o de que se abran diligencias para investigarlo por ese supuesto impago. “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”, señala el Código Penal.

Según fuentes del Ejecutivo, la ministra Montero se refería a la posibilidad de que, pese a que la Fiscalía decida archivar las diligencias prejudiciales sin presentar querella contra el rey emérito, el proceso de la Agencia Tributaria siga adelante. Dicho organismo ha enviado a la Fiscalía la información que le ha solicitado sobre este asunto y ellos toman una decisión, porque entienden que no hay delito o están prescritos, o cubiertos por la inmunidad como jefe del Estado (que le cubre hasta 2014), pero eso no implica que la Agencia Tributaria también tenga que cerrar el caso y dar por buena la regularización. Es un proceso autónomo con sus ritmos y no parece inminente su final.

Fuentes del Tribunal Supremo conocedoras de la investigación que la Fiscalía ha llevado a cabo sobre el patrimonio del rey emérito aseguraron este jueves a EL PAÍS que los datos que manejó la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria son los que permiten sostener el fin de las tres diligencias de investigación abiertas por el ministerio público. Y que esos datos determinan que las dos regularizaciones presentadas por el rey emérito se consideran veraces y completas, además de voluntarias, lo que impide solicitar la imputación de Juan Carlos I por no haber declarado en su día las donaciones recibidas de sus amigos. El pago anticipado de una deuda no reclamada se convierte así en una excusa absolutoria admitida por los tribunales.

Estas mismas fuentes no acaban de entender a qué se refería la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando declaró que los plazos de la Agencia Tributaria y los de la Unidad de Auxilio Judicial con la Fiscalía del Supremo son distintos cuando están analizando el mismo caso. El decreto de archivo de las diligencias que la Fiscalía del Supremo está redactando explica las dificultades de presentar querella contra el rey emérito porque parte de los delitos investigados se cometieron supuestamente cuando Juan Carlos I no había abdicado y era inviolable; y otra parte de los supuestos delitos fiscales cometidos cuando ya no era rey, los evitó presentando sendas regularizaciones en diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, está siendo durísimo con la posibilidad del archivo. La ministra de Servicios Sociales, Ione Belarra, fue este jueves muy clara: “Nuestro país le dijo hace mucho tiempo en las plazas y también con nuestra entrada en el Parlamento que la ley de la omertá se había terminado. Y no podemos permitir que el rey emérito no rinda cuentas ante la justicia, pero también ante la ciudadanía en el Parlamento, por haber utilizado la jefatura del Estado para enriquecerse ilícitamente. Me atrevo a decir que si no rinde cuentas y se produce este manto de silencio sobre sus negocios opacos, lo que nos vamos a encontrar es una ciudadanía que va a tomar conciencia de que es imprescindible que la jefatura del Estado de nuestro país se elija democráticamente”.

Cinco millones en dos meses para intentar evitar el delito

La Fiscalía comenzó a investigar a finales de 2019 el supuesto uso por parte del rey emérito y de varios de sus parientes de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no era titular. El dinero, según descubrió la Fiscalía, pertenecía a su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que presuntamente lo puso a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. La cuota defraudada superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel. Cuando la Fiscalía del Supremo notificó al abogado de Juan Carlos I en noviembre de 2020 que había diligencias de investigación abiertas a su cliente con implicaciones penales, el emérito se apresuró a presentar, en diciembre, una regularización fiscal por 678.393 euros. Solo dos meses después, Juan Carlos I, presentó ante la misma ventanilla de la Agencia Tributaria una segunda regularización fiscal correspondiente a todos los vuelos privados que le pagó su primo Álvaro de Orleans, a través de la fundación Zagatkza, un episodio que no estaba siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El rey emérito pagó en esa ocasión 4.395.901 euros por los más de ocho millones de euros que costaron los vuelos privados financiados por la fundación Zagatka.

En dos regularizaciones, Juan Carlos I tuvo que desembolsar más de cinco millones de euros con el único objetivo de evitar una imputación judicial por delito fiscal.

El País