Los hospitales de Aguirre ya han costado 1.178 millones y aún quedan 20 años de pagos a las concesionarias


Parte de la oposición a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha puesto el ojo en los cánones millonarios ideados por Esperanza Aguirre para siete grandes hospitales de la región. PSOE y Podemos cifran en “hasta un 658%” los sobrecostes que Sanidad paga a las empresas privadas por explotar los servicios sanitarios de estos siete centros.

En la tarde de ayer, el consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos estaba llamado a la Comisión de la Deuda para explicar precisamente este sistema de concertación público-privada, por el que siete grandes hospitales fueron construidos por empresas privadas entre 2007 y 2008. El coste de la construcción fueron 663 millones de euros (aunque la Cámara de Cuentas sitúa la cifra en 745 millones). A cambio de adelantar ese dinero, las empresas recibirían un canon anual durante 30 años, y en estos seis primeros años la Comunidad de Madrid ya ha pagado por ellos 1.178 millones de euros, importe que no incluye los impuestos ni los ajustes, de 556 millones.

Además, las concesionarias explotan los servicios no sanitarios de los siete centros. Según el cálculo ofrecido ayer por el consejero, por cada euro invertido por las inversoras, los madrileños pagarán 1,72 euros. Esa cifra resulta de dividir lo que se abonará por las inversiones durante 30 años, unos 1.669 millones, entre todos los importes de la construcción (663,53 millones), la reposición (267,46 millones) y los modificados añadidos (38,18 millones); es decir en torno a 969,27 millones, según el consejero.

La conclusión PSOE y Podemos es que la construcción de estos centros ya ha sido amortizada por las arcas públicas, y aún quedan 20 años de concesión en las que habrá que seguir abonando el canon anual. Además, acusan a la administración madrileña y las empresas de no ser transparentes y no aportar datos reales sobre la gestión de estos siete hospitales. Ambos grupos han anunciado que llevarán los sobrecostes a los tribunales.

Podemos acusa a Sanidad de “esconder el pago de la construcción de los hospitales detrás del abono por servicios no sanitarios” que las adjudicatarias prestarán durante 30 años, y que se abonan “fuera de los precios de mercado”, en una “opacidad tan grande” que los interventores “no saben dónde está el inmovilizado que se está pagando”, criticó José Manuel López en la Comisión de la deuda, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Frente a esas críticas, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha recalcado que el gobierno “no tienen ningún interés en esconder nada” respecto a los cánones anuales incluidos en el Plan de infraestructuras sanitarias de 2004-2007 para construir los siete hospitales por el sistema de concesión de obra pública (PFI), que se pagan a las empresas de forma conjunta por la amortización de la construcción y la prestación de 12 servicios.

El equipo de Cifuentes se escuda en que, al término de los 30 años de concesión, las empresas habrán de entregar a la administración pública los hospitales en perfecto estado, y que el mantenimiento de los edificios supone un 40% más respecto a la inversión inicial.

Lo cierto es que la mayoría de las concesionarias aparecen en las investigaciones sobre la trama Púnica, ya que se investiga si los gastos publicitarios para promocionar estos centros fueron a su vez una vía de financiación irregular del PP de Madrid.

El plan de infraestructuras basado en este modelo semiprivado salió del equipo del consejero de Sanidad Manuel Lamela, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. También Lamela fue llamado a la Comisión de la Deuda hace unos meses, y aseguró que el sistema rebaja los costes de mantenimiento y de explotación de los hospitales, por lo que resulta en “una mejor calidad” en la asistencia.

Coste real de servicios no sanitarios inflados un 658%

Para el PSOE, “en ningún otro país” que haya hecho contratos PFI “el valor de los activos queda diluido en el pago de servicios” no sanitarios, según su portavoz José Manuel Freire. El socialista asegura que el coste real de los servicios “están incrementados hasta un 658%; en un 322% la limpieza, un 346% la lavandería, que estamos pagando en canon respecto al gasto que supone para las concesionarias”.

Según Freire, es “escandaloso”, y “ningún gobierno democrático debería consentirlo”. Cree que los contratos, por un volumen total de 3.482 millones en 30 años, “deben ser revisados”, y el PSOE también está dispuesto a ir la justicia para que se revisen por ser “lesivos para los intereses de la ciudadanía”.

“Optar por este modelo concesionario no fue una decisión de este gobierno”, sino de los exconsejeros Lamela y Güemes, aunque “todas las auditorías fueron favorables”, dijo el consejero, quien recordó que “este Gobierno ha modificado la formula jurídica” para incorporar los hospitales al Sermas en 2016.

Para Ciudadanos, mezclar el pago de la construcción y de los servicios, “distorsionando los precios” de estos, es “deliberadamente opaco”, según Vitoria Alonso, que criticó la “externalización del control mediante un nuevo contrato con Gil Internacional hace un año”, y pide “reinternalizarlo” porque es “una paradoja reinternalizar hospitales y externalizar su control”.

Podemos cifra en 30,3% la rentabilidad en 2014 del Puerta de Hierro para la concesionaria. “Esto no es un mal negocio, con beneficios de entre 20 y 40% todos los años”, según López que cifra “el sobrebeneficio en 60 millones” en cinco años, ya que las adjudicatarias “subcontratan a empresas de sus propios grupos” en un sistema de “matrioshkas”.

Además el “95% de estas empresas está en sumarios” de corrupción por financiación irregular del PP.Hay una “sobrerretribución” a las concesionarias que se está “ocultando y no se está controlando” deliberadamente, según López. Si la construcción “costó 663 millones y ya están pagados 556 en diez años, estamos prácticamente a punto de pagarlos”.

Podemos irá a los tribunales a “rescatar los contratos” en base a la cláusula 24.2, para “ver si están amortizados y contratar servicios a precio de mercado. Estamos seguros de que están amortizados”.

Ante la comisión que investiga la deuda también compareció el gerente del Hospital del Henares, Juan García-Capelo, que cifró el canon en 16,4 millones el año pasado.

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