Los recortes del sistema público de pensiones impuestos por los Gobiernos de PSOE y del PP generaron, y sobre todo a partir del último periodo de gobierno de M. Rajoy, un proceso de movilización constante por parte de un movimiento de pensionistas heterogéneo pero coincidente en una tabla reivindicativa muy clara.

-Defensa del sistema público de pensiones frente a la permanente campaña que argumenta que su continuidad es inviable debido al aumento de la esperanza de vida, y al descenso de trabajadores cotizantes (y de la cuantía de sus cotizaciones) en relación a los perceptores de una pensión contributiva.
-Derogación de las reformas regresivas en esta materia y recuperación de derechos, lo que implica rechazar la prolongación de la edad legal de jubilación y recuperar al menos la de los 65 años sin perjuicio de jubilación anticipada, bien por acuerdos con empresa y Seguridad Social, bien por realizar actividades laborales que como norma no permiten su realización óptima a esa edad.
-Rechazo a las modificaciones legales que perjudican a los trabajadores al calcular la cuantía de la pensión para que ésta se aminore; y, por el contrario, establecer un cálculo que tome en cuenta los períodos de mayor cotización en la vida laboral, habida cuenta del importante número de trabajadores que pierden su empleo y no encuentran otro a partir de lo 50 años, e incluso antes.

-Revalorización de las pensiones con el IPC real cuando éste sea superior al previsto, con efectos retroactivos desde el primer día del año y abonándose los correspondientes atrasos.
-Subida de las pensiones más bajas (que sobre todo corresponden a mujeres) para equipararlas como mínimo al SMI.
-Recuperar el Fondo de Reserva de cotizaciones a la Seguridad Social (hoy “vaciado” intencionadamente) y que dicho recurso económico sólo se destine a sostener y mejorar el sistema público, sin que pueda destinarse a otros gastos y sin que sea objeto de gestión especulativa por parte de grupos financieros, bancarios, aseguradoras etc..
-Rechazo a todas las medidas legales que buscan beneficiar e incentivar los fondos privados de pensiones y el sistema llamado de capitalización, en detrimento del sistema contributivo y de reparto público.

Cuando comenzó el período de movilización de los pensionistas al que hacemos referencia, la participación de CCOO y UGT fue importante. La asistencia a las concentraciones y manifestaciones era masiva. El rechazo al Gobierno PP era un clamor, existiendo un sentimiento de rabia contra la decisión de revalorizar las pensiones sólo un 0,25%, aunque el movimiento tampoco olvidaba que el gobierno del PSOE presidido por Zapatero había “congelado” su subida como medida de “austeridad” en el anterior periodo de agudización de la crisis capitalista.
En cualquier caso esa lucha reivindicativa tuvo gran importancia para el triunfo electoral del PSOE encabezado por Pedro Sánchez y la conformación de su Gobierno con UP. En el contenido del acuerdo de compromisos para la constitución del gobierno de coalición firmado por ambas fuerzas en diciembre de 2019, la derogación de las anteriores reformas del sistema público de pensiones (al igual que la derogación de las Reformas laborales) tuvo un papel relevante.

Pero pronto se vio que no había intención de cumplir prácticamente nada de esos compromisos. El ministro nombrado para encargarse de la Seguridad Social -desgajada por primera vez del Ministerio de Trabajo- es un conocido tecnócrata liberal que tuvo destacados puestos en el Banco de España, Banco Central Europeo, Banco Internacional de Pagos, BBVA…y además fue director del Airef nombrado al efecto por Rajoy. En resumen, un hombre al servicio de la “troika” y de la gran patronal al que se colocó en primera línea de la acción política de gobierno.
Este nombramiento supuso ya una primera y grave diferencia entre el movimiento pensionista y el nuevo Gobierno, pero la mayoría de las personas dirigentes y de los colectivos optaron en principio por dar como mínimo un “margen de confianza” al Gobierno pero “centrando los tiros” en exigir que no fuera Escrivá el responsable de tomar las decisiones; y desde Junio de este año pidiendo unánimemente su dimisión. Este señalamiento de Escrivá (y también de la vicepresidenta Calviño) responde sobre todo a la posición de los sectores ligados a UP-IU, que pretenden evitar la crítica y el rechazo a todo el Gobierno, apoyándose en sectores atrasados, con el argumento de que a pesar de todo han habido algunos avances legales en derechos laborales y sociales, y que se debe tener mucho cuidado en no debilitar al Gobierno “progresista” ante el ascenso de PP y Vox.

Los avances que esos sectores quieren ver son mínimos: aumentos en las pensiones no contributivas, aprobación del Ingreso Mínimo Vital – raquítico en su cuantía y que además ha beneficiado sólo a una parte de la población que teóricamente iba a percibirla-, y la revalorización de las pensiones con el IPC (pero esto ultimo lejos de lo reivindicado y prometido, ya que no va a haber retroactividad y la subida será sobre un IPC medio muy alejado del real, que, como sabemos está disparado).
Además el Gobierno está dispuesto, aplicando las directrices de la UE, a imponer el llamado factor de sostenibilidad, lo que en la práctica significa seguir retrasando la edad legal de jubilación, impedir y penalizar las jubilaciones antes de esa edad, y reducir la cuantía de las pensiones entre otras medidas por la extensión a 35 años de los períodos de cotización que se incluyen en la Fórmula para calcular la Base Reguladora.

En paralelo, y para compensar la caída del volumen de los fondos privados de pensiones que interesan a la oligarquía financiera, por medio de la ley aprobada el 9 de Junio pasado, se potencian y benefician los planes de pensiones formalizados por medio de empresas, con aportaciones de las mismas y de los trabajadores (que se detraen de las subidas salariales). Unos planes cuyo fondos, aunque formalmente sean de titularidad pública, serán gestionados privadamente para mayor beneficio del mercado financiero, que ve así cómo puede captar una gran cantidad de dinero procedente de las rentas del trabajo. Los beneficios fiscales para empresas y bancos son grandes, y los riesgos y las pérdidas que de seguro se van a dar, caerán del lado de los trabajadores (conviene no olvidar la crisis del fondo de pensiones de le empresa Enron de EEUU).

Toda esta situación ha provocado un aumento del rechazo al Gobierno por parte del movimiento pensionista que está desbordando a los sectores más pactistas con aquel, y que, de nuevo, convoca a otros que habían abandonado la movilización por frustración y “desencanto”. La consigna: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, de nuevo adquiere fuerza.

Para el día 15 Octubre está convocada una manifestación estatal en Madrid, y en torno a su organización se está produciendo un avance de las posiciones de los que no aceptan más “posibilismos” y quieren el cumplimiento inmediato de los compromisos del Gobierno con el pueblo, y rechazan la actitud de los que pretende mantener vivo el movimiento (en muchos casos por sus propios intereses personales) pero procurando que no se ataque al Gobierno, o que al menos se justifique la actuación oportunista de UP-IU en el mismo y en el Parlamento.

A lo largo de estos meses, se ha desarrollado una corriente heterogénea llamada Trabajadores Pensionistas, en la que participan militantes y simpatizantes del Partido, que gana importancia ya que está coordinado el debate y la actuación de un número cada vez mayor de personas de todo el Estado para tener una intervención con un sentido claramente de clase, contra el sistema, contra sus políticas antiobreras, y contra quienes gestionan y aplican esas políticas, por muy de izquierda que se titulen.
Sus dos recientes declaraciones en torno al 15 Octubre han sido publicadas por el PCE(m-l) en la web. Y destaca la reivindicación de una huelga general. Aunque es evidente que tal medida de fuerza sólo puede convocarse con éxito si se dan toda una serie de condiciones. Se trata de contribuir a avivar y hacer avanzar la lucha en la calle, sacarla de la importante pero estrecha reivindicación de “las pensiones” para que el conjunto de nuestra clase se movilice por sus reivindicaciones, por el empleo con derechos y con mayores salarios.

Cada vez más personas y colectivos se “escoran” a la izquierda y rechazan confiar y/o apoyar a este Gobierno, precisamente porque lo consideran incoherente con una actuación de izquierda. En la coordinadora de Cataluña del movimiento pensionista se ha votado mayoritariamente estos días una resolución por la que se denunciaban como oportunistas los llamamientos a acudir a la manifestación del 15 Octubre hechos por cargos y cuadros de Podemos e IU que afirmaban su compromiso con la defensa del sistema público de pensiones, pero que no denunciaban las medidas privatizadoras del mismo aprobadas por el Gobierno en que participan.

A las direcciones de CCOO y UGT, que pactaron con el Gobierno la desmovilización tanto en lo relativo a las reformas laborales como de las pensiones, ahora se les plantea un serio problema con las exigencias de la Patronal en el Pacto de Rentas y con el aumento del coste de la vida mientras que la negociación colectiva está en general estancada. Por ese motivo, casi a su pesar, tienen que recurrir a la presión en la calle y en los centros de trabajo, convocando para el día 3 de Noviembre una concentración en Madrid pero de ámbito estatal. En este previsible ciclo movilizador tenemos que lograr que Trabajadores Pensionistas, y todos las personas que participan en un movimiento constante de acción y denuncia (las concentraciones en Bilbao todos lunes desde hace 4 años son un ejemplo), vayan conociendo cada vez más y mejor nuestras posiciones y la alternativa política que el Partido propone. Y ello naturalmente sin perjuicio del necesario trabajo en el seno de las grandes centrales sindicales de clase. El 15 de Octubre Madrid tenemos una cita para dar un paso adelante esta tarea.

Fuente: Octubre