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No son suicidios, son asesinatos, por Carlos Hermida


El domingo 19 de agosto dos trabajadores italianos en paro se suicidaron prendiéndose fuego. En Italia, y en los países  de la Unión Europea más castigados por la crisis y donde los recortes sociales son más brutales, la tasa de suicidios se ha incrementado notablemente. Personas en paro, ciudadanos desahuciados de sus viviendas,  jubilados que ya no pueden subsistir con la pensión, se quitan la vida diariamente en unos países que pretenden ser modelos de democracia y bienestar. A veces lo hacen en público, quemándose o pegándose un tiro, como un último acto de protesta contra un sistema económico que les cierra todas las puertas.  Pero no son suicidios, son asesinatos. En esa decisión terrible de poner fin a la propia vida hay una mano ajena, una mano asesina  No aprieta un gatillo ni detona una bomba. Redacta leyes y decretos o, simplemente, los firma.

Son las leyes que te expulsan de tu casa, que te dejan sin la prestación de desemp

leo, que te privan de asistencia sanitaria porque eres inmigrante, que te obligan a abandonar los estudios universitarios porque ya no puedes pagar la matrícula, que te condenan a una muerte lenta al no poder abonar los medicamentos, que te dejan sin trabajo al aplicarte un Expediente de Regulación de Empleo.  Las leyes que aniquilan el presente y el futuro de millones de hombres y mujeres, condenados a la miseria, a la pobreza, al desastre. Esas normas legales son las que empujan al suicidio, las que lo provocan. Si Borges viviera y volviera a reescribir su magistral “Historia universal de la infamia”, incluiría sin dudarlo las políticas de ajuste que aplican actualmente los gobiernos de Grecia, Italia, Portugal y España. Y con toda  seguridad el puesto de honor de la vileza se lo llevaría el gobierno de Rajoy, quien con la naturalidad del mentiroso profesional ha incumplido todas y cada una de sus promesas electorales.

Cuando dentro de unas décadas los historiadores investiguen sobre el terrorismo en Europa en los comienzos del siglo XXI, no tendrán que escudriñar voluminosos sumarios judiciales ni atestados policiales. Bastará con que consulten la composición de los gobiernos y de los consejos de administración de los grandes bancos, y que lean  las colecciones legislativas de la época estudiada. Allí encontrarán los nombres de los  ministros, jefes de gobierno y jefes de Estado que redactaron, firmaron y aplicaron leyes que constituyen crímenes contra la Humanidad

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en su vigésima primera edición de 1992,  define terrorismo  como “dominación por el terror” y “sucesión de actos de violencia para infundir terror”; y en cuanto a terrorista,  ensu cuarto significado la definición es la siguiente: “dícese del gobierno, partido, etc., que practica el terrorismo”.    Por tanto, los terroristas no son únicamente los integrantes de una banda armada, sino que también pueden serlo los miembros de un gobierno si su objetivo es sembrar el terror.  ¿Y acaso no se infunde el  terror al  privar a la mayor parte de la población de aquellos medios que aseguran la vida y la dignidad?¿La destrucción de la sanidad y la educación públicas para convertirlas en un negocio privado no son actos de violencia? Acusar a manifestantes pacíficos de resistencia a la autoridad, después de ser brutalmente golpeados por la policía, ¿no es dominar por el terror

El discurso que pretende justificar todas estas iniquidades sobre la base de que los gobiernos actúan dentro de la legalidad, esconde una inmensa trampa. Los gobiernos crean sus propias leyes, pero el hecho fundamental es el carácter de esa legalidad, su contenido y su legitimidad. Los nazis crearon una legalidad específica para exterminar a los judíos y no creo que eso les justifique. Las leyes que pretenden aniquilar la existencia de los pueblos o someterlos a unas condiciones de vida miserables; privarles de los derechos sociales y laborales básicos, impidiendo su acceso a servicios tan indispensables como la educación y la sanidad, esas leyes son  ilegítimas y deben ser denunciadas e incumplidas. Cuando la ley es la expresión escrita de un gobierno terrorista, entonces los ciudadanos tiene el derecho y el deber de ejercer la resistencia.

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